El pueblo de Sanlúcar y la Junta se suman a la batalla por el legado de la Duquesa Roja
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un pleito de 60 millones de euros

El pueblo de Sanlúcar y la Junta se suman a la batalla por el legado de la Duquesa Roja

Alertan de que la pelea por la herencia de Luisa Isabel Álvarez de Toledo pone en peligro uno de los archivos históricos más importantes de Europa, declarado Bien de Interés Cultural

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Luisa Isabel Álvarez de Toledo.

Seis millones de documentos. El más antiguo del siglo XII, 1159. Un tesoro de valor incalculable. 6.317 legajos que constituyen una joya única para conocer la historia de España y que, según coinciden los expertos, no estaría en peligro en ningún otro país europeo. Tras los muros del Palacio de los Guzmanes en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) se guarda uno de los archivos históricos privados más importantes de Europa. Un patrimonio documental que se une a una colección artística de enorme valor, cuadros, tapices, muebles... que a partir del próximo 28 de septiembre se convertirá en el botín por el que pelearán de forma encarnizada los tres hijos de Luisa Isabel Álvarez de Toledo, su viuda Liliane Dahlmann como presidenta de la Fundación Casa Medina Sidonia y la Junta de Andalucía, cuya personación como parte perjudicada está siendo estudiada tras una invitación del juez, según ha podido ratificar El Confidencial. "En este momento el gabinete jurídico está estudiando si ha lugar a este procedimiento", informan desde la Consejería de Cultura.

Un pleito que los tres hijos de la famosa Duquesa Roja han tasado en 60 millones de euros y en el que reclaman aproximadamente el 50% de la fundación en la que su madre depositó sus bienes. Un 11,3% por hijo excepto en el caso del primogénito, elevado hasta el 33,9% por el tercio de mejora. Una herencia de la que consideran que han sido ilegítimamente desposeídos. Los abogados consultados admiten que será largo, acabará en el Supremo y advierten de la falta de jurisprudencia en la materia más allá de la batalla emprendida sobre la Fundación Cela, que perdió la viuda del Nobel a favor de su hijo después de que el juez dictaminara que no se puede usar una fundación para desposeer a los herederos del tercio que les corresponde según el Código Civil. “Es un caso idéntico”, defiende el abogado Nicolás González-Cuéllar Serrano, que representa a Pilar González de Gregorio, segunda hija de la duquesa. El letrado explica que la demanda reclama que se reconozca el derecho de propiedad sobre un porcentaje de esa fundación o a recibir una indemnización, en el caso de su clienta unos seis millones de euros.

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Lilianne Dhalman, presidenta de la Fundación Casa Medina Sidonia. (EFE)

La expectación es máxima y crece de forma proporcional al “temor” y el “desasosiego” que trasladan desde la plataforma ciudadana impulsada por una treintena de asociaciones locales y que ha contado ya con el respaldo público de escritores como Caballero Bonald, Luis García Montero, Almudena Grandes o Eduardo Mendicutti. La sociedad civil de Sanlúcar comenzó a movilizarse a finales de julio ante la incertidumbre sobre el futuro de unos bienes que consideran “indisolubles” y defienden que no salgan de la localidad gaditana. Han reunido más de un millar de firmas pero la verdadera batalla la están ganando frente a las administraciones, que hasta ahora miraban de reojo y sin implicarse. Han logrado el respaldo del Defensor del Pueblo andaluz, el consistorio sanluqueño, la Diputación de Cádiz y la Junta de Andalucía.

El secretario general de la Consejería de Cultura, Eduardo Tamarit, ya ha advertido públicamente de que “el Palacio de los Guzmanes en Sanlúcar de Barrameda, y todas las obras de arte, libros y mobiliario que contiene, así como el Archivo, gozan de la categoría de Bien de Interés Cultural inscrito en el Catálogo General de Patrimonio Histórico de Andalucía, el máximo grado de protección”. “En el caso particular de los documentos que integran el Archivo Ducal de Medina Sidonia, además de gozar de la protección que les proporciona pertenecer indivisiblemente al Palacio declarado Bien de Interés Cultural, tienen específicamente la consideración de Patrimonio Documental de Andalucía”, aseguran desde la Consejería que dirige Rosa Aguilar. La tutela, advierten, es del Gobierno andaluz, que tiene transferidas las competencias.

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La consejera de Cultura de Andalucía, Rosa Aguilar. (EFE)

El letrado González-Cuellar se muestra sorprendido con lo que considera “un intento de confundir” a la opinión pública a escasas semanas del juicio. “La demanda es totalmente compatible con la normativa estatal y autonómica que fija la función social de la propiedad o su catalogación como bien de interés cultural. No se trata de eso”, insiste. Nadie, aclara, quiere expoliar el archivo ni venderlo o deslocalizarlo. “Si la administración quisiera expropiar los derechos y declarar su titularidad pública solo tendría que pagar la justa compensación”, añade. La demanda reclama también los derechos sobre unos terrenos en Tarifa que fueron vendidos y cedidos a Liliane Dahlmann una vez ya constituida la fundación.

“Con los ojos del tío Gilito”

El pasado mes de marzo el Tribunal Superior de Justicia de Madrid prohibió a la Casa Alba subastar una carta de Colón tasada en 21 millones de euros que ya estaba en manos de Christie’s. El Ministerio de Educación y Cultura pidió frenar la venta. El episodio da esperanza a quienes defienden el interés público del archivo de la Casa Medina Sidonia aunque también sirvió, cuentan fuentes implicadas en el litigio, para “desatar la codicia” de los herederos que comenzaron a ver el archivo “con los ojos del tío Gilito”.

Empresarios, historiadores, escritores, intelectuales, gente relacionada con el mundo de la cultura o vecinos de la localidad que conocieron el trabajo de la controvertida noble se han unido para dirigirse al Parlamento de Andalucía, el Congreso y el Senado en un grito de auxilio. No entran en la complicada batalla judicial e incluso aseguran que si hubiera que indemnizar a los hijos deberá hacerse. Temen que el litigio quede sepultado por una jugosa historia con todos los ingredientes para convertirse en best seller del papel couché. Una aristócrata vividora, según el retrato de sus propios hijos, “mala madre”, dicen sus descendientes, a la que acusan de haber despilfarrado “en fiestas lésbicas” en París parte de la herencia familiar que les correspondía a sus hijos por designio de la bisabuela, Julia Herrera, condesa de Mortera, que denuncian que nunca les fue entregada.

“El archivo tiene un valor incalculable. Es un testimonio de la historia desde que arranca el señorío de Sanlúcar con Guzmán el Bueno“

Una mujer menuda y enérgica, como la recuerdan sus vecinos, que pagó con el exilio su lucha contra la dictadura franquista y que convirtió en casi una obsesión la recuperación y la protección de los documentos que descubrió en 1956 en un guardamueble de su familia en Madrid. Material que fue catalogando a mano durante años “con un tesón y una tenacidad increíble”, dicen desde su fundación. El retrato de la noble, fallecida en 2008 de un cáncer de pulmón fulminante a los 71 años, varía mucho según quien lo escriba. Quienes conocen su trabajo y el de su viuda, la alemana Liliane Dahlmann, con quien se casó in articulo mortis apenas 11 horas antes de fallecer posiblemente para blindar su legado, discrepan, y mucho, del retrato de sus hijos. Desde el entorno de la fundación se teje una especie de cordón de seguridad hacia su viuda, que apareció en la vida de la duquesa en 1982 y que rehúsa hacer declaraciones. De ella aseguran que lejos de obtener beneficios de este patrimonio le cuesta dinero y ha destinado hasta el último euro de su familia para mantenerlo. Los herederos hablan de venta de tierras y de operaciones de ingeniería financiera para desposeerlos de sus derechos.

Un trozo de historia desde Guzmán el Bueno

Una presunta hija ilegítima pelea también por la herencia de la familia aristócrata más importante de España tras la casa de Alba. Antonio Reyes, portavoz de la plataforma civil surgida en Sanlúcar, habla de la importancia de “concienciar a la ciudadanía y las administraciones” para que este patrimonio ni se divida ni se deslocalice. “El archivo tiene un valor incalculable. Es un testimonio de la historia desde que arranca el señorío de Sanlúcar con Guzmán el Bueno”, sostiene. Documentos de la Armada Invencible, dirigida por uno de los duques de Medina Sidonia, cartas que atestiguan el comercio con Venecia, el Norte de Europa o Túnez, relatos de la expulsión de los moriscos, testimonios de la tarea evangelizadora de América dirigida por los 17 conventos que llegaron a asentarse en Sanlúcar o cartas que sirvieron a Colón para saber de otras expediciones anteriores a la suya. El archivo guarda además testimonios únicos sobre la pesca de atún en el Estrecho y las almadrabas propiedad de la casa. Todavía hay un famoso dicho del que se hizo eco Cervantes y que se oye en la zona: “Voy a por atún y a ver al Duque”.

placeholder La duquesa de Medina Sidonia y Leoncio González de Gregorio y Martí.
La duquesa de Medina Sidonia y Leoncio González de Gregorio y Martí.

El ducado de Medina Sidonia cayó en desgracia cuando en 1640 el entonces duque participó en la conspiración que puso en jaque a Felipe IV aliándose con Portugal con la idea de separar Andalucía de la corona de Castilla. Tres siglos más tarde, Isabel Álvarez de Toledo se topó con cientos de documentos en Madrid, los trasladó al palacio de Sanlúcar, para el que en 1978 pidió la declaración de Bien de Interés Cultural. En 1991 puso en marcha una fundación que tiene siete patronos, su viuda, su hijo mayor, Leoncio González de Gregorio Álvarez de Toledo, la Universidad de Sevilla y cuatro administraciones, la Junta de Andalucía, el Ministerio de Cultura, la Diputación de Cádiz y el Ayuntamiento de Sanlúcar. El consistorio ha sido además demandado por los herederos a cuenta del Convento de la Merced, hoy auditorio municipal y cuya propiedad también reclaman como cautela en caso de que el juez no les dé la razón.

Cada uno de los hijos cuenta con un conocido bufete de abogados (Uría Menéndez, González Cuéllar y Javier Timmermans de Palma), aunque la demanda individual de cada uno de ellos fue interpuesta el mismo día y coincide en su contenido, corrobora uno de los abogados. Nadie quiere desvelar sus estrategias. Existe temor por la posibilidad de un “resquicio legal” que permitiría disolver la fundación debido a un error en su constitución en los 90. De hecho, existe otra demanda contra el despacho de abogados que redactó los estatutos y que estuvo capitaneado por Palacio y Asociados, liderado por la exministra Ana Palacio, según informan desde la plataforma ciudadana. Llaman también la atención sobre el hecho de que durante veinte años el hijo mayor de la duquesa formara parte del patronato de la fundación y no planteara ningún pleito. Las aportaciones de las administraciones públicas se han mantenido cada año aunque suponen un porcentaje pequeño del presupuesto anual de la fundación, cifrado en 400.000 euros. Entre las últimas asignaciones de la Junta o el Gobierno figuran 60.000 y 45.000 euros respectivamente. Una hospedería de nueve habitaciones y una cafetería abiertas en el palacio cubren parte de los gastos, sostienen desde la fundación. La digitalización de la mayor parte del archivo más importante de Europa sigue pendiente.

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