La Fiscalía investiga la última gran privatización de Mas: el agua potable

La privatización de la empresa pública Aigües Ter Llobregat (ATLL), una de las últimas medidas tomadas por el Gobierno de Artur Mas en la anterior legislatura, llegó el pasado viernes a los juzgados de Barcelona y, este lunes, a la Fiscalía. Una denuncia fechada el 14 de diciembre presentada por Ricard Mués, sindicalista de la UGT,  acusa al consejero de Territorio y Sostenibilidad, Lluís Recoder, y a Ferran Rodés, presidente del Consejo Asesor de Desarrollo Sostenible (CADS) de la Generalitat, de posibles infracciones penales en la adjudicación de la compañía de agua.

Fuentes jurídicas aseguran, por otro lado, que la denuncia carece de base legal, ya que no existe ninguna incompatibilidad de Ferrán Rodés derivada de su puesto como presidente del Consell Asesor per el Desenvollupament Sostenible. Estas fuentes recuerdan que el Consell  es un mero órgano de participación, consulta y asesoramiento, sin funciones ejecutivas. 

La venta de ATLL por casi 1.000 millones de euros el pasado 6 de noviembre supone la privatización de la gestión del agua potable durante los próximos 50 años. La Generalitat podría, así, hacer caja y al mismo tiempo eliminar de su deuda pública 1.000 millones de euros que ATLL acumulaba en su pasivo.

Pero la alegría puede tornarse en preocupación. La denuncia relata que Ferran Rodés, que ocupa un cargo de confianza del Gobierno, está vinculado directamente a Acciona, la adjudicataria del concurso, ya que forma parte del Consejo de Administración de esta. “En primer lugar, debe recordarse que el CADS, adscrito al Departamento de Presidencia de la Generalitat de Cataluña, pero competente en materias propias de la Consejería de Territorio y Sostenibilidad, previamente a la convocatoria del señalado concurso, se pronunció a favor de la no exenta de polémica privatización de la gestión de ATLL”.

“Debe destacarse que, desde el pasado 20 de marzo (posteriormente, eso sí, a que se emitiera el referido informe favorable a la privatización), el Consejo está presidido por el hoy denunciado señor Fernando Rodés, quien, como más abajo se pondrá de manifiesto, entre otras circunstancias, está personal y directamente vinculado a dos de las empresas que conforman el consorcio finalmente adjudicatario del concurso, amén de ser conocida y notoria la estrecha amistad que le une con el también denunciado señor Lluís Recoder”.

Rodés, efectivamente, además de pertenecer a la cúpula de Acciona, está también vinculado a otra empresa que participaba en la compra. Se trata de Acacia ISP, “sociedad filial de la holandesa Aliada Investments BV y cuyos administradores son, para mayor información, el especialista en planificación fiscal internacional señor Gonzalo Rodés Vilà (hermano de Fernando) y el señor Gerald Rothlisberger Rodés (sobrino), como es de ver en los documentos que se adjuntan”. Los demás socios de Acciona que licitaban eran el banco brasileño BTG Pactual, la sociedad Aigües de Catalunya, Copa Consulting, Global Buridan, Global Lubbock, Gestió Catalana d’Aigües y la mencionada Acacia ISP.

El escrito llama también la atención sobre el hecho de que otra de las empresas del holding, Aigües de Catalunya Ltd, “se inscribe en el correspondiente registro mercantil británico en fecha 1 de octubre de 2012, [está domiciliada en Londres] hecho este harto llamativo y fácilmente comprobable (...) cuando resulta que el concurso (cuya complejidad técnica es manifiesta) sería resuelto apenas un mes después”.

En el Departamento de Territorio y Sostenibilidad, la apuesta por Acciona era tangible incluso antes de producirse esta en un tiempo récord, debido esencialmente a que ofrecía un precio de tarifa más bajo. Antes de la adjudicación definitiva, Agbar pidió a la Administración que revisase las ofertas porque en el precio ofertado por sus rivales no se repercutían los costes financieros. Ese dato era fundamental, ya que el precio ofertado por Acciona era de 0,7088 euros por metro cúbico, mientras que el de Agbar era de 0,79 euros y la oferta económica pesaba el 75% en los criterios de adjudicación, frente al 25% de los aspectos técnicos, donde Agbar ganaba de lejos. Esta última sostiene que, con los costes financieros, la propuesta económica de Acciona no es sostenible.

El pasado mes, Agbar solicitó el acceso al expediente administrativo del concurso, pero le fue denegado. Por ello, planteó un contencioso administrativo para poder leerlo y comparar las dos ofertas. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) dictaminó que la compañía tenía razón y que la Generalitat debía entregarle el expediente. Pero el Gobierno catalán hizo oídos sordos a las sucesivas interlocutorias dictadas por los tribunales hasta hace un par de semanas, cuando no tuvo más remedio que ceder.

Los matices más curiosos

El escrito que ahora llega a los juzgados va acompañado de informaciones de prensa que se publicaron sobre la privatización en los últimos meses, pero también de informes con datos de los registros públicos sobre Acciona y sus socios en la operación.

La intrahistoria de la adjudicación, no obstante, tiene otros matices que no pasan desapercibidos. Fernando Rodés es también vicepresidente del grupo Havas y presidente del periódico Ara, uno de los buques insignia del nacionalismo catalán. Esta cuestión, unida a su “notoria y estrecha amistad” con el conseller Recoder, alimenta las sospechas de que el Gobierno miró con mejores ojos la oferta en la que participaba este.

La denuncia constata también otro hecho: presenta pantallazos de la web oficial del CADS en los que figuran los miembros del mismo. Los pantallazos son de los días 18 de octubre, 21 de noviembre y 13 de diciembre. En el del 21 de noviembre, sin embargo, no figura Rodés como presidente del mismo. Es decir, que en el periodo en que se realiza la concesión de ATLL, la composición del CADS en su web es cambiada, restableciéndose posteriormente. “El referido señor Fernando Rodés no constaba todavía, a fecha 21 de noviembre, misteriosamente, como presidente del CADS, en la página web del propio Consejo, como puede observarse y es conforme a la realidad. A fecha de 18 de octubre sí aparecía como tal y, por supuesto, a día de hoy también, habiéndose repuesto en la web su figura”, dice el texto. De ahí que denuncien esta maniobra “burda, torticera y de tinte claramente encubridor” porque arroja más dudas sobre la transparencia de la adjudicación.