El juez ordena embargar tres cuentas de Suiza que podrían ser de Millet

El juez Josep Maria Pijuan, que realiza la instrucción del desfalco del Palau de la Música, ha dirigido a Suiza una comisión rogatoria para que el país helvético bloquee tres cuentas en las que pudieran tener firma los dos principales imputados en el escándalo, Fèlix Millet y su mano derecha, Jordi Montull. La decisión del juez se debe a la publicación en el diario ABC de que los dos ex altos cargos del Palau podrían tener mucho dinero escondido en tres oficinas de la Société Générale Private Banking ubicadas en Lausana, Zúrich y Ginebra.

La interlocutoria del juez pide que se bloquee y embargue el dinero de las cuentas 113724 en Lausana, “de la que podría ser titular, autorizado o apoderado Fèlix Millet”; la cuenta 113015, en Zúrich, que podría estar controlada por el expresidentedel Palau; y la cuenta 118855 de Ginebra, “de la que podrían ser titulares, autorizados o apoderados Fèlix Millet y Jordi Montull””.

El escrito de Pijuan recuerda que en abril de2011 se fijó una fianza de 24 millones de euros para responder civilmente por parte de los dos socios de tropelías y, al no poder incautarles suficiente dinero en efectivo, en marzo de2012 se dispuso el embargo de bienes de ambos. Pero ni aun así fue suficiente, ya que hasta la fecha no están “plenamente garantizadas las responsabilidades pecuniarias de los referidos imputados”. El pasado día 8 de octubre, el juez dictó otro auto por el que bloqueaba las cuentas de ambos en dos sucursales de Bankia.

A finales del pasado mes de septiembre, la Audiencia de Barcelona desestimó un recurso de la defensa de Millet, que pedía la devolución de determinados documentos incautados en su casa. Los documentos en cuestión tenían el encabezamiento “Hoja honorarios Millet/Montull 24-7-09 a 26-6-10”. Pero lo interesante no era eso, sino unas anotaciones manuscritas en el reverso. El propio juez había dicho a la defensa que los documentos no fueron intervenidos por la información que pudieran tener de los honorarios pagados, “sino que fue intervenido por las anotaciones manuscritas que aparecen en el dorso, por lo que a fin de preservar la confidencialidad de dicho documento procede acordar que se expida testimonio del lado manuscrito del documento, manteniendo el original en plica cerrada con el resto de la documentación intervenida”.

Reuniones con CDC

¿Y qué era eso tan importante que Millet quería recuperar? Nada más y nada menos que anotaciones manuscritas “referidas a una reunión con Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)”. Y esas anotaciones sí tienen interés para la investigación, “dado que dicha formación política aparece implicada como responsable civil a título lucrativo”. Esos contactos, evidentemente, se produjeron después de que estallase el escándalo, por lo que existen sospechas de maniobras para que el tema no salpique a Convergència. Según algunas fuentes consultadas por El Confidencial, las citadas reuniones se produjeron tanto en Menorca, donde Millet veraneaba y solía verse con dirigentes de CDC, como Artur Mas o Xavier Trias, como en Barcelona.

La cúpula del Palau de la Música, por su parte, también ha intentado dejar de lado a CDC en sus acusaciones. Aunque la Fiscalía asegura que la formación de Artur Mas se llevó al menos 5,1 millones de euros(el dinero era pagado por Ferrovial al Palau y éste lo hacía llegar a Convergència a través de la fundación de ésta, la Fundación CatDem), en el Palau no se dan por aludidos. La propia presidenta de la institución musical, Mariona Carulla, justificó su posición por criterios jurídicos, a pesar de que el juez mantiene imputados al extesorero de CDC, Daniel Osàcar, y al exdiputado Jaume Camps.

Pero entre los socios existe un profundo descontento. Es más, se apunta directamente a un exconsejero de Presidencia con Jordi Pujol, Joaquim Triadú, de estar detrás de las maniobras para no exigir nada a CDC, su partido. Triadú es socio de PwC, la empresa que se ha hecho cargo de la acusación particular del Palau.

Con anterioridad, el gabinete que defendía los intereses del Palau había sido el bufete Garrigues, donde entonces se hallaba encuadrado Triadú. Al recuperar CiU el poder en la Generalitat, surgieron desavenencias entre el este despacho y el exconsejero de Pujol y éste se fue a la competencia llevándose, entre otras, la cuenta del Palau. Quien tiene que exigir responsabilidades a CDC, pues, es un ex alto cargo del partido y exconsejero de la Generalitat, hecho que hace levantar aún más las sospechas de que puede existir algún tipo de connivencia o pacto entre los responsables del Palau y Convergència para enterrar el asunto.