"NO HAY CAUSA PORQUE LAS PRUEBAS SON ILEGALES"

Los Pujol presentan la querella en Andorra para torpedear a Ruz y cazar al ‘chivato’

Los Pujol han presentado su batería legal en Andorra tras haber confesado el expresidente Jordi Pujol que tenía cerca de 5 millones de fondos no declarados

Foto: El expresidente de la Generalitat Jordi Pujol, en su residencia veraniega en Queralbs. (EFE)
El expresidente de la Generalitat Jordi Pujol, en su residencia veraniega en Queralbs. (EFE)

Los Pujol han presentado hoy su batería legal en Andorra tras haber confesado el expresidente Jordi Pujol que tenía cerca de 5 millones de fondos no declarados en ese país. En concreto, interponen una querella contra la persona que filtró los datos de los fondos recibidos por la familia Pujol y un recurso contra la Comisión Rogatoria a Andorra que realizó el juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, con la intención de que quede bloqueada por esta interposición.

Las fuentes jurídicas consultadas aseguran que la intención de esta batería legal es que ni el Gobierno andorrano ni los bancos Andbank y Banca Privada de Andorra (BPA) puedan entregar la información que ha solicitado el juez Ruz sobre los movimientos, inversiones y productos financieros de todo tipo que tengan en Andorra el hijo mayor de Jordi Pujol, Jordi Pujol Ferrusola, y su exmujer, Mercè Gironés.

Según publica el Diari d'Andorra, la información solicitada va más allá de depósitos y productos financieros e incluye, además, hipotecas, compras con cheques e incluso tarjetas de crédito.

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz. (Reuters)
El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz. (Reuters)

La defensa de la familia Pujol gira en torno a tres ejes: que la información sobre los 3,4 millones que llegó a manos de hijos de Pujol en un traspaso de Andbank a BPA es información robada y, por tanto, ilícita y no puede ser la base de ningún proceso judicial; que Jordi Pujol Ferrusola no ha sido imputado por ningún delito en concreto en la Audiencia Nacional, y que la motivación final de todo el proceso es política para dañar el proceso independentista que vive Cataluña.

Una de las bases legales que se argumentará es que el Acuerdo de Intercambio de Información en Materia Fiscal en vigor entre España y Andorra prevé que, en caso de datos obtenidos de manera ilegítima, no se produzca intercambio de información entre los dos países.

Defensa unificada

Jordi Pujol Ferrusola. (EFE)
Jordi Pujol Ferrusola. (EFE)

Los miembros de la familia Pujol han unificado la defensa en manos del penalista catalán Cristóbal Martell. Consideran que, aparte de los 3,4 millones de euros, sólo aflorará otro millón de euros más, del que es titular Jordi Pujol Ferrusola, con lo que la cifra final se colocaría en los casi 5 millones que los bancos ya comunicaron al Cap de Govern andorrano, Toni Martí, en la cumbre que mantuvieron con él. Sólo Oriol Pujol mantiene una defensa separada, en manos del abogado Xavier Melero, que defiende también a CDC en el caso Palau, ya que este hijo fue hasta hace dos meses secretario general del partido. Es decir, la selección de abogados busca la estrategia de separar judicialmente a los Pujol del partido político que fundó el patriarca de la familia.

Pero el juez español Pablo Ruz quiere más. Incluso ha incluido una lista de sociedades mercantiles en las que han tenido cargos tanto el primogénito de los Pujol como su exmujer, sobre las que quiere conocer cualquier actividad que hayan tenido en el Principado.

El equipo legal de la familia Pujol considera que, aunque pierdan, tendrán acceso a toda la información que facilite el Gobierno andorrano y los bancos al personarse en la causa, con lo que algo habrán ganado cuando el caso se abra finalmente en España, según han explicado fuentes jurídicas cercanas al caso.

Identificar al ‘chivato’

La querella intentará identificar al ‘chivato’ que filtró el pago a los hijos de Pujol. En caso de que eso no sea posible, considerará responsables civiles subsidiarios a los dos bancos donde los Pujol tenían los fondos: Andbank y BPA.

En el Gobierno español algunos sectores empiezan a arrepentirse de que el CNI haya comprado este material. Más cuando podía haber conseguido los mismos  datos por vía administrativa ordinaria, tal y como prevé el Acuerdo de Intercambio de Información Fiscal, pero, eso sí, esperando seis meses, con lo que los datos habrían llegado a España después del 9 de noviembre, para cuando se espera que Artur Mas convoque su consulta independentista. De esta manera, en el caso Pujol confluyen intereses financieros, políticos y fiscales.

Jordi Pujol dejó de ser presidente de la Generalitat en 2003. Todo lo que exceda de diez años ya no puede ser considerado delito fiscal. Estamos en 2014. Sólo si la Fiscalía enfocase el caso considerando que se trata de un “delito continuado” no se aplicaría la prescripción que prevé la ley para este tipo de casos. Hoy por hoy no hay ningún miembro de la familia Pujol imputado por delito alguno.

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