Cs 'protege' a la consejera andaluza imputada y esperará a confirmar los hechos

La imputación de la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, por presunta financiación ilegal del PP de Almería ha desconcertado al Gobierno andaluz. Mientras en las filas populares aseguran que el caso “no va a ningún lado”, en Ciudadanos se guarda —de momento— un silencio que contrasta con su tradicional discurso de “tolerancia cero” con los presuntos casos de corrupción. Más de 12 horas después de que saltara la noticia, las ejecutivas regionales y nacionales del partido no habían desvelado su postura y emplazaban a una comparecencia del portavoz adjunto del grupo en el Congreso, Edmundo Bal, así como a la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.

Bal ha hablado en la Cámara Baja de Crespo y ha apuntado que la información de la que dispone la formación naranja es que la consejera andaluza aún "no ha recibido notificación del juzgado" y que ella, de momento, mantiene que "en aquel momento no era alcaldesa" del municipio donde se están investigando los hechos. El portavoz de Cs ha añadido, eso sí, que "en el pacto de Gobierno con el PP aparece por escrito la necesidad de la limpieza democrática" y que, por tanto, "nadie que tenga la más mínima sospecha puede formar parte" del Ejecutivo andaluz. "Una vez que se aclaren los hechos de esta investigación, Cs, les aseguro, hará cumplir los compromisos que tiene con el PP", concluyó Bal.

La formación naranja se enfrenta a una compleja tesitura. Por un lado, mantener su línea dura con las investigaciones a políticos, esgrimida para apartar o cuestionar a dirigentes como Rita Barberá o Alfonso Fernández Mañueco. Por otro, proteger su opción de gobierno más sólida en un momento de desmoronamiento del partido.

Adopte cualquiera de las posturas posibles, la formación naranja tendrá que esforzarse para explicarla. Si no exige la dimisión de Crespo, estará traicionando unos principios de los que siempre ha presumido; pero, si lo hace, abrirá un cisma en la que posiblemente sea su coalición más fuerte de todo el país y podría poner en riesgo sus posibilidades electorales en la comunidad con mayor probabilidades de supervivencia.

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Este contexto incierto, sumado al impacto inicial de la imputación y la necesidad de trazar una estrategia unitaria, se encontraría detrás del hecho de que ningún miembro de la ejecutiva regional del partido se haya pronunciado públicamente sobre esta polémica. Fuentes consultadas por este periódico dieron a entender que estaban a la espera de recabar datos y de partida aceptaron las explicaciones dadas por los populares. “Ha anunciado que va a recurrir”, han manifestado como medida de descargo.

No obstante, tanto la dirección regional como la nacional, emplazaron a preguntar a Edmundo Bal en la intervención ante los medios que tiene programada tras la votación de presupuestos y en la rueda de prensa que ha tenido lugar tras el Consejo de Gobierno andaluz, un encuentro entre miembros del PP y Ciudadanos donde se supone que se ha marcado el discurso sobre este asunto.

Quien no ha tardado en pronunciarse sobre esta polémica ha sido Vox. Sabedor de que esta investigación judicial puede abrir fisuras en el Ejecutivo de PP y Ciudadanos, ha vuelto a solicitar un adelanto electoral que la coalición de Gobierno no le va a conceder.

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Ha sido su secretario general del Grupo Parlamentario en Andalucía y diputado por Granada, Francisco Ocaña, quien ha asegurado que los andaluces "merecen un Gobierno sin corrupción" y eso es algo que asegura que “solamente” su partido “puede garantizar”. “En Vox no distinguimos entre la corrupción de un partido u otro. Cuando entremos en San Telmo, lo haremos levantando todas las alfombras, abriendo todas las ventanas y sacando con una escoba toda la corrupción que sigue habiendo en Andalucía”, ha adelantado, desplazando a la formación naranja de un futuro pacto con el PP que reedite la actual coalición.

Ocaña ha ido más lejos e incluso ha deslizado que el Partido Popular podría tener un “pacto oculto” con el PSOE para “no airear” los casos de corrupción y así protegerse mutuamente. “Ahora empezamos a entender por qué el Gobierno de Juanma Moreno se niega a levantar las alfombras, se niega a desmontar la Administración paralela de los anteriores gobiernos del PSOE y se niega a despedir a los enchufados como la mujer del candidato socialista, Juan Espadas”, ha manifestado.

“Ya sabemos que, para el PP, perseguir y sacar a la luz toda la corrupción es hacer ‘política carroñera’. Entendemos que no les guste hablar de corrupción cuando ellos mismos son protagonistas de cajas B, sobres y demás actuaciones mafiosas”, ha concluido.

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Los populares, por su parte, aseguran que Crespo está “tranquila” ante esta investigación judicial en torno a una posible trama de financiación ilegal del PP de Almería porque siempre actuó “conforme a la ley y al procedimiento”.

Detallaron que, cuando era presidenta de la Asociación de Promotores Turísticos del Poniente Almeriense, firmó un convenio con la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía para un plan de acción del Poniente Almeriense. El secretario de la asociación era el alcalde socialista de Vícar, aseguraron.

Dentro de ese plan estaba la construcción del Museo de la Agricultura en el municipio de La Mojonera. La presidencia de la asociación era rotatoria entre alcaldes de la comarca y Crespo la ocupó circunstancialmente como alcaldesa de Adra, puesto que dejó en 2011. “La responsabilidad sobre la adjudicación y la construcción del espacio museístico era del Ayuntamiento de La Mojonera y la de fiscalización, de la Junta de Andalucía, que cofinanciaba el proyecto”, apuntaron.

“El señor Marín y el presidente Moreno están tan tranquilos como yo”, afirma Crespo

Las citadas fuentes remarcaron que “el asunto no va a ningún lado por el fondo, pero tampoco puede ir a ningún sitio por la forma, ya que Carmen Crespo, al ser diputada y consejera, está sometida a la jurisdicción del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA)”.

La consejera se ha pronunciado sobre este asunto una vez finalizado el Consejo de Gobierno. Arropada por el consejero de Presidencia, Elías Bendodo, ha reiterado que “no he recibido ninguna notificación” y “desconozco los hechos”. “Estoy tranquila” porque siempre “he realizado todo conforme a la ley y la honestidad”.

Cuando llegue, “estudiaremos el auto y recurriremos”, ha avanzado Crespo, que ha descartado que su investigación erosione la coalición de PP y Ciudadanos: “El señor Marín y el presidente Moreno están tan tranquilos como yo”. Seguridad que sustenta, sobre todo, en el hecho de que, cuando se adjudicaron las obras investigadas, había dejado de ser presidenta de la asociación sobre la que la Justicia ha puesto el foco.