“Aznalcóllar se paró cuando cayó la mina, sólo resurgirá cuando abra”

En Aznalcóllar no está el ambiente para aniversarios. La continua presencia estos días de periodistas que llegan para recordar la gran tragedia ocurrida hace 25 años incomoda a los 6.000 vecinos de este pequeño municipio a 30 kilómetros de Sevilla. Hubieran preferido que esta efeméride hubiera coincidido con el anuncio de la reapertura de la gran mina, pendiente de la autorización definitiva de la Junta de Andalucía.

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El propio alcalde, Juan José Fernández (Adelante), exminero, reconoce su frustración porque “lo tengo todo previsto para la gran fiesta que habrá que celebrar ese día”. “Eso será tocar el Gordo de la Lotería todos los meses”, insiste. Pero no ha sido así. Y en lugar de una celebración, de momento este 25 aniversario solo sirve para recordar la magnitud de la mayor catástrofe ecológica de España y Europa, superior aunque menos mediática que la del famoso barco Prestige y su vertido frente a las costas gallegas.

Aquella madrugada del viernes 25 de abril de 1998, en plena Feria de Abril de Sevilla, se rompía un muro de la enorme balsa en la que se depositaban los residuos tóxicos de la Mina de Aznacóllar y empezaban a caer al río Guadiamar (uno de los principales afluentes del Guadalquivir antes de su desembocadura) toda esa riada mortal de agua y barro con arsénico, cadmio, mercurio y otros metales pesados.

Más de seis millones de metros cúbicos de estos lodos anegaron hasta 4.600 hectáreas y amenazaron con destruir una de las joyas ecológicas de Europa, Doñana. La rápida intervención de las administraciones evitó esa catástrofe con la creación de diques de contención en las afueras del Parque Nacional, pero no pudieron evitar la muerte de miles de aves, peces y ganadería afectados por el lodo (se retiraron 30 toneladas de animales muertos). Más de 500 camiones y 1.600 personas (cuatro fallecieron en accidentes durante esas obras) trabajaron contrarreloj en esta tragedia.

Tras aquella primera intervención de emergencia, la Junta de Andalucía realizó un esfuerzo titánico para transformar toda la rivera del río Guadiamar desde Aznalcóllar a Doñana (convertida en un río tóxico) en un Corredor Verde del que los vecinos se sienten orgullosos.

Es una de las primeras estampas que se observan a la llegada a un pueblo que, 25 años después, aún no se ha recuperado de las heridas económicas y sociales que supuso aquel golpe. “¿Qué es un pueblo minero sin mina? Pues ya me dirás tú…” asegura un vecino que acelera el paso para no responder al periodista.

En la mina trabajaban directamente 900 personas pero toda la comarca vivía directa o indirectamente de este yacimiento que explotaba la multinacional sueca Boliden Apirsa. Tras el accidente, en 1998, la compañía siguió operando e invirtió 58 millones de euros en las obras de reconstrucción hasta que en 2001 abandonó la explotación, de la que se hizo cargo la Junta de Andalucía, que en enero de 2002 cerró definitivamente la mina. Meses después llegó a un acuerdo por el que prejubiló a unos 300 mineros pero dejó a otros 105 a la espera de recolocación, si bien nunca se produjo. Esto dio lugar a protestas que incluyeron cortes del AVE y un encierro en la Catedral de Sevilla durante casi 150 días.

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En la avenida de Andalucía se encuentran varios vecinos mayores, que recuerdan aquella catástrofe y hablan de estos años sufridos en un pueblo que ha vivido del suelo de los prejubilados. Entre ellos se encuentra Tomás –“uno de los que tocó la lotería”, bromean-, minero de los que accedió a la prejubilación. Tras 24 años en la mina, salió en 2001 con 45 años (tiene 67 ahora) y cobra 2.000 euros “de los famosos ERE de la Junta que todo el mundo critica” y que él defiende.

Junto a él, otros jubilados de la construcción y un camionero, recuerdan cómo el pueblo se hundió y lamentan que hayan pasado 25 años sin que nadie haya sido capaz de volver a ponerlo en marcha. “Si el agua del pueblo no acabara en Doñana, la mina estaba abierta hace años, pero los políticos tienen miedo a que les acusen de poner en peligro el parque nacional”, asegura Antonio.

Los más jóvenes también tienen su propia idea de lo que ocurrió en el pueblo. Yiomara es empleada de un Cash y tiene solo 22 años, por lo que la tragedia ocurrió antes de nacer ella y solo conoce lo que le han contado de aquel momento. Lo que sí ha vivido en primera persona es la “ruina del pueblo” en estos años. “Me dicen que esto no tiene nada que ver con la calidad de vida que había antes en tiempos de nuestros padres”, lamenta.

En la puerta del colegio público Zawiya, padres de mediana edad recogen a sus hijos y confían en que ellos puedan ver la reactivación del pueblo. Son casi 900 los niños escolarizados en los tres colegios (Las Erilla, Zawiya y Cruz Blanca) y el Instituto, a los que hay que sumar unos 120 universitarios. Ellos son el futuro del pueblo, y sus padres miran con envidia a la vecina Gerena, localidad a apenas 10 kilómetros donde se encuentra otra gran mina de cobre. Ninguno parece tener miedo a que se pueda repetir un desastre ecológico. “Más miedo da no tener para dar de comer a tus hijos”, responde una de las madres.

Otra se muestra más escéptica con la siempre anunciada “apertura inminente de la mina, especialmente cuando llegan elecciones” y cree además que “apenas quedan mineros jóvenes y los traerán de fuera”.

Frente a ese lógico escepticismo trata de luchar el siempre combativo alcalde, que tras dos mandatos al frente del Ayuntamiento se vuelve a presentar a las elecciones y confía en repetir buenos resultados (gobierna con mayoría absoluta de 9 concejales frente a 4 del PSOE).

La cercanía de las elecciones tiñe las declaraciones del regidor, que quiere destacar lo conseguido en estos años. “Cuando llegué, la ruina era tal que los bares solo abrían los fines de semana”, pone como ejemplo. Reconoce que la cosa ha sido muy complicada -el pueblo ha perdido 200 habitantes- “pero antes había 1.000 parados y ahora 600”, explica.

Ni el 25 aniversario ni la llegada de las elecciones municipales del 28 de mayo han permitido que la Junta de Andalucía anuncie por fin la autorización para el comienzo de la actividad minera que tiene prevista la multinacional Grupo México. “Llevan tiempo diciendo que lo iban a autorizar este primer cuatrimestre, pero nada”, lamenta.

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Efectivamente, el consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela ha declarado en varias ocasiones esa intención, si bien en las últimas semanas la Junta de Andalucía ha cambiado de interlocutor y de argumentos. El consejero de Medio Ambiente y portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, explica ahora que lo importante no son los plazos sino que la mina pueda contar con todas las garantías legales necesarias. Es a su consejería a la que corresponde dar la Autorización Ambiental Unificada (AAU) que permitiría la explotación.

Todo indica que esta autorización podría estar en breve, una vez analizadas determinadas cuestiones sobre el uso del agua -se ha cambiado el proyecto original y no se vertirá en el río Guadiamar sino que irán por tuberías de 30 km hasta el río Guadalquivir, cerca de Sevilla capital-. Grupo México, a través de su filial Minera Los Frailes, titular de los derechos mineros de Aznalcóllar desde su adjudicación en un concurso internacional en el año 2015, ha informado en un comunicado de la evolución de su proyecto para la explotación y la regeneración ambiental de la zona.

La compañía, que invertirá más de 400 millones y generará 2.000 empleos, ya ha desarrollado los trabajos de ingeniería para comenzar la explotación una vez que en los "próximos meses" reciba la autorización ambiental unificada de la Junta para una operación en la que ya ha acometido una inversión superior a 50 millones de euros en estos ocho años con un proyecto muy distinto del de entonces y que pretende demostrar las nuevas formas de la minería del siglo XXI, con una legislación mucho más sostenible y medioambiental.

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Actualmente en el perímetro de la mina hay dos cortas, Los Frailes y Aznalcóllar, que acumulan agua de contacto y están circundadas por escombreras que quedaron abandonadas tras el cierre de 2001 y lo primero que hará será la depuración de toda el agua embalsada en ambas cortas y un programa de revegetación y reforestación integral de las áreas de escombreras y zonas aledañas con especies autóctonas, ha indicado.

A este proceso de recuperación ambiental destinará más del 20 por ciento de las inversiones del proyecto minero en Aznalcóllar, que cuenta con 50 millones de toneladas de reservas minerales de zinc, cobre y plomo, y la operación se prolongará durante veinte años.

Sin embargo, el proyecto de Grupo México aún se enfrenta a un escollo tan complejo como la autorización para empezar a explotar la mina: el juicio que se celebrará en el año 2025 tras la acusación de la empresa perdedora del concurso, Emerita Resources, de amaño entre responsables de la Junta de Andalucía y el grupo ganador en la concesión en el año 2015.

Son 17 personas las procesadas, incluido el exdirector de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández, que tuvo que dimitir por este motivo, en un caso que lleva más de 9 años en los tribunales. No es el único caso pendiente, aunque el segundo no afecta a la posible actividad en la mina sino a lo ocurrido hace 25 años: el próximo mes de julio, un tribunal juzgara la denuncia interpuesta por la Junta de Andalucía contra la multinacional sueca Boliden, a la que reclama casi 90 millones de euros por aquel desastre ecológico.

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Mientras tanto, Aznalcóllar vive pendiente de esa autorización para reabrir la mina. Tras 25 años, el área en la que estaba situada la gran balsa que se derrumbó es un terreno totalmente llano, cuya mitad ocupa un parque de paneles solares fotovoltáicos, y en la otra mitad aún quedan como testigo tres grandes montones de piedra que mantienen la altura de la pared que cedió y sirven como recuerdo de la tragedia. La zona se ha regenerado completamente a nivel medioambiental, pero sus 6.000 vecinos siguen esperando que la vida pueda volver a sonreir a este pueblo minero.