Alaya saca a la Faffe de la campaña del 28-M y el Senado mete a la alcaldesa de Marbella

No habrá paseíllo de dirigentes socialistas implicados en casos de corrupción en los días previos a las elecciones municipales del 28 de mayo. La juez Mercedes Alaya ha reculado en su decisión y ha pospuesto el juicio sobre el pago con dinero público en prostíbulos por parte del exdirector gerente de la Faffe, Fernando Villén. Pero los escándalos relacionados con la posible corrupción no serán ajenos a la campaña del 28-M en Andalucía. El Senado, con aval de todos los grupos y la abstención del PP, dará a conocer su investigación sobre el patrimonio de la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, en los días previos a la votación que decidirá sobre su continuidad al frente del Ayuntamiento.

La decisión de la magistrada que instruyó la causa de los ERE y el resto de asuntos relacionados con la corrupción que derivaron del escándalo de las ayudas fraudulentas se hace a petición de las defensas. El abogado Adolfo Cuéllar, que representa a Villén, reclamó hace unos días el aplazamiento del proceso que investiga el gasto de más de 32.000 euros en prostíbulos con una tarjeta asociada a la jefatura de la extinta Faffe (Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo).

TE PUEDE INTERESAR

Una mariscada y 13 años de "calvario": absolución al final del camino para un líder de IU en Sevilla

Carlos Rocha. Sevilla

Entre los argumentos utilizados estaba la cercanía del proceso electoral, ya que el comienzo del juicio estaba previsto el 19 de mayo, mientras que el final quedó fijado para el día 26, el último día de campaña. Ahora, en una providencia que se conoció este lunes, ha aplazado el inicio hasta el 29 de mayo, justo el día después de los comicios. La presencia de Fernando Villén y la directora financiera de la Faffe, también procesada por este asunto, en los juzgados de Sevilla coincidirá con el proceso de conformación de los nuevos ayuntamientos y las negociaciones postelectorales, ya que la lectura del veredicto está prevista para el 12 de junio.

No es la primera vez que Alaya marca los tiempos judiciales en coincidencia con los políticos. La magistrada hizo pública la "preimputación" de Manuel Chaves y José Antonio Griñán el día que tomaban posesión los consejeros del primer Gobierno de Susana Díaz y también declaró como investigados a dirigentes de IU en las campañas municipales de 2011 y 2015. En esta ocasión, tras la petición de las defensas, ha decidido dar un paso atrás.

El Supremo esperó hasta las elecciones andaluzas para dar a conocer el fallo de la pieza política del caso ERE

La duda sobre la idoneidad de esta decisión estaba en una posible impugnación del juicio por esta circunstancia, ya que Villén es un exalto cargo del PSOE y fue incluso secretario de Empleo en la Ejecutiva de los socialistas andaluces cuando José Antonio Griñán lideraba el partido. Fuentes jurídicas admitieron en privado hace unos días que no era posible adelantar las consecuencias de la decisión inicial de Alaya, puesto que es una práctica muy poco habitual entre los jueces acercar los procesos a los periodos electorales. Solo hay que mirar las fechas elegidas por el Tribunal Supremo para hacer público el fallo de la pieza política de los ERE. El Alto Tribunal esperó hasta julio para confirmar la condena de Chaves y Griñán y no fue hasta septiembre cuando se conoció la sentencia íntegra. Es decir, después de las elecciones andaluzas del pasado 19 de junio.

Marbella y el Senado

No es el único asunto espinoso que se abordará en estas fechas preelectorales y que podría influir en el resultado del 28-M. La investigación que la Comisión de Incompatibilidades del Senado concluirá su indagación sobre el patrimonio de la alcaldesa de Marbella el 18 de mayo, a solo 10 días de que abran las urnas. Esta investigación fue impulsada por el PSOE tras conocerse que Ángeles Muñoz actualizó su declaración de bienes y patrimonio el pasado noviembre. Esto ocurrió en pleno escándalo por la implicación de su marido, ya fallecido, en una trama de blanqueo de capitales y tráfico de drogas en la que también está involucrado su hijastro.

Este proceso forma parte de la ofensiva puesta en marcha por el PSOE contra Muñoz, que también ocurre en coincidencia con la dimisión de María Gámez como directora de la Guardia Civil tras ser imputado su marido en un caso de posible fraude. El plan de trabajo de la investigación, que busca dilucidar si Muñoz incumplió el Código de Conducta de las Cortes, comenzó el 28 de marzo con la aprobación del listado de documentación requerida de los partidos. La regidora tiene hasta el 14 de abril para remitir información sobre sus propiedades. El 18 de abril se aprobará la lista de comparecientes, aunque hay que tener en cuenta que Muñoz podría declarar por vía telemática o incluso por escrito en los días 3, 4 y 5 de mayo. Con el material recopilado y las comparecencias, entre el 8 y el 12 del mismo mes, se elaborará el informe definitivo, que después se aprueba y debe ir a la Mesa de la Cámara Alta.

Este proceso pondrá el foco sobre la situación de Muñoz, que ha sido confirmada como candidata del PP en Marbella. Hay que tener en cuenta que la regidora ganó con mayoría absoluta en 2019 y los números que manejan los populares le dan un porcentaje de voto similar. En la cúpula que dirige Juanma Moreno hubo ciertas dudas, pero una encuesta encargada para conocer la erosión de la figura de Muñoz blindó su candidatura, cuentan fuentes del PP andaluz.