Podemos y Guanyem llevan la operación de Josep Pujol e Indra a la Audiencia Nacional

El futuro judicial del clan Pujol se complica por momentos, y está comenzando a contaminar a las empresas con las que han hecho negocios durante las últimas tres décadas. Podemos y Guanyem, los partidos liderados por Pablo Iglesias y Ada Colau, respectivamente, han presentado una denuncia ante la Audiencia Nacional para que se investigue la compra en 2001 de la consultora Europraxis, propiedad de Josep Pujol Ferrusola, uno de los siete hijos del expresidente de la Generalitat, por parte de la multinacional tecnológica española Indra. Como adelantó este diario este miércoles, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía ya ha comenzado a analizar esa adquisición, que ascendió a 44,4 millones de euros, ante la sospecha de que pudo servir para blanquear capitales y comprar voluntades políticas.

Podemos y Guanyem recuerdan en su denuncia que Indra comenzó a recibir contratos millonarios de la Generalitat sólo unas semanas después de que comprara Europraxis al hijo del dirigente político que presidía en aquellos momentos el Gobierno de la comunidad. Por este motivo, reclaman a la Audiencia Nacional que revise los “procesos de contratación de la administración de la Generalitat y de otras administraciones públicas de Cataluña con las sociedades Europraxis Consulting Holding S.L., Europraxis Consulting S.A., Comopraxis S.A. e Indra, todas ellas vinculadas con Jordi Pujol Ferrusola", para comprobar que se ajustan a la “Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 13/1995 y la Ley de Contratos del Sector Público 30/2007".

Vídeo: Guanyem y Podemos se querellan contra Pujol

Ambas formaciones respaldan su acusación citando el informe que ya elaboró en 2003 la Sindicatura de Cuentas de Cataluña sobre esa operación a petición del Parlamento autonómico. El órgano de fiscalización, aseguran Podemos y Guanyem, ya “detectó irregularidades en la contratación administrativa con las empresas Europraxis e Indra”.

La Audiencia Nacional tendrá que decidir ahora si admite a trámite esta denuncia que, además de dirigirse contra Josep Pujol Ferrusola e Indra, apunta también contra operaciones sospechosas protagonizadas por otros miembros del clan Pujol y otras empresas. El escrito puede acabar provocando la apertura de nuevas líneas de investigación que se sumarían al procedimiento que ya supervisa desde comienzos de 2013 el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional sobre las presuntas comisiones ilegales cobradas durante la última década por el mayor de los hijos de Jordi Pujol, Jordi Pujol Ferrusola.

Incluso aunque la denuncia terminara siendo archivada, esa operación de Indra podría llegar igualmente a los tribunales. Como informó este miércoles El Confidencial, la UDEF ya ha comenzado a investigar esa compra ante la sospecha de que pudo servir para comprar futuras adjudicaciones de Administraciones controladas por CiU. De hecho, la adquisición de Europraxis se cerró en abril de 2001, cuando Jordi Pujol aún era presidente de la Generalitat.

Los expertos en delitos económicos de la Policía cuestionan que Europraxis costara realmente en aquel momento los 44,4 millones de euros que Josep Pujol y sus cinco socios se embolsaron por su venta. Los investigadores subrayan que la consultora apenas disponía de activos y de trabajadores en plantilla, y apuntan que esa compraventa pudo servir para blanquear fondos procedentes del pago de comisiones ilegales y para garantizar el acceso de Indra a contratos de la Administración autonómica gracias al poder que ejercía el clan Pujol en casi la totalidad de las instituciones catalanas.