El Tribunal de Cuentas fiscalizará los 27 contratos a dedo en el Guadalquivir

El Tribunal de Cuentas (TC) fiscalizará los contratos a dedo en la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) entre los años 2012 y 2015. Fueron 39 y se elevaron a 27 millones de euros. El TC aprobó la semana pasada esta medida dentro de su plan de fiscalización para este año, en que también se incluyen los contratos tramitados como de emergencia y de urgencia en la Confederación del Segura, del Júcar y la Mancomunidad de los Canales de Tabilla entre los ejercicios de 2008 y 2017.

La confederación no abrió ni tan siquiera expedientes de contratación “para cosas tan peregrinas de emergencia como es la compra de vestuario, la vigilancia privada o la reparación de aires acondicionados”, subraya Antonio Hurtado, parlamentario del PSOE en el Congreso de los Diputados. “La fiscalización del Tribunal de Cuentas lleva consigo el informe de la Fiscalía y de Abogacía del Estado, lo que supone garantías para el caso de haber responsabilidades contables”, añade Hurtado.

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Aparte de los procedimientos a dedo, los contratos menores en la confederación entre 2013 y 2016 se elevaron a 413 (184 empresas) por un importe total de 9,6 millones de euros. Las tres empresas que se llevaron contratos por más cantidad fueron Copedi-Vélez Construcciones SL (14, por un total de 481.629 euros), Gis Gabinete Ingeniería Civil del Sur (17, por 366.865 euros) y Artemis Medio Ambiente SL (13 contratos por 318.679 euros). En cuatro años se contabilizaron empresas con hasta 17 contratos, lo que evidencia el fraccionamiento de los contratos de obras y servicios para hacer contrataciones a dedo mediante los contratos menores.

Fraccionamientos prohibidos

El ‘modus operandi’ de los contratos menores tuvo una especial incidencia en 2016. Solo entre abril y agosto de ese año la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir adjudicó 800.000 euros con este tipo de contratación. Y lo hizo mientras el Gobierno central de Mariano Rajoy estaba en funciones. Esta fórmula administrativa, como publicó este diario, puede producir fraccionamientos prohibidos por la normativa. Como especifica el artículo 86.2 del TRLCSP (texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público), no es posible dividir el contrato “con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que correspondan”.

En la plataforma de contratación del Estado se detectaron algunos contratos menores con idéntico o similar objeto, algunos incluso fueron adjudicados a la misma empresa y sumados superaron en numerosos casos el límite máximo de dinero que se puede adjudicar de forma directa: 50.000 euros en obras y 18.000 euros en otros conceptos.

Manuel Romero Ortiz, vinculado al PP de Granada, fue destituido como presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) el 25 de abril de 2017 tras conocer la Dirección General del Agua, dependiente del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, las irregularidades en su gestión que El Confidencial llevaba publicando en exclusiva desde julio de 2014, entre las que también figura el infliado en 900.000 obras de las obras de limpieza del río Guadalquivir a su paso por Córdoba. La Fiscalía y la Inspección de Servicios investigaron la adjudicación a Viguecons Estévez, la empresa amiga del ex comisario de Aguas.

Fuentes oficiales del ministerio destacaron que la destitución de Manuel Romero Ortiz se enmarcaba "en la habitual configuración de nuevos equipos al inicio de una nueva legislatura". Sus desavenencias con la directora general del Agua, Liana Ardiles, eran más que evidentes, como confirmaron diversas fuentes próximas a la confederación.

El ya expresidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que continúa en el organismo trabajando como jefe de Patrimonio, mantenía una excelente relación con los delegados del Gobierno en Andalucía. Tanto con Carmen Crespo, ahora portavoz del Parlamento de Andalucía, como con Antonio Sanz, el actual representante del Ejecutivo de Rajoy en la comunidad autónoma. Antonio Ramón Guinea, ingeniero jefe de la confederación en Córdoba, es desde el pasado mes de abril el número uno del organismo estatal.