sentencia en cádiz

Los hijos de la Duquesa Roja ganan la batalla por la herencia y el gran archivo cultural

Los tres hijos han logrado que un juez dictamine que su madre "regaló 56 millones de euros" del patrimonio familiar y su viuda deberá devolver parte de los bienes recibidos

Foto: La Duquesa Roja y sus tres hijos. (Vanitatis)
La Duquesa Roja y sus tres hijos. (Vanitatis)

La Audiencia de Cádiz ha dictado sentencia tras la reclamación de los hijos de la duquesa de Medina Sidonia contra su viuda, Liliane Dahlman, y la Fundación que esta regenta. El duque de Medina Sidonia gana una larga batalla judicial que tiene como principal legado el mayor archivo documental de Europa, ubicado en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).

Leoncio Alonso González de Gregorio, hijo mayor de la conocida como Duquesa Roja, ha logrado que un juez le dé la razón y considere que la fundación que creó su madre antes de morir y a la que desvió todo el patrimonio histórico familiar, lesionó los derechos de los herederos. Esa fundación permitió que recibieran a la muerte de su madre bienes por valor inferior a lo que les hubiese correspondido, según la sentencia.

El duque de Media Sidonia estimó su perjuicio patrimonial en más de 16 millones de euros. “Lo que la sentencia rectifica es que la duquesa regaló 56 millones de euros del patrimonio familiar, con 33,5 millones de euros en donaciones inoficiosas que deberán ser devueltas a sus herederos”, explica Eduardo Ferreiro,del despacho TalinFerreiro y abogado del duque, en declaraciones a El Confidencial.

La sentencia reconoce que la Duquesa Roja "regaló 56 millones de euros" del patrimonio familiar para perjudicar a sus hijos, según el abogado del duque

El juez considera que para restituir estos derechos los herederos deben aparecer como cotitulares en la fundación que ahora mismo regenta su viuda y rechaza que pueda subsanarse el daño mediante el abono de indemnizaciones. “La familia no se verá desposeída de un patrimonio al que se ha encontrado vinculada por más de veinte generaciones y los hermanos deberán entenderse con la fundación en todo lo referente a la gestión del mismo”, señalan los abogados del primogénito. “Son 26 generaciones de una misma familia las que han garantizado que el patrimonio se preserve”, añade Ferreiro.

El chalé de Atlanterra

La sentencia es muy dura contra la viuda de la conocida como Duquesa Roja. Los hijos de la duquesa denunciaron que había existido un “vaciamiento de bienes” escasas fechas antes del fallecimiento de su madre. Todas estas operaciones son anuladas. Liliane Dahlman deberá “reintegrar a la masa hereditaria los bienes recibidos” y unos inmuebles de los que disfrutaba en la urbanización de Atlanterra, en Tarifa (Cádiz).

En 1990 la duquesa creo una fundación a la que cedió todos los bienes de la familia. Entre otros, el palacio ducal de Medina Sidonia, en Sanlúcar de Barrameda, “valorado en 17 millones de euros”, según sus hijos. Contiene el mayor archivo histórico documental de Europa, seis millones de documentos. El más antiguo del siglo XII, 1159. Un tesoro de valor incalculable. 6.317 legajos que constituyen una joya única para conocer la historia de España y que, según coinciden los expertos, no estaría en peligro en ningún otro país europeo. Tras los muros del Palacio de los Guzmanes se guarda uno de los archivos históricos privados más importantes de Europa. Un patrimonio documental que se une a una colección artística de enorme valor, cuadros, tapices, muebles... y que se ha convertido en un botín por el que han peleado los tres hijos de Luisa Isabel Álvarez de Toledo, su viuda Liliane Dahlmann como presidenta de la Fundación Casa Medina Sidonia, con el apoyo público de la Junta de Andalucía.

En el Palacio de Sanlúcar se guarda un tesoro de valor incalculable. 6.317 legajos que constituyen una joya única para conocer la historia de España

Poco antes de morir, la duquesa, que tenía una pésima relación con sus hijos, cedió el control vitalicio y absoluto de la fundación y de todos sus bienes a su pareja sentimental, Liliane Dahlman, con quien después se casó 'in artículo mortis' apenas once horas antes de morir. Sus hijos siempre han dicho desconocer las circunstancias en las que se realizó ese matrimonio.

Los hijos de la duquesa, Leoncio Alonso, actual duque de Medina Sidonia, Pilar y Gabriel González de Gregorio Álvarez de Toledo reclamaron de la Justicia que se declarase la inoficiosidad de las donaciones porque “vulneraban la práctica totalidad de su patrimonio”. “En definitiva, lo que reclamaron los tres hijos y que les ha sido concedido por la Justicia es que tanto la viuda, como la fundación y las administraciones que participan en ella, reconozcan sus legítimos derechos hereditarios, en tanto la fundación constituida por su madre era y es un instrumento para desheredarles y que se reduzcan todas aquellas donaciones que exceden de lo que su madre podía ceder a terceros de forma gratuita”, señalan los abogados del duque tras ganar la batalla judicial. “Ahora los bienes tendrán cinco cotitulares, la fundación, la viuda de la duquesa y sus tres hijos, cada uno con el porcentaje que marque la ley”, aclara Eduardo Ferreiro. En la fundación también participa el Ayuntamiento de Sanlúcar, la Diputación de Cádiz, la Junta y el Ministerio de Cultura.

La sentencia, que se puede recurrir al Supremo, reconoce que la duquesa cedió sus bienes para "desheredar" a sus hijos y obliga a restituirlos

Los tres hijos de la famosa Duquesa Roja tasaron en 60 millones de euros el patrimonio en juego y reclamaron aproximadamente el 50% de la fundación en la que su madre depositó sus bienes. Un 11,3% por hijo excepto en el caso del primogénito, elevado hasta el 33,9% por el tercio de mejora. Una herencia de la que consideran que han sido ilegítimamente desposeídos. La única jurisprudencia en la materia era la sentencia sobre la Fundación Cela, que perdió la viuda del Nobel a favor de su hijo después de que el juez dictaminara que no se puede usar una fundación para desposeer a los herederos del tercio que les corresponde según el Código Civil.

El archivo no saldrá de Sanlúcar

La batalla judicial se convirtió en uno de los mayores pleitos por una herencia en España. La Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía se personó en la causa alineada con la viuda y ha perdido la batalla. Hubo hasta un plataforma ciudadana impulsada por una treintena de asociaciones locales y que contó con el respaldo público de escritores como Caballero Bonald, Luis García Montero, Almudena Grandes o Eduardo Mendicutti. La sociedad civil de Sanlúcar comenzó a movilizarse ante la incertidumbre sobre el futuro de unos bienes que consideran “indisolubles” y defienden que no salgan de la localidad gaditana. Reunieron más de un millar de firmas y lograron el respaldo del Defensor del Pueblo andaluz, el consistorio sanluqueño, la Diputación de Cádiz y la Junta de Andalucía.

La discusión en el fondo siempre ha sido algo absurda. El Palacio de los Guzmanes en Sanlúcar de Barrameda, y todas las obras de arte, libros y mobiliario que contiene, así como el archivo, gozan de la categoría de Bien de Interés Cultural inscrito en el Catálogo General de Patrimonio Histórico de Andalucía, con el máximo grado de protección. En el caso particular de los documentos que integran el Archivo Ducal de Medina Sidonia, además de gozar de la protección que les proporciona pertenecer indivisiblemente al Palacio declarado Bien de Interés Cultural, tienen específicamente la consideración de Patrimonio Documental de Andalucía. La tutela es del Gobierno andaluz, que tiene transferidas las competencias.

Eduardo Ferreiro, abogado del duque de Medina Sidonia, asegura que nunca ha habido ningún interés por deslocalizar o expoliar el patrimonio. “Se ha contado una historia de buenos y malos que no era verdad, con el interés de ganar apoyos y presionar a la Justicia. Nunca mi cliente ha tenido ninguna intención de sacar esos bienes de Sanlúcar pero ha habido gente muy interesada en divulgar esa gran falsedad para interferir en el pleito”, asegura el letrado. “La sentencia pone coto a una injusticia histórica”, agrega.

Cabe recurso al Supremo. Luisa Isabel Álvarez de Toledo era una mujer menuda y enérgica, como la recuerdan sus vecinos, que pagó con el exilio su lucha contra la dictadura franquista y que convirtió en casi una obsesión la recuperación y la protección de los documentos que descubrió en 1956 en un guardamueble de su familia en Madrid. Material que fue catalogando a mano durante años “con un tesón y una tenacidad increíble”, dicen desde su fundación. El retrato de la noble, fallecida en 2008 de un cáncer de pulmón fulminante a los 71 años, varía mucho según quien lo escriba. Quienes conocen su trabajo y el de su viuda, la alemana Liliane Dahlmann, discrepan, y mucho, del retrato de sus hijos. Desde el entorno de la fundación se había tejido una especie de cordón de seguridad hacia su viuda, que apareció en la vida de la duquesa en 1982. De ella aseguran que lejos de obtener beneficios de este patrimonio le cuesta dinero y ha destinado hasta el último euro de su familia para mantenerlo. Los herederos hablan de venta de tierras y de operaciones de ingeniería financiera para desposeerlos de sus derechos. Sea cual sea el relato, ahora la Justicia ha dado la razón a sus hijos.

Desde Guzmán el Bueno

El archivo tiene un valor incalculable. Es un testimonio de la historia desde que arranca el señorío de Sanlúcar con Guzmán el Bueno. Documentos de la Armada Invencible, dirigida por uno de los duques de Medina Sidonia, cartas que atestiguan el comercio con Venecia, el Norte de Europa o Túnez, relatos de la expulsión de los moriscos, testimonios de la tarea evangelizadora de América dirigida por los 17 conventos que llegaron a asentarse en Sanlúcar o cartas que sirvieron a Colón para saber de otras expediciones anteriores a la suya. El archivo guarda además testimonios únicos sobre la pesca de atún en el Estrecho y las almadrabas propiedad de la casa. Todavía hay un famoso dicho del que se hizo eco Cervantes y que se oye en la zona: “Voy a por atún y a ver al Duque”.

La Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía firmó a finales de mayo un convenio con la Fundación para la digitalización de parte del archivo.  Se trata de un proyecto con una inversión de 300.000 euros que se desarrollará entre 2018 y 2019.

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