El PP 'salva' a Espadas de la polémica de su mujer: "No haremos política carroñera"

Varios fragmentos del vídeo de la comparecencia de la mujer de Juan Espadas, secretario general del PSOE andaluz y alcalde de Sevilla, el pasado viernes en la comisión de investigación de la extinta fundación de Empleo, Faffe, se han hecho virales. Sobre todo los difundidos por Vox, donde se ve a su diputada Ángela Mulas poniendo contra las cuerdas a la técnica Carmen Ibanco, tras dos horas de declaración en que no acierta a explicar con claridad cuál es el trabajo que desarrolla en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE). También Cs ha sacado mucho rédito en redes, con su portavoz, Teresa Pardo, haciendo una construcción novelada, pero perfectamente documentada, sobre cómo esta psicóloga y orientadora laboral fue contratada "en solo 24 horas".

Frente a esto, el PP no ha subido ni un solo vídeo, ni ha hecho sangre en sus perfiles oficiales sobre lo que ocurrió el pasado viernes en el Parlamento andaluz, ni ninguno de sus portavoces ha elevado la voz. No es casualidad. El grupo popular tiene una orden directa del presidente del partido y del Gobierno andaluz, Juan Manuel Moreno, de “no hacer política carroñera” con este asunto. Eso no quita que su diputada Ana Vanessa García demostrara en un interrogatorio notarial, sin valoraciones ni exabruptos, que conoce de primera mano cada expediente de la fundación Faffe, un asunto judicializado en el que los abogados contratados por los populares tuvieron mucho que decir y que abrió la campaña del candidato popular, a las puertas de un prostíbulo, hace ya tres años. Susana Díaz adelantó entonces las elecciones acorralado el PSOE por este escándalo.

La mujer de Espadas aparece en el listado de 84 'enchufados', cargos socialistas y familiares, que denunció ante el juez el Sindicato de Funcionarios de Andalucía (SAF) y que se instruye en una pieza separada, desgranada por 'ABC', donde se indaga un presunto caso de nepotismo y red clientelar con esta fundación convertida en una agencia de colocación de cargos ligados al PSOE. En otra pieza, se investiga si el directivo de la Faffe Fernando Villén pagó hasta 32.000 euros en varias rondas en clubes de alterne con fondos públicos.

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Los datos aportados por las distintas portavoces de PP, Cs y Vox dejaron entrever en el Parlamento que hay “irregularidades” en el proceso selectivo que abrió la puerta a la mujer de Espadas, o al menos que el proceder “fue incorrecto” y no permitió que todos los andaluces concurrieran en igualdad de oportunidades, según sostienen estos partidos. El PSOE declinó hacer más valoraciones. En esa comisión de investigación, acreditado posteriormente por la documentación en manos de los grupos, se demostró que la oferta de empleo por la que Ibanco accedió a la fundación Faffe se hizo un 21 de enero de 2007 y se publicó en el periódico ‘El País’. Aunque la mujer de Espadas aseguró que había enviado un 'e-mail', el anuncio solo daba una dirección postal para enviar el currículo. El Servicio Andaluz de Empleo, directamente, llamó a varios candidatos para ser entrevistados el 25 de enero. Consta en la documentación que había 23 expedientes. El 31 de enero se informa de quiénes son los elegidos, cinco personas, todas vinculadas a cargos socialistas. El 1 de febrero se firmaron los contratos, aunque el anuncio decía que el proceso no concluiría hasta el 22 de febrero. Hubo una contratación posterior, una sexta candidata, que entró cuatro meses más tarde.

En 2007, Espadas era viceconsejero de Medio Ambiente. Un año después, sería consejero de Vivienda. En ese momento, era consejero de Empleo Antonio Fernández, condenado en el caso ERE a casi ocho años de cárcel por malversación.

Vox, a la Justicia

El PP no ha pedido la dimisión de Espadas, como sí ha hecho Vox. Tampoco la ha solicitado Cs, cuya portavoz, Teresa Pardo, añade que esas responsabilidades “ya las pedirán los andaluces en las urnas”. El partido naranja recuerda que la comisión de la Faffe “no ha acabado” y que el trabajo de los parlamentarios dejará acreditado que el PSOE “la convirtió en una agencia de colocación” para cargos socialistas y afines. “Vamos a seguir adelante hasta el final en esta comisión, pero no pediremos la dimisión de Espadas”, señala Pardo. “Que esa contratación estuvo llena de irregularidades ya quedó acreditado”, añade, “el suyo es un ejemplo más”.

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La comisión de investigación de la Faffe seguirá abierta, al menos —porque puede prorrogarse— hasta diciembre. Ya estuvo antes de las elecciones autonómicas y la convocatoria la disolvió. Están citados para comparecer patronos del organismo, ex altos cargos de Empleo, la expresidenta de la Junta Susana Díaz, los exconsejeros de Empleo Antonio Fernández y Javier Carnero, los extitulares de Hacienda Antonio Ramírez de Arellano, Carmen Martínez Aguayo y María Jesús Montero, actual ministra. Esta ya fue llamada dos días antes de las últimas generales, pero no acudió amparada en un dictamen de la Abogacía del Estado que decía que un Parlamento autonómico no podía solicitar la comparecencia de un cargo de su rango. Con todo, el Parlamento denunció por vía penal a la ministra y la Fiscalía archivó la denuncia. A día de hoy, según fuentes próximas a Montero, no ha recibido ninguna nueva citación.

“No vamos a hacer política carroñera. No vamos a personalizar en la mujer de Espadas, no vamos a poner a esta mujer en el escaparate porque sea ‘la mujer de’ cuando hay 500 que entraron como ella”, señalan fuentes del grupo popular. La orden de ‘fair play’ en este tema viene directamente del presidente Moreno. “Vamos a cargar muy duro en la comisión y en las conclusiones. El PP ha hecho un trabajo impecable, hay diputados que llevan años trabajando muy en serio en este tema y no vamos a dejar de demostrar lo que era la Faffe. La responsabilidad será del Gobierno que la contrató en un procedimiento claramente irregular, no de su mujer”, añaden fuentes de la formación.

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Pacto de no agresión

Este periódico ha sabido que hubo una llamada a Elías Bendodo desde el entorno de Espadas quejándose de que se hubiera metido a su mujer en la lista de comparecientes de la Faffe una vez que se ratificó que se presentaba a las primarias. Se consideró “una descortesía”. Acordaron “juego limpio”. Al líder del PSOE andaluz se le aseguró que no harían sangre con este asunto. La única salida hubiera sido que se ausentara y no hubiese ido a declarar, como ha ocurrido con otros cargos socialistas como los expresidentes Manuel Chaves o José Antonio Griñán. La mayoría ha declinado prestar declaración o directamente no ha acudido.

La solicitud de comparecencia de la mujer de Espadas la planteó Cs. “No había marcha atrás. No se podía arreglar de ninguna manera. Cuando se supo que venía, el PP trasladó que iba a hacer su trabajo, sin más, y así lo ha hecho”, trasladan fuentes del grupo parlamentario popular.

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A diferencia de la estrategia del PP, Vox va a por todas y ha exigido ya la dimisión de Espadas. Insisten en que hay responsabilidades políticas y no van a dejar de pedirlas, añadiendo que es “el vivo ejemplo de la corrupción socialista”. Fuentes de este partido explican que sus servicios jurídicos están estudiando si hay algún resquicio para llevar el caso de la mujer del líder socialista a los tribunales, aunque ya haya una pieza abierta. Además, aprovechan para acusar a los populares de amparar al PSOE, con quien este lunes se reunieron para empezar a negociar los Presupuestos. Hay un encuentro pendiente de Moreno y Espadas en San Telmo a expensas de las agendas de los dirigentes que podría ser a final de esta semana.

Desde el Partido Popular, defienden que “el trabajo lo han hecho ellos”, pero no van a “hacer esa política carroñera porque no hace falta”. El PP, en el Gobierno con Cs, admite que hay muchos trabajadores que accedieron en condiciones similares a esta técnica, con categoría E y un sueldo bruto de 1.800 euros mensuales, a quienes los tribunales han dado la razón y que se han integrado en el Servicio Andaluz de Empleo. Como no son funcionarios, no pueden realizar muchas tareas ejecutivas que son necesarias, generándose un grave problema de gestión revelado en la auditoría privada encargada por la Junta sobre este organismo. “Ellos no han obrado mal, el problema es del responsable político”, añaden fuentes populares, que admiten sus tiranteces con el partido de ultraderecha con este asunto. “Vox se queja de que les ocultamos información y no es eso. El PP ha hecho un trabajo muy serio y exhaustivo, durante años, y eso se va a ver en nuestras conclusiones de la comisión de investigación sin tener que poner el foco en esta señora. No podemos derivar la responsabilidad en los trabajadores”, zanjan.