Guadalquivir: el vestuario del personal o climatizar sedes son obras de “emergencia”
  1. España
  2. Andalucía
25 MILLONES DE EUROS EN TOTAL

Guadalquivir: el vestuario del personal o climatizar sedes son obras de “emergencia”

Las obras de emergencia solo se pueden adjudicar para catástrofes. El presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir dio 25 millones saltándose la ley de contratos del Estado

placeholder Foto: Un crecido Guadalquivir a su paso por Córdoba. (Efe)
Un crecido Guadalquivir a su paso por Córdoba. (Efe)

Suministrar el vestuario del personal o climatizar el edificio de la sede de Granada resultan obras de emergencia para el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Manuel Romero Ortiz. Estas son las adjudicaciones más sorprendentes entre los 24,7 millones de euros concedidos por Romero entre 2012 y 2014 saltándose el artículo 113 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público que especifica que la obras de emergencias solo se pueden efectuar para “acontecimientos catastróficos, situaciones que supongan un grave peligro o defensa nacional”.

Esta supuesta adjudicación ilegal del presidente de la Confederación no reunía las condiciones para ser tramitada por el procedimiento de emergencia porque incumple los requisitos establecidos en la Ley de Contratos, esto es, remediar de manera inmediata la situación sobrevenida por acontecimientos catastróficos o situaciones que supongan un grave peligro. La Junta Consultiva de Contratación Administrativa Estatal en su Acuerdo del 20 de junio de 2003 establece que la tramitación de emergencia debe limitarse a lo “estrictamente indispensable en el ámbito objetivo y temporal para prevenir o remediar los daños derivados de la situación de emergencia”.

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir no ha realizado ninguna contratación por el procedimiento de urgencia en los años 2012, 2013 ni 2014, según la contestación del Gobierno del pasado 31 de marzo al diputado socialista Antonio Hurtado en respuesta a las preguntas formuladas por este parlamentario cordobés y que figuran en el Boletín Oficial del Congreso de los Diputados del pasado 10 de marzo.

“Merma o eliminación”

Según indicó a El Confidencial un ingeniero especializado en este tipo de actuaciones, la tramitación de emergencia (concretamente 12 de un total de 18) supone en todos los casos “una merma o eliminación de los principios de publicidad y libre concurrencia, además de realizarse otras actuaciones que aunque sean necesarias para completar la actuación acometida por la Administración no tienen carácter de emergencia con lo que debieron contratarse con arreglo a la tramitación ordinaria regulada en la legislación vigente”.

El importe de la actuación del suministro de emergencia de vestuario al personal laboral de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir fue de 170.000 euros en el año 2012 a través de la empresa Iturri Group. La reforma de la instalación de la climatización de la sede de la Confederación en Granada, de donde procede Romero Ortiz, vinculado al PP de esta provincia, se eleva a 300.000 euros y se adjudicó por este procedimiento a Solar Jiennense en 2013, el año con más obras de emergencia (un total de ocho) entre las que destacan los cinco millones de euros en obras para la mejora del dominio público hidráulico.

La polémica adecuación y recuperación del cauce del río Guadalquivir a su paso por Córdoba que costó 1,8 millones de euros también forma parte del lote de 2013. La Fiscalía y la Inspección de Servicios analizan la adjudicación a Viguecons Estévez, la empresa amiga del comisario de Aguas de la Confederación, Rafael Álvarez Giménez. Fuentes de la Confederación cifran el sobrecoste de esta obra en 900.000 euros, según las tarifas aplicadas por Tragsa, empresa pública dependiente de la SEPI.

Ni un euro a Tragsa

En la relación de obras de emergencia sorprende que se adjudicaran todas a empresas privadas y ninguna a Tragsa. Y eso que esta empresa ofrece “una especial prioridad” a los trabajos que sean urgentes o que se ordenen como consecuencia de las situaciones de emergencia que se declaren”, como figura en la Disposición adicional vigésima quinta. Régimen jurídico de Tragsa y de sus filiales del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

En 2014 la constructora San José se benefició de una adjudicación por este procedimiento para la mejora de la seguridad vial de la red de camino de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en Córdoba por un valor de 1,1 millones de euros. La actuación de emergencia de servicios mínimos para el mantenimiento y conservación de la red automática de información hidrológica (SAIH-SAICA-ROSA), el sistema para prevenir inundaciones, se adjudicó por 800.000 euros a la UTE formada por Isotrol y Typsa, como adelantó El Confidencial el 28 de julio de 2014. El dueño de Isotrol, José Luis Calvo Borrego, es pareja de la exparlamentaria Carolina González Vigo, natural de Granada, y “vieja amiga” del presidente, como él mismo reconoció a este diario.

'Las necesidades que se pretenden cubrir no son sobrevenidas sino más bien al contrario, se conocen desde hace tiempo', apuntan fuentes del sector

“Las necesidades que se pretenden cubrir no son sobrevenidas sino más bien al contrario, se conocen desde hace tiempo", apuntan fuentes del sector a este diario. Y para ello ponen el ejemplo de los 750.000 euros concedidos a la empresa Nacimiento como “reparación urgente” de la pantalla asfáltica de la presa de Martín Gozalo, en contacto, con el plinto, en el término municipal de Montoro (Córdoba).

La emergencia no estaba justificada: la fuga de agua apareció por fisuras en la capa asfáltica que ya fueron localizadas en el año 1987. En marzo de 2003 el Consejo de Ministros aprobó la realización de obras de emergencia para reparar la pantalla del aglomerado asfáltico de la presa, por un presupuesto de 667.000 euros. "Aquí es evidente que el problema de la presa se conoce desde hace tiempo y no se trata de una situación sobrevenida. La declaración de emergencia por segunda vez queda en duda puesto que, una y otra vez, se lleva actuando sobre las fugas de agua". Y añaden estas mismas fuentes: "La tramitación por el procedimiento de emergencia exige que la actuación se realice de manera inmediata, debiendo comenzar dentro del plazo de 1 mes desde su declaración como emergencia. En este caso hubiera sido necesario la redacción de un proyecto para dar solución definitivamente al problema".

Tragsa Andalucía Adjudicaciones del Guadalquivir
El redactor recomienda