El Tripartito 'recomendó' al director interino del Palau que pidiera investigar a Convergència

En el trasfondo del caso Millet, se libra una guerra que se vio alimentada a finales de enero con la decisión unilateral de la Generalitat de renunciar a acusar a dos altos cargos de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), el ex tesorero Daniel Osàcar y el responsable de Inmigración, Àngel Colom, por ser presuntamente beneficiarios de grandes sumas de dinero que les había donado el ex presidente del Palau de la Música, Fèlix Millet, o su segundo, el ex director administrativo Jordi Montull. El Palau tiene tres entidades en su seno: el Orfeó Català, la Fundación Palau de la Música y el Consorcio del Palau de la Música. Éste último es el órgano donde están representadas tres administraciones públicas (Generalitat, Ministerio de Cultura y Ayuntamiento de Barcelona) y su cabeza es, por razón de cargo, el propio presidente de la Generalitat.

 

En noviembre pasado, el Consorcio se sumó a la petición del fiscal de solicitar al juez que instruía el expolio la apertura de una pieza separada para investigar cómo se habían evaporado varios millones de euros de la institución presuntamente hacia la Fundación Trias Fargas, propiedad de CiU. El tesorero del partido también era el tesorero de la Fundación. Pero una vez que Artur Mas llegó al poder, descabezó los servicios jurídicos y en tan sólo unos días, la Generalitat envió una carta al juez solicitando que su adhesión a las tesis de la fiscalía del mes de noviembre se anulara. Al día siguiente, tuvo que dirigir otra carta de aclaración porque la primera era “incongruente”. El magistrado, días antes de abandonar su juzgado, ya que había sido destinado a la Audiencia de Barcelona, emitió un auto consintiendo en formar pieza separada por el dinero desaparecido -puesto que esa investigación estaba todavía muy atrasada- y cerrar la pieza del expolio, es decir, del dinero que Millet y Montull habían utilizado en beneficio propio y cuya instrucción está prácticamente cerrada. Sin embargo, deja para su sucesor la patata caliente de si confirma la imputación de los altos cargos de Convergència y de varios empresarios.

 

Lo que resultó verdaderamente extraño fue que la petición de la Generalitat se hizo a espaldas de las demás administraciones presentes en la entidad, lo que levantó las airadas protestas de éstas. Incluso el juez, en su auto, criticaba con dureza la “posición cambiante y particularmente confusa” del Consorcio, que, según él, “obedece a motivos completamente ajenos al ámbito jurídico procesal”.

 

El Consorcio se alineaba así con las posturas del Orfeó Català y de la Fundación, que se habían desmarcado del fiscal en el mismo mes de noviembre. Y todo porque, como son entidades privadas y no están sujetas a derecho público, su presidente interino, Josep Maria Busquets, eligió el desmarque para evitar una “politización” del caso. Pero fue ese desmarque precisamente el que politizaba el tema, ya que Busquets era un hombre de CiU y se adivinaba detrás de su maniobra el interés por alejar la investigación de los sospechosos vinculados con CDC.

 

Interferencias de la Generalitat

 

Tanto fue así que Elena Lauroba, directora general de Derecho y de Entidades Jurídicas, que es responsable también del Protectorado de Fundaciones de la Generalitat, le remitió una dura carta el 18 de noviembre en la que le decía que al Protectorado le preocupaba que “la Fundación del Palau de la Música pueda experimentar un perjuicio patrimonial a raíz de determinadas decisiones”, refiriéndose al desmarque de las tesis del fiscal. “A estas alturas, parece contrastado tanto por la auditoría de la empresa Deloitte como por el informe de 29 de julio del 2010 aportado al juzgado por la Agencia Tributaria que, entre otras actuaciones, y a título relevante, la Fundación del Palau de la Música realizó unos pagos a una pluralidad de empresas por unos servicios que no fueron efectivamente realizados en beneficio de la Fundación”.

 

Lauroba le recuerda al entonces presidente interino -mantuvo este cargo sólo unas semanas, durante la campaña electoral para elegir nueva junta en la institución- que “es responsabilidad de los patronos actuales de la Fundación del Palau velar por la restitución efectiva de dichas cuantías, en cumplimiento del ‘deber de conservar los bienes de la fundación’ (art. 332-8.2 CCCat). La actuación responsable del órgano de gobierno -integrado por unos patronos que actúan ‘con la diligencia de un buen administrador, de acuerdo con la ley y los estatutos’ y ‘con lealtad a la fundación’ (ex art. 332-8.1 CCCat)- comporta que haya de ejercer las acciones contundentes a la recuperación de todas y cada una de las cantidades desviadas ilícitamente de la Fundación. Estas medidas han de permitir asegurar la responsabilidad civil de los imputados -y más ante la posible ampliación del ámbito subjetivo- o subsidiaria que corresponda. En definitiva, garantizar la restitución”. Y terminaba diciendo: “Velar de la mejor manera por la Fundación del Palau de la Música comporta necesariamente recuperar su patrimonio y, por ello, le hago llegar estas consideraciones”.

 

Argumentos contradictorios

 

Según una fuente interna del Palau consultada por El Confidencial, el texto de la carta “puede entenderse como una advertencia sobre las decisiones que se tomen”, puesto que si se renuncia a determinadas acciones judiciales “puede perderse irremisiblemente ese patrimonio”.  Bien es cierto que fuentes de la Generalitat también consultadas por este diario afirman que “no nos oponemos a la acción judicial, sino que lo que decimos es que se investigue dentro de la causa que ya está abierta y conforme vayan saliendo pruebas, se decida si hay o no imputaciones”.

 

Los argumentos de la fiscalía, en cambio, difieren de esta apreciación, ya que la investigación sobre el dinero utilizado en provecho propio por Millet y Montull está casi acabada y lo que hay son indicios sobre otros presuntos delitos que se pueden investigar en pieza separada para no entorpecer el caso, que así ya podría cerrar el tema del expolio personal y no alargarlo inútilmente durante años. Una fuente del Palau también señala que “las tesis de la fiscalía parecen ser sólidas y coherentes. Lo que pretenden es que se investigue a unos señores porque hay indicios sólidos de su vinculación con la desaparición de fondos. Incluso hay pruebas concluyentes, porque àngel Colom admitió que se había llevado 72.000 euros del Palau de la Música justificándolo con un convenio falso. Pero, ¿por qué las entidades del Palau no quieren apoyar esa investigación? ¿No les gustaría recuperar el dinero, si es que se evaporado por ahí? Es como si dijeran que sí, que investiguen si ha desaparecido dinero pero que no investiguen a quien se lo ha llevado. La politización que dicen que quieren evitar es la que provocan quienes toman la decisión de no imputar”.