BROTE DE LISTERIOSIS

Los dueños de La Mechá declaran que en febrero tiraron a la basura carne infectada

La jueza no cree esa versión y sostiene que comercializaron un lote envasado en diciembre de 2018 a pesar de saber que estaba contaminada porque hubo intoxicados en Huelva

Foto: El gerente de Magrudis, José Antonio Marín y su hijo mayor, Sandro. (EFE)
El gerente de Magrudis, José Antonio Marín y su hijo mayor, Sandro. (EFE)

Los dueños de Magrudis, en prisión provisional sin fianza, supieron el pasado febrero, seis meses antes de que estallara la alerta, que había carne mechada contaminada con listeria en un lote envasado el 20 de diciembre de 2018. En lugar de comunicarlo a las autoridades sanitarias, callaron y tiraron los lotes infectados a los contenedores de basura. Así lo confesó José Antonio Marín Ponce a su hermano en una conversación que se registró el pasado 12 de septiembre y a la que accedió la Guardia Civil, que había pinchado sus teléfonos.

El 'administrador de hecho' de Magrudis le confesó a su hermano que tenían conocimiento de que, al menos desde diciembre de 2018, la bacteria estaba en sus instalaciones”. “Le reconoce que es cierto que en febrero había habido una alerta y se la habían comunicado, que retiró el producto y ya está, porque eran muy pocos kilos y los tiró”. Así figura en el auto en el que la jueza Pilar Ordóñez acuerda prisión comunicada sin fianza para Marín Ponce y su hijo, Sandro Marín, a quien usó de testaferro y figura como administrador único de la empresa. Se les imputa un delito contra la salud pública, tres delitos de homicidio imprudente, dos lesiones al feto con resultado de aborto y lesiones por imprudencia grave.

El pinchazo de sus teléfonos permitió oír cómo contaba a su hermano que sabían de la bacteria desde diciembre pero "eran pocos kilos y los tiró"

La jueza no cree esta versión. Hay constancia documental de que ese lote envasado el pasado diciembre y contaminado con listeria fue “sin género de dudas” elaborado por las empresas investigadas y figura en una lista de distribución. “Ello implica que el producto nocivo para la salud de las personas fue puesto en el mercado”. “Si bien no imaginaban el resultado, sí tenían conocimiento de esa eventualidad y de la probabilidad de que el producto, una vez en el mercado, podía causar graves daños en la salud de los consumidores”. El auto subraya además que eludieron todas las obligaciones que les impone la ley. No comunicaron lo ocurrido a las autoridades sanitarias y los trabajadores que han prestado declaración aseguraron que no les avisaron de nada.

800.000 euros de coste sanitario

Como consecuencia de esa decisión de Marín Ponce, insiste el auto judicial, hay “en la provincia de Sevilla tres fallecidos, dos abortos, 65 personas ingresadas, de ellas 17 embarazadas de las cuales tres han sufrido parto prematuro, y 11 personas intoxicadas que no han requerido ingreso”.

Los dueños de La Mechá declaran que en febrero tiraron a la basura carne infectada

La jueza instructora estima que el coste para las arcas de la sanidad pública asciende solo en los hospitales sevillanos a “unos 800.000 euros”. Los detenidos ingresan en prisión por “riesgo de fuga”, dada la gravedad de los hechos que se les imputan y para “evitar la reiteración de hechos similares”. Si ya siguieron una vez vendiendo carne infectada con listeria, podrían seguir haciéndolo. “Con conocimiento al menos desde febrero de 2019 del positivo en listeria”, señala el auto, “continuaron fabricando y comercializando los productos, siendo conscientes de que algo fallaba en el proceso productivo”.

Los dueños de La Mechá pidieron las analíticas para salmonela y listeria el pasado febrero, según ellos mismos han confesado, porque “ya se habían intoxicado algunas personas en la provincia de Huelva como consecuencia del consumo del producto por ellos elaborado”. Tampoco consta que esto fuera comunicado a las autoridades sanitarias.

El laboratorio mandó un 'mail' con los resultados positivos para listeriosis el 22 de febrero de 2019. El 20 de agosto, cuando ya había estallado la alerta sanitaria, se volvieron a enviar los resultados de las analíticas a petición de Marín Ponce, pero “solicitó que les remitieran únicamente la negativa”. Trató de ocultar ese positivo.

El dueño volvió a pedir al laboratorio en agosto, cuando ya había estallado el brote, las analíticas, pero solo las que habían dado negativo

La operación Monocy, por la Listeria monocytogenes, ha sido llevada a cabo por la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente de la Guardia Civil e investiga las actividades ilícitas de “una trama organizada” que puso en la cadena comercial de alimentos para personas carne procesada infectada y no apta para el consumo humano.

El padre lo dirige todo

El auto judicial identifica con claridad que es el padre, José Antonio Marín Ponce, el verdadero propietario y que usó a sus hijos como testaferros porque “ha tenido otros negocios que generaron deudas que no le permitieron la continuación de la actividad mercantil”. Se señala también que además de Magrudis, que fabricaba La Mechá y estaba a nombre de Sandro Marín, en prisión, otro de sus hijos, de nombre Mario Marín, tenía otra empresa llamada Elaborados Cárnicos Mario SL, domiciliada en una nave contigua. Es el padre “quien dirige a sus hijos, esposa y empleados en su trabajo diario”. Todos, no obstante, se habrían enriquecido y actuado “en connivencia”.

El investigado principal tenía negocios relacionados con la industria cárnica desde 1993. Distintos trabajadores coincidieron en que era el jefe y que solo cuando él no estaba presente sus hijos “tomaban las riendas del negocio”.

La empresa responsable del brote de listeriosis se dio de alta en 2013, pero no obtuvo autorización sanitaria hasta 2015. Además, pidió autorización como almacén y para la elaboración de productos cárnicos “observándose que ello no coincide con el objeto social de Magrudis”. Solo constan dos actas de inspección, una en 2016 y otra en 2017. En este examen, la empresa pasó de tener categoría A, con una frecuencia de inspección cada seis meses, a categoría C, pasando a una frecuencia de supervisión de 12 meses a dos años. Los inspectores y la modificación de esta categoría era responsabilidad del Ayuntamiento de Sevilla.

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