Aznalcóllar amenaza con movilizaciones si no se aprueba la apertura de la mina este verano

En la Feria de Abril de 1998, el presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, recibió una llamada que marcó la historia de la región: se había derrumbado parte de la balsa de la mina de Aznalcóllar, a apenas 30 kilómetros de Sevilla, y millones de metros cúbicos de lodos se estaban vertiendo a los ríos que desembocaban en Doñana, amenazando con provocar un desastre ecológico sin precedentes.

El vertido, que se produjo el 25 de abril de 1988, provocó que 5,5 millones de metros cúbicos de lodos tóxicos y alrededor de 1,9 millones de metros cúbicos de aguas ácidas se dispersasen sobre las riberas de los ríos Agrio y Guadiamar, recorriendo 62 kilómetros y con una anchura de 400 metros, lo que llegó a las puertas de Doñana e inundó 4.600 hectáreas de terreno. Según Ecologistas en Acción, se retiraron siete millones de metros cúbicos de lodos y 30 toneladas de animales muertos, mientras que, en el ámbito social, unas 5.000 personas perdieron sus empleos y las pérdidas alcanzaron casi los 11 millones de euros.

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Ahora, 24 años después de aquella tragedia, el alcalde de Aznalcóllar, Juan José Fernández (IU), vive esta Feria de Abril esperando otra llamada que marcará de nuevo la historia, al menos de su pueblo y el resto de la comarca: la aprobación por parte de la Junta de la actividad de la mina, que cerró sus puertas hace 20 años, en 2002. En estos momentos, el proyecto de Mina Los Frailes, compañía participada por Grupo México y Minorbis (Grupo Magtel), está a la espera de que la consejería de Medio Ambiente le conceda el permiso para el tratamiento de aguas y que la Dirección General del departamento dé el visto bueno a la Autorización Ambiental Integrada (AAU), tras lo que tendría la aprobación por parte de la Secretaría General de Industria y Minas.

Según la compañía, todos los trámites estaban muy adelantados y se esperaba que la Administración autonómica se posicionara en estas próximas semanas, lo que había generado en el pueblo la ilusión de que la mina pudiera reabrir este mismo verano. Aznalcóllar, con poco más de 6.000 habitantes, es uno de los municipios con más paro y menos renta de la provincia de Sevilla.

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Sin embargo, el anticipo electoral puede volver a demorar una decisión técnica que tiene mucho de implicación política, porque a nadie se le escapa que la reapertura de la mina de Aznalcóllar es una patata caliente desde el punto de vista del rédito electoral fuera de esta comarca.

Su alcalde fue minero y lleva desde 2015, cuando se convirtió en regidor del municipio, luchando por desbloquear este proyecto en el que cree firmemente —“no tiene nada que ver con lo que hubo entonces porque hay mil ojos encima y esto es ya minería del siglo XXI”, afirma—.

“Lo que no podemos es seguir así, con el reparto de 10.000 kilos de comida de Cruz Roja para 300 vecinos que no tienen para vivir. Tenemos miles de mineros en paro y, para colmo, también tenemos en paro a los agricultores. La salvación del Guadiamar ha supuesto que ahora haya una zona de 2.000 hectáreas de cultivo inhabilitada porque anidan avutardas, un ave protegida en peligro de extinción”, explica. a El Confidencial.

Por todo ello, Juan José Fernández cree que es hora de volver a dar un puñetazo sobre la mesa para que las Administraciones públicas regionales y estatales miren de nuevo a este pueblo y “dejen de poner nuevas excusas y fechas para retrasar la apertura”. El alcalde amenaza con movilizaciones si se sigue demorando la aprobación de la apertura de la mina. “Como me llamo Juan José, que saco a la gente a la calle como sigan dándonos largas”, asegura.

El regidor lamenta la situación de un pueblo que, detalla, podría tener un futuro prometedor pero al que el desastre de 1998, del que en 2023 se cumplirán 25 años, ha estigmatizado. “Yo no sé cómo esta empresa no se ha ido tras tanto tiempo esperando y con esa presión mediática, que espanta a los inversores”, afirma.

El proyecto

Mientras tanto, Grupo México y Minorbis siguen adelante con su proyecto que supone una inversión de más de 350 millones de euros y la creación de unos 1.000 puestos de trabajo. El complejo minero de Aznalcóllar, de casi 950 hectáreas de superficie, se sitúa en el extremo este de la Faja Pirítica Ibérica, por lo que posee reservas y recursos probables de aproximadamente 80 millones de toneladas de sulfuros polimetálicos (cobre, plomo y zinc, además de oro y plata). Las dos cortas que lo conforman, Aznalcóllar y Los Frailes, fueron explotadas parcialmente mediante métodos de minado superficial entre 1975 y 2001, año en que se produjo su cierre.

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Uno de los aspectos más destacados del nuevo diseño de explotación de la mina Los Frailes es que la extracción del mineral no se efectuará a cielo abierto, como en el pasado, sino que se desarrollará totalmente en interior. La extracción de mineral será 100% subterránea. El material extraído se tratará en la planta de flotación diferenciada en tres líneas, una para cada tipo de mineral que se beneficia: zinc, cobre y plomo, obteniéndose como producto final los diferentes concentrados. En la planta de beneficio se tratarán 2,7 millones de toneladas al año.

Otro aspecto relevante del proyecto es la gestión del agua. La mina será autosuficiente, gracias a la construcción de infraestructura hidráulica, el recurso hídrico utilizado en la operación se tratará en una planta depuradora para su reaprovechamiento, no siendo necesario la obtención de agua para uso industrial.

El frente judicial

Sin embargo, paralelamente a los pasos para la reapertura de esta actividad, la mina sigue envuelta en un farragoso proceso judicial que tiene varias vertientes. La primera de ellas está motivada porque una de las empresas que perdió el concurso de la Junta, Emerita Resources, no sólo la recurrió ante los tribunales sino que denunció la presunta existencia de todo tipo de irregularidades en la concesión.

Tras siete años y dos archivos anteriores, la juez Patricia Fernández ha sentado en el banquillo al expresidente de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), Vicente Fernández, -que entonces era responsable andaluz de Minas- y otros 15 procesados, entre ellos otros dos ex altos cargos de la Junta andaluza en época de Susana Díaz, por el presunto amaño del concurso público de la mina celebrado en 2015.

Opinión

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Estas personas están acusadas de tráfico de influencias, prevaricación, fraude, malversación y cohecho, por lo que se enfrentan a penas de hasta 19 años de cárcel y 60 años de inhabilitación en algunos casos. Ahora, el caso ha pasado a la Audiencia Provincial de Sevilla, que debe fijar fecha para el juicio (es poco probable que sea antes de un par de años) y repartir el caso a alguna sala de lo Penal.

Esta misma semana, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha admitido a trámite el recurso de Emérita Resources para suspender la decisión del Tribunal Administrativo sobre la adjudicación de la Mina de Aznalcóllar hasta que no se resuelva ese caso Penal, según ha dado a conocer la propia compañía canadiense. Sin embargo, esta decisión no afecta a los trámites actuales para su apertura.

Paralelamente, la Junta de Andalucía sigue su batalla para que la multinacional Boliden, compañía que gestionaba la mina cuando ocurrió el desastre ecológico, abone 89 millones de euros como responsable de aquella situación. Tras años de negociación que no ha fructificado, ambas partes se verán de nuevo las caras en los tribunales en el mes de septiembre.