La red familiar que replicaba en las obras el 'zoco' de trabajadores ilegales de EEUU

La escena nos resulta tan cercana por su recurrencia en películas, series y documentales ambientadas en los estados del sur de EEUU. Pero pocas veces se había replicado con tanta exactitud en nuestro país. Altas horas de la madrugada. Un día cualquiera del pasado mes de enero, en un punto concreto de la capital malagueña. Un amplio grupo de inmigrantes, en su mayoría, de origen subsahariano, se resguarda de la humedad le que cala los huesos mientras espera. En la oscuridad, se abren paso unas furgonetas que estacionan junto a los jóvenes. Abren sus puertas y comienzan a seleccionar a los que se suben a ellas. Su destino: obras repartidas por toda Andalucía y Madrid en las que trabajarán como peones de albañil y vigilantes durante jornadas maratonianas y por poco más de 800 euros al mes. Trabajadores en situación irregular, víctimas de un entramado empresarial de carácter familiar liderado por un patriarca cincuentón capaz de impulsar una asociación de ayuda y asesoramiento al inmigrante en la que captar mano de obra barata.

La organización criminal, con base en la capital malagueña, pero que operaba en distintas partes del país, actuaba a través de un conglomerado de cinco mercantiles dedicado a proveer servicios a otras firmas del sector de la construcción. Fuentes de la investigación, liderada por agentes del Grupo II y IV de la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (Ucrif) de la Comisaría Provincial de Málaga, explicaron a El Confidencial que los investigados presuntamente utilizaban las identidades de trabajadores dados de alta en la Seguridad Social para introducir a inmigrantes irregulares en el mercado laboral.

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P. D. Almoguera. Málaga

El cabecilla de la organización ostentaba distintos cargos en las sociedades investigadas, como una supuesta asociación de ayuda al inmigrante que la Policía Nacional ha concluido que empleaba para captar inmigrantes en situación irregular como mano de obra barata. La efectividad del sistema, en gran parte, estribaba en su sencillez. "Se aprovechaban de la vulnerabilidad de estas personas, y su deseo de regularizar su situación en el país, para ofrecerles trabajos que desempeñaban con la identidad de otra persona", explican las fuentes consultadas.

Las empresas que subcontrataban servicios de vigilancia de obras y peones de albañil "desconocían completamente la situación de estos empleados". "Pagaban el dinero que les presupuestaban sin saber que estos empleados cobraban en efectivo aproximadamente 800 euros al mes". Una cantidad irrisoria si se tienen en cuenta las penosas condiciones que les imponía la trama. "Tenían que comer y dormir en el interior de vehículos y, además, realizaban labores de peón o de seguridad de obras en jornadas que continuaban más allá de 24 horas", precisó el mencionado cuerpo.

La organización, además de pagar sueldos ridículos, ofrecía a los inmigrantes la posibilidad de alojamiento, por el que les cobraba

El grupo organizado, que se enfrenta a cargos de asociación criminal, trata de personas, falsedad documental y contra el derecho de los trabajadores, no solo se quedaba con la diferencia de lo abonado por la empresa que contrataba sus servicios, sino que también ofrecía a los inmigrantes, que tenían más dificultades de acceder a una casa de alquiler, cama y techo a cambio del pago de una renta mensual.

Las fuentes consultadas detallaron que los investigados ofrecían mano de obra barata para construcciones de Málaga y del resto de provincias andaluzas. "De forma puntual", también en Madrid. Los traslados de madrugada pusieron en alerta a los investigadores. La concentración de un gran número de personas de origen magrebí y subsahariano en un lugar concreto de la ciudad generó cierta "alarma vecinal", y los residentes en la zona se pusieron en contacto de las autoridades.

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Los agentes de la Ucrif se hicieron cargo de las pesquisas, y estas llevaron, con cierta celeridad, a la asociación de ayuda a los inmigrantes. El estudio de su estructura societaria condujo a un empresario vinculado a diversas sociedades del sector del ladrillo que, a lo largo de los años, se iban relevando conforme se activaban y eran dadas de baja. Un tipo de mediana edad, sin antecedentes, con "poca formación" y un nivel educativo "medio-bajo" que se apoyaba en una red familiar para desarrollar sus negocios. De esos capaces de plantarse frente a los investigadores, negarse a declarar y guardar silencio ante cada pregunta que le formulan.

Este individuo, como el resto de los investigados, se aprovechaba de la vulnerabilidad de sus víctimas, a las que convencía de aceptar las condiciones leoninas que les ofrecían con "falsas promesas de obtener los papeles".

El cabecilla se negó a prestar declaración tras ser detenido junto a otras 17 personas. Hay cuatro imputados más

Su detención, al igual que la de otras 17 personas, muchas de ellas colaboradoras de la trama, se produjo el pasado 17 de mayo. Los agentes realizaron cuatro registros en Málaga e inspeccionaron la asociación, empresas investigadas y algún domicilio particular que era sede de otras mercantiles. En estos inmuebles, se localizaron 30.000 euros en efectivo, un coche de alta gama, varios teléfonos móviles y documentación relacionada con el caso. Un arresto se produjo en Madrid.

La operación Togo ha permitido, además, la imputación de otras cuatro personas, así como el bloqueo de 95.000 euros, dos viviendas y 27 vehículos.