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Un millar de padres reclaman ahora enseñanza en castellano para sus hijos en Cataluña
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TRAS LA SENTENCIA DEL TSJC

Un millar de padres reclaman ahora enseñanza en castellano para sus hijos en Cataluña

Grupos de padres se han interesado en los últimos días por la escolarización bilingüe de sus hijos en castellano y catalán después de que la semana

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Un millar de padres reclaman ahora enseñanza en castellano para sus hijos en Cataluña

Grupos de padres se han interesado en los últimos días por la escolarización bilingüe de sus hijos en castellano y catalán después de que la semana pasada el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) emitiese un auto en el que obligaba a la Generalitat a aplicar medidas cautelares para garantizar la enseñanza también en castellano. El sistema de inmersión aplicado en las escuelas catalanas sólo prevé la inmersión lingüística en catalán, por lo que la sentencia del TSJC obliga a cambiar todo ese sistema.

“Desde que ha trascendido la noticia de que el Tribunal Superior había dictado medidas cautelares, hemos tenido muchas llamadas y consultas de padres y de grupos de padres para saber cómo exigir que sus hijos sean escolarizados también en castellano”, explica a El Confidencial Francisco Caja, presidente de Convivencia Cívica Catalana (CCC), la entidad que ha defendido tradicionalmente el bilingüismo en la escuela.

Entre ellas, dos grupos de padres de una escuela de Barcelona y otra de la localidad gerundense de Roses. “Lo que quieren es el bilingüismo para sus hijos. Y ante ello, tenemos un protocolo de actuación, que se inicia con una petición a la consejera de Educación, Irene Rigau”, dice Caja. Y critica que “es terrible que en un Estado de derecho no se apliquen las sentencias. Esta situación afecta a la médula espinal del sistema democrático”.

CCC admitió ayer que sólo 19 familias han optado por la vía judicial para obligar al Gobierno catalán a enseñar en las dos lenguas oficiales de la comunidad, aunque hay 1.031 padres que han hecho esa misma solicitud, pero a las autoridades educativas. En una comparecencia pública, el presidente de CCC clamó: “¿Dónde está el fiscal jefe de Cataluña, dónde está el fiscal general del Estado, dónde está el Gobierno, dónde está el ministro de Educación?”, para reclamar que se haga cumplir la sentencia del TSJC.

Caja señaló también a este diario que “hay que tener en cuenta que el auto del tribunal contiene medidas cautelares de inmediata ejecución. Pero como están en contra de la enseñanza bilingüe, desde la Generalitat siempre han negado ese derecho. En este caso, no hay que esperar a otra sentencia, porque los procesos suelen durar muchos años. Los padres que iniciaron sus reclamaciones en el 2006 han visto reconocidos ahora sus derechos, pero sus hijos siguen sin tener una educación bilingüe a pesar de las diversas sentencias tanto del Tribunal Superior como del Supremo”.

Denuncia a la Fiscalía

Con la nueva sentencia en la mano, ya van una decena que da la razón a los padres ante la Administración catalana. Y si no se hace caso, Caja anunció que su entidad pondrá el caso en manos de la Fiscalía. “Ejerceremos el celo del Ministerio Fiscal para que emprenda acciones porque sí tiene legitimación y la obligación constitucional de defender el principio de legalidad e impedir que siga vigente la inmersión lingüística”, subrayó. El abogado de la entidad, Ángel Escolano, detalló que la denuncia contra Rigau sería por prevaricación y desobediencia civil si no cumple la sentencia. Además, si en dos meses no se escolariza en castellano y catalán, podría haber una ejecución forzosa y hacerse cargo del colegio una gestora judicial para hacer cumplir la resolución.

Para el presidente de CCC, “el problema no es sólo el bilingüismo, sino la bialfabetización. La última prueba unificada en toda España sobre la lengua castellana daba unos resultados espectaculares en Cataluña, ya que mostraba unos déficits importantísimos de los alumnos de esta comunidad en materia de castellano. Claro que no es lo mismo dar una hora a la semana de castellano que tener 25 horas de uso instrumental, además de la respectiva asignatura, como en otras comunidades”. 

De ahí que una de las medidas que quiere imponer el ministro de Educación, José Ignacio Wert, en la nueva Lomce sea la obligatoriedad de realizar pruebas de castellano a todos los alumnos  al final del ciclo de primaria, de la ESO y del Bachillerato, con lo que se tendría una radiografía del nivel de idioma que tienen en cada comunidad. Y eso independientemente de que cada Gobierno autonómico pueda realizar en su territorio una prueba, también obligatoria, sobre el idioma específico de cada territorio.

Los conflictos en la zona alta

En Cataluña, la obligatoriedad de utilizar sólo el catalán en la escuela ha creado algunos conflictos. En la zona alta de Barcelona, varios colegios vivieron los últimos años un problema: los niños tenían problemas para expresarse correctamente en castellano y para escribirlo. Los padres, catalanohablantes, solicitaron reiteradamente la enseñanza bilingüe a los directores de los centros, pero la respuesta que recibieron es que se jugaban el concierto que tienen con la Administración autonómica.

La solución tuvo que llegar bajo mano: reintrodujeron asignaturas en castellano, ya que catalán era utilizado habitualmente en casa y en la vida privada y había un déficit del otro idioma. Otra cosa son los colegios públicos y los centros concertados de otras barriadas, en los que el idioma habitual de los alumnos suele ser el castellano y donde la Generalitat presiona más para aplicar su inmersión lingüística, de la que dice que “contribuye a la cohesión social”.

Grupos de padres se han interesado en los últimos días por la escolarización bilingüe de sus hijos en castellano y catalán después de que la semana pasada el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) emitiese un auto en el que obligaba a la Generalitat a aplicar medidas cautelares para garantizar la enseñanza también en castellano. El sistema de inmersión aplicado en las escuelas catalanas sólo prevé la inmersión lingüística en catalán, por lo que la sentencia del TSJC obliga a cambiar todo ese sistema.

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