Andorra intenta condicionar el uso que Ruz haga de la comisión rogatoria sobre Pujol

La justicia andorrana intenta condicionar el uso que haga la Audiencia Nacional y el juez Pablo Ruz de la información que entregue la comisión rogatoria sobre los datos bancarios de Jordi Pujol Ferrusola, hijo mayor del expresidente catalán, Jordi Pujol, que se ha admitido a trámite. Sin embargo, según han señalado fuentes jurídicas, la justicia del Principado puede condicionar la entrega pero no cómo se utilice posteriormente los datos, algo que regula la legislación española.

Textualmente, el auto de la juez andorrana señala que “no pueden las informaciones obtenidas servir de prueba para la persecución de delitos contra la hacienda pública o del blanqueo de dinero proveniente del fraude fiscal”. A pesar de ello, fuentes jurídicas consultadas apuntan que en este sentido el auto de admisión a trámite de la justicia andorrana se extralimita en sus funciones, ya que el uso posterior que haga la Audiencia Nacional de la información depende única y exclusivamente de lo que regule la justicia española, y no de lo que imponga Andorra.

En cambio, una de las limitaciones que también impone la justicia andorrana a la comisión rogatoria es que Ruz demuestre que el blanqueo de capitales, es decir, el origen de los cerca de 5 millones que Jordi Pujol ha confesado que su familia tenía sin regularizar en el Principado, “proviene de conductas delictivas” tales como la corrupción y el tráfico de influencias.

No basta con probar que hubo delito fiscal

Dicho de otro modo, la juez condiciona la entrega de la información solicitada por el juez Ruz a que éste demuestre que los Pujol obtuvieron los fondos de actividades ilícitas y no basta con probar un delito fiscal, que no se considera como delito bajo la ley andorrana. Éste precisamente es el punto débil de todos los informes que la policía judicial, los conocidos como los informes de la UDEF, que no han podido demostrar el vínculo entre las comisiones cobradas con las licitaciones públicas y el dinero depositado en Andorra.

Esta potestad sí que corresponde a la justicia andorrana, que no reconoce como tal el delito fiscal, precisamente el punto fuerte de la comisión rogatoria, y que por tanto podría no entregar los datos solicitados sobre Jordi Pujol Ferrusola, alegando que no se ha probado el origen ilícito de los fondos. En otras palabras, legalmente la justicia andorrana puede condicionar la entrega inicial, bajo jurisdicción andorrana, pero no el uso posterior, bajo tutela legal española.

La explicación de la herencia

Mientras, la familia Pujol, personada en el caso, intentará demostrar que los fondos provienen de la herencia del abuelo Pujol, Florenci Pujol, y que se dejó a Marta Ferrusola y a sus hijos, no al expresidente catalán, quien sin embargo se han inculpado en su confesión porque buena parte de sus hijos eran menores de edad cuando se recibió la herencia en cuestión.

A día de hoy, la querella andorrana de los Pujol todavía no ha sido admitida a trámite, pero sí han podido personarse en la comisión rogatoria, con lo que dispondrán de la misma información con la que cuente Ruz en caso de que se acepte a facilitarles los datos.

Precedente legal contrario

La pretensión de la defensa de los Pujol de que cualquier información robaba no puede ser utilizada como prueba por su origen ilegítimo cuenta con un precedente legal contrario que afecta al caso Falciani, del juzgado penal número 20 de Barcelona a la que ha accedido El Confidencial.

En esencia, que hay jurisprudencia contraria a los Pujol en el sentido de validar las pruebas, que precisamente ellos, quieren que se consideren nulas en el proceso que se abra en España contra Jordi Pujol Ferrusola.