RADIOGRAFÍA POLÉMICOS CASOS MEDIÁTICOS

Medios, abogados, jueces, fiscales y Policía ponen en riesgo el 'honor de los inocentes'

Ángel Rodríguez, catedrático de Derecho Constitucional, publica una exhaustiva obra de 661 páginas sobre los límites a la libertad de expresión relacionados con la Justicia

Foto: Ángel Rodríguez. (Colegio de Abogados de Málaga)
Ángel Rodríguez. (Colegio de Abogados de Málaga)

La pena del Telediario. Los juicios paralelos. Y 'El honor de los inocentes', título del libro de Ángel Rodríguez, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Málaga. Este profesor, exletrado de la Corte Costituzionale italiana y ‘visiting scholar’ en la Harvard Law School, disecciona estos límites a la libertad de expresión explicando jurisprudencias y casos mediáticos. Todo en una exhaustiva obra de 661 páginas (editorial Tirant lo Blanch) que sirve para estudiantes de Derecho, Periodismo, juristas y periodistas. Al final ha interesado hasta al ministro de Justicia, Rafael Catalá, que lo presentó el pasado miércoles en el Colegio de Abogados de Málaga.

Relata Rodríguez cómo los medios de comunicación, abogados, jueces, fiscales y Policía ponen en riesgo el honor de los inocentes. Y los periodistas intentan publicar exclusivas que proceden de una filtración interesada de alguna de las partes implicada en un proceso judicial. “No digo nada si el asunto afecta a un político. Ahí el interés público es más que evidente, como se refleja en la doctrina del Tribunal Constitucional. El problema es publicar sobre alguien acusado de algún delito, pero sin sentencia firme, y que no tiene relevancia pública. Ahí debería haber regulación”, subraya en una entrevista concedida a este diario en su despacho de la Facultad de Derecho de la UMA.

Dolores Vázquez. (EFE)
Dolores Vázquez. (EFE)

Hay casos controvertidos como los de Alcàsser (1992), Arny (1995), Wanninkhof (1999, con la inocente Dolores Vázquez) o los atentados de Madrid (2004). “Todos ellos ponen de relieve que la relación entre la libertad de expresión y el correcto funcionamiento de la justicia está lejos de ser armónica o con difusión de informaciones o la expresión de opiniones que ponen en riesgo el derecho a un proceso justo y con todas las garantías”.

Se trata de una obra heterodoxa. No solo porque se citan estos casos explicando detalles periodísticos (cómo se enfocó una información y el medio que la publicó), sino porque los medios son “un 'lobby' poderoso”. “Todo lo que sea, siquiera insinuar, que hace falta un poco de control, enseguida provoca que algunos salten con que es censura, pero las culpas están repartidas muy equitativamente”.

“No es una historia de buenos y malos”

Rodríguez pone de relieve cómo en asuntos con gran relevancia mediática la responsabilidad no reside de manera exclusiva en los medios. “Muchas veces, ni siquiera en ellos”, apunta. En uno de los capítulos, ‘La defensa mediática’, explica la estrategia de los letrados ante los medios de comunicación y los poderes públicos. “Hay que distinguir cuando los medios se extralimitan en su labor de informar sobre temas que están pendientes de resolución judicial y cuando los medios son utilizados como un instrumento de la estrategia procesal de la Fiscalía, Policía o las defensas”, explica. “Esto no es tan sencillo; no es una historia de buenos y malos”.

Una de las partes más sensibles es la publicación de información que figura en un sumario y que está bajo secreto judicial. Alberto Ruiz-Gallardón, exministro de Justicia, abogaba incluso por perseguir a los periodistas que revelaran datos de un proceso. “Nuestra ley sigue diciendo que el sumario es secreto hasta que comienza el juicio oral y hay una confusión generalizada entre el levantamiento del secreto de sumario, lo que en Derecho se conoce como el secreto interno [esto es, para las partes]. Pero el sumario sigue siendo secreto para los que no son partes. Es una forma totalmente en desuso, no se aplica. La interpretación generalizada es que se publica entero”, señala.  

Alberto Ruiz-Gallardón. (EFE)
Alberto Ruiz-Gallardón. (EFE)

El Tribunal Constitucional avaló en parte que el secreto de sumario solo de por sí no podría justificar que no existiera libertad de expresión. Ahora bien, el catedrático plantea recuperar el secreto de sumario, pero no como se formula ahora, lo que es ”inaplicable”. “Si los medios están solo pendientes de las partes del sumario que se filtran, evidentemente la filtración nunca será inocente. Se hará lo que interesa a una determinada parte procesal. En España somos una excepción al resto de Europa”, remarca. En Reino Unido, por ejemplo, no se pueden desvelar las actuaciones judiciales. Solo se puede informar de las sesiones de un juicio.

El secreto sumarial externo

El catedrático considera que en el ordenamiento jurídico español debería fortalecerse el despliegue del secreto sumarial externo (es decir, no para las partes), fundamentándolo exclusivamente en la protección de los derechos de las personas investigadas y sometiéndolo a una declaración expresa de secreto por parte de la autoridad judicial. El secreto externo, argumenta Rodríguez, debería respetar siempre el principio de proporcionalidad y vincularía también a los medios de comunicación.

¿Y cómo se fundamentaría de un modo práctico este argumento jurídico? “Afectaría, durante algunas fases de la investigación, al resultado de diligencias que supongan una invasión formal en la intimidad de los investigados [como las intervenciones en sus comunicaciones o los registros en sus domicilios], a sus antecedentes penales o policiales y, en determinadas circunstancias, a su propia identidad personal”.

Rodríguez, junto a su libro. (Foto: Agustín Rivera)
Rodríguez, junto a su libro. (Foto: Agustín Rivera)

El problema es que hay todo un uso mediático paralelo al desenvolvimiento de los cauces procesales que se encuentra “total y absolutamente falto de regulación, y no se puede decir como excusa que hay libertad de expresión. Claro que la hay, pero ¿cómo es posible que un abogado solamente pueda presentar un escrito y decir una determinada cosa, cumpliendo determinado requisito, y pueda ser sancionado si no lo hace de determinada manera, y en cuanto sale del juzgado se vaya a un medio de comunicación? Aquello es totalmente la selva”.

Más autorregulación de los medios

El catedrático, que aboga por más autorregulación de los medios, destaca que hay asuntos de interés público que por el tipo de delito y las personas que están involucradas conlleva una relevancia pública antes de que se judicialice. “Ahí no hay más remedio que una mayor transparencia y libertad de expresión. Y no me refiero al sumario del caso Bárcenas o las escuchas de Rita Barberá, estoy hablando de hechos presuntamente delictivos y de personas que de repente ven que su honor o intimidad salta por los aires y está en la portada de todos los medios de comunicación”.

Rodríguez recuerda la portada del diario 'ABC' ('La mirada del asesino': se demostró que el presunto asesino era inocente) o el de la última semana, el periodista belga, el supuesto terrorista de los atentados de Bruselas. El misterioso hombre del sombrero. “Ahí la rectificación es imposible, incluso en medios solventes y nada amarillos, cuando publicas: ‘Se ha capturado al tercer terrorista del aeropuerto de Bruselas’ y cuando se le pone en libertad se dice: ‘Queda libre por falta de pruebas’. ¿Qué significa eso? ¿Cómo lo interpreta el ciudadano medio? Pues que es una pena que no se ha podido probar que es terrorista. No que es libre porque es inocente”.

Un poder público tiene que ser un celoso guardián de los derechos a la intimidad y el honor de las personas investigadas, y la función del periodista es informar

Hay una doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que el Tribunal Constitucional no ha aplicado por completo que distingue el papel de los medios de comunicación del de las autoridades públicas. “Claro, no es lo mismo que un diario publique el sospechoso de los atentados y se haga con la imagen. Cree que tiene que darlo. Otro problema es que sea la propia Fiscalía quien filtre la noticia. Un poder público tiene que ser un celoso guardián de los derechos a la intimidad y el honor de las personas investigadas. Y la función del periodista es informar. El problema es cuando están los papeles trastocados. Una vez que la Policía ha capturado a una persona, lo que no se puede es difundir una imagen por propaganda policial”.

La grabación del interrogatorio de la Infanta

El principio de publicidad procesal, pensado como garantía del justificante para que la Justicia se realice siempre de cara al público, cuenta ahora con ciertas disfunciones, como advierte el catedrático de Derecho Constitucional. Se queja de cómo la Policía avisa que se va a detener a un alcalde y que cuando a este se le detiene estén allí todos los medios. “Me parece muy bien que si un medio tiene una exclusiva, su obligación sea publicarla, pero el fiscal o el policía están inhabilitados. No se incentiva el registro de llamadas o de correos electrónicos. Solo ocurre en casos excepcionales, como al abogado que consigue grabar con un móvil el interrogatorio de la Infanta ante el juez. Es un caso único”.

“Ahora todo es un canto a la transparencia, e inmediatez”, relata, “a que no haya nada oculto, discreto, secreto. Esa es la filosofía imperante, pero eso produce ciertos desequilibrios. Está muy bien que haya medios que destapen hasta la última cloaca del Estado, pero a nadie se le escapa que hay funciones estatales que tienen que llevarse a cabo, en algunos aspectos al menos durante un tiempo, al margen de los medios. Si los dos están en el mismo bando, el que pierde es el justiciable. ¿Cómo voy a declarar lo mismo en un interrogatorio si sé que a los cinco minutos eso va a estar en el Telediario?”.  

La infanta Cristina declara en el juicio del caso Noós. (EFE)
La infanta Cristina declara en el juicio del caso Noós. (EFE)

El libro también explica el problema de informes de la Policía o de la Guardia Civil publicados en los medios de comunicación como una ley irrefutable y que al final son incorrectos. O inexactos. O incluso falsos, supuestamente no a sabiendas, sino por una negligencia en la investigación policial. “En ese caso, el medio tiene la obligación de contrastar una fuente, pero cuando esa fuente procede de una información oficial, el contraste es menos estricto”, admite. Y pone otro ejemplo. También real. “Si soy fiscal y voy a imputar, al iniciar una investigación sobre el yerno del Rey hay que ser muy íntegro para no hacerlo si no tengo un apoyo mediático que lo convierta en un escándalo, pero esto se está convirtiendo ya en una carrera de a ver quién saca más… No es buen periodismo que los periodistas se plieguen al 'show' de las autoridades públicas”.

Ángel Rodríguez analiza en el libro los pleitos de José María García contra Pablo Porta, José Luis Roca o Ramón Mendoza y cómo el insulto siempre figura como el “límite” a la libertad de opinión. “Cuando hablamos de tema ‘sub iúdice’ no se trata de que puedas opinar, hay cosas que no puedes ni debes decir. El límite a la libertad de opinión es predeterminar la culpabilidad. El único límite es lo vejatorio, el insulto, pero no puedes predeterminar la culpabilidad. Hay un riesgo a un juicio justo”. Y recuerda cuando el entonces presidente José Luis Rodríguez Zapatero, en mayo de 2007, anunció en un mitin que se iba a detener a Isabel Pantoja. “Estamos confundiendo los términos”, remató. 

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