La Junta y Boliden mantienen el pulso por el derrumbe de la mina de Aznalcóllar en 1998

La Junta de Andalucía sigue aún librando su batalla judicial para conseguir que la multinacional sueca Boliden pague por el desastre ecológico ocurrido hace 24 años, en abril de 1998, en la mina de la localidad sevillana de Aznalcóllar debido a la rotura de la balsa de residuos de metales pesados del complejo, explotado entonces por Boliden-Andaluza de Piritas S.A. (Apirsa). Aquel accidente provocó una riada tóxica que llegó desde la localidad sevillana hasta las mismas puertas de Doñana por toda la cuenca del río Guadiamar, vertiendo 7 millones de lodos que inundaron 4.600 hectáreas.

El Juzgado de Primera Instancia número once de Sevilla ha fijado para este próximo jueves una vista previa ante la última demanda promovida por la Junta contra esta multinacional, reclamándole unos 89,8 millones de euros más intereses por los gastos de recuperación y limpieza afrontados por la Administración pública en aquella fatídica fecha hace 24 años.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha explicado que esa vista está fijada para la proposición de prueba, tras lo cual el tribunal resolverá sobre la admisión o no del asunto y el señalamiento de la fecha de juicio.

Con esta vista, la batalla judicial entre el Gobierno andaluz y la multinacional sueca parece volver a la casilla de salida 24 años después. La Junta ya ha intentado hasta la fecha sin éxito que la compañía minera pagara esos gastos por casi 90 millones en un peregrinaje judicial que le ha llevado a la vía penal, civil y contecioso-administrativa, y que ahora retoma casi desde cero con esta vista. No obstante, la propia administración autonómica concede poca relevancia a esta vista judicial, que era esperada y no varía el proceso. De hecho, paralelamente, la Junta lleva años negociando un acuerdo con Boliden, que también pone sobre la mesa de negociación los activos que entregó al irse de la mina y otras circunstancias que cree que deben ser tenidas en cuenta para ese posible pacto.

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Hasta el momento, la única sanción ya reconocida por los tribunales a Boliden es la multa por 43,7 millones que le reclama la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) en concepto de reposición del dominio público hidráulico a su estado anterior al accidente minero de 1998, si bien aún no se ha pagado.

Pero si la catástrofe ambiental en 1998 aún sigue pendiente de su resolución judicial, no está siendo más fácil la reapertura de esta mina, decidida por la Junta en el año 2015 ante el interés de diversas compañías por hacerse con esta explotación.

La Administración autonómica concedió la mina en el año 2015 al Grupo México y Minorbis con un proyecto para reabrir tanto la corta de Aznalcóllar como la vecina Los Frailes, con una inversión de más de 350 millones de euros y la creación de más de 1.000 puestos de trabajo. Sin embargo, otra de las compañías que acudió al concurso, Emérita Resources, no sólo recurrió la concesión sino que denunció numerosas irregularidades en su adjudicación.

Tras siete años y dos archivos anteriores, la juez Patricia Fernández decidió hace 10 meses sentar en el banquillo al expresidente de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), Vicente Fernández, —que entonces era responsable andaluz de Minas— y otros 15 procesados, entre ellos otros dos ex altos cargos de la Junta andaluza en época de Susana Díaz, por el presunto amaño del concurso público de la mina celebrado en 2015.

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El pasado mes de mayo, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía admitió a trámite el recurso de Emérita Resources para suspender la decisión del Tribunal Administrativo sobre la adjudicación de la Mina de Aznalcóllar hasta que no se resuelva ese caso Penal, según ha dado a conocer la propia compañía canadiense. Sin embargo, esta decisión no afecta a los trámites actuales para su apertura.

De hecho, Grupo México, una de las mayores compañías del mundo en reservas de cobre, asegura que ya han invertido más de 40 millones de euros en la puesta en marcha de este proyecto que confía en que pueda arrancar el próximo año, cuando se cumplirán 25 de su accidente y cierre.

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La compañía sigue pendiente de que la Junta le conceda la Autorización Ambiental Unificada (AAU) previa a la definitiva licencia por parte de la Dirección general de Minas. Sin embargo, ese trámite se sigue demorando por algunos cambios en el proyecto inicial. El más importante es el referido al tratamiento del agua depurada tras su uso en la mina, que finalmente no será vertido al pequeño río Agrio sino que será llevado mediante 30 kilómetros de canalizaciones hasta el río Guadalquivir a su paso por Sevilla capital, muy cerca del estadio de la Cartuja. Este cambio ha requerido un cambio de la autorización de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, dependiente del Gobierno central, a la propia Junta.

La lentitud de los pasos legales y administrativos para esta reapertura tiene desesperados a los vecinos de Aznalcóllar, una localidad que no ha conseguido levantar cabeza económicamente desde el cierre de la mina, que generaba el empleo del que vivía todo el pueblo. La reapertura de la mina permitiría crear unos 2.000 puestos de trabajo que salvarían a Aznacóllar de su actual situación, entre los municipios con más paro de España.

Su alcalde es precisamente uno de los antiguos mineros de aquella explotación y lleva años luchando para que las administraciones agilicen la apertura de la mina. Juan José Fernández no oculta la situación tan dramática que pasan sus vecinos a la espera de este “milagro”. “Mi pueblo no puede más; el hambre nos come”, asegura a El Confidencial.

Este municipio, con una población de 6.000 habitantes, lleva 24 años viviendo una pesadilla, en el que han tenido que sufrir las consecuencias del desastre ecológico, del cierre de la mina y la pérdida de los empleos que sustentaban a las familias de la localidad, y de la lentitud con la que los pasos políticos, administrativos y también judiciales han retrasado una mina por la que existen numerosas multinacionales interesadas y que fue adjudicada hace ya siete años al Grupo México.

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En estos momentos, el aumento del precio de las materias primas a nivel mundial, y especialmente el del cobre, ponen aún más interés en la apertura de esta explotación. El complejo minero de Aznalcóllar, de casi 950 hectáreas de superficie, se sitúa en el extremo este de la denominada Faja Pirítica (que se extiende de Córdoba a Huelva), por lo que posee reservas y recursos probables de aproximadamente 80 millones de toneladas de sulfuros polimetálicos (cobre, plomo y zinc, además de oro y plata).

La explotación de ambos yacimientos (Aznalcóllar y Los Frailes) está prevista con una duración de unos 17 años, a los que habría que sumar otros cinco de cierre, clausura y rehabilitación del entorno. De esta forma, esta localidad sevillana espera que cuanto antes se ponga en marcha un proyecto que dará vida al pueblo por más de 20 años, hasta 2045.