El periodismo, la justicia y una confesión de 600 euros

“Son como los matones de patio de colegio, que se aprovechan de los más débiles”. Mariano García Zabas, abogado madrileño de Isabel García, la mujer del presunto asesino de la niña Mari Luz, retrata con esta descripción al equipo de Tele 5 dirigido por Ana Rosa Quintana que forzó una supuesta confesión en televisivo directo de la testigo. “Es una mujer enferma de esquizofrenia y que tiene una minusvalía declarada del 65%. Ellos lo sabían y por eso la presionaron”. Coincide el escritor y ex abogado Lorenzo Silva, quien tacha de nauseabunda la cobertura que Ana Rosa y Tele 5 han dado del caso. “No entiendo cómo han forzado tanto la mano, interfiriendo de esa manera en momentos cruciales de la investigación y del juicio, y máxime cuando hablamos de una persona con evidentes limitaciones. Que la implicada tenga un cociente intelectual de 48 es un dato lo suficientemente relevante como para abstenerse de llevar a cabo ciertas actuaciones”.

Según el abogado García Zabas, la mala práctica de Tele 5 va bastante más allá de presionar a una discapacitada en una entrevista, toda vez que “organizaron un acoso planificado para obtener una confesión ante las cámaras”. Según Isabel García, “varios periodistas estuvieron a su lado permanentemente durante diez días, en Sevilla y en Madrid. La alojaban en buenos hoteles (ellos dormían en habitaciones contiguas) y la llevaban a restaurantes. Es algo que no se entiende si sólo quieres hacer una entrevista. Si ese es el propósito, la llevas al plató y hablas con ella y no te tiras diez días a su lado, con varios periodistas haciendo turnos, llevándola de acá para allá”.

Tras varios días de “acompañamiento” fuera de la capital, asegura García Zabas, “se desplazaron hasta una población cercana a Madrid donde reside un antiguo novio de Isabel García al que ella quería ver, siempre bajo vigilancia del equipo de Tele 5”. El día fijado para la entrevista, de camino al plató, “paran el coche en un parque, la hacen bajar, y empiezan a coaccionarla para que hable. Y cuando está a punto, en lugar de meterla de nuevo en el automóvil y llevarla a los estudios, conectan en directo desde allí. La amenazan y la coaccionan apelando a todo para lograr arrancarle una confesión de lo que entienden ellos que es la verdad. Y para colmo, la prometieron 600 euros por la entrevista que nunca llegaron a abonar”. La entrevista acabó con Isabel García en comisaría para declarar judicialmente tras las declaraciones realizadas y con Tele 5 atribuyéndose el mérito de haber hecho “cantar” a una asesina.

En el debate público que se estableció casi de inmediato, hubo quienes disculparon las acciones de la cadena de Fuencarral porque, a pesar de los procedimientos, realizaron una tarea socialmente beneficiosa al establecer la verdad sobre un asesinato. Sin embargo, señala García Zabas, nada de esto es cierto. En primer lugar, porque, “Tele 5 no puede atribuirse funciones estatales, que pertenecen a policías y tribunales, en sus supuestas investigaciones periodísticas. Ha de tener muy claro dónde está la frontera, y la cadena la traspasó repetidamente”. En segunda instancia, tampoco se ha aportado ningún dato relevante al juicio principal. “Hablamos de una mujer que ha prestado cinco declaraciones distintas, todas ellas variaciones sobre un núcleo común. Y esta es básicamente similar a las anteriores. Tan es así, que el presidente de la sala de la audiencia de Huelva donde se enjuicia a Santiago del Valle, ha dicho que las declaraciones de Isabel no les han hecho reconsiderar nada. De modo que esa entrevista tan maravillosa e impresionante no ha tenido jurídicamente ninguna trascendencia. Todo ha sido un circo montado por Tele 5”.

El punto que queda por aclarar, señala el abogado, es dónde estaban los policías que custodiaban a Isabel García. “Dado que se entendía que su vida podía correr peligro, habían sido asignados dos agentes para su protección. La acusada dice que los agentes estaban al tanto de lo que hacía Tele 5 y la cadena no ha respondido cuando se le ha preguntado sobre ello, lo que hace que se planteen muchas dudas”.

El tratamiento de los temas jurídico-penales

En todo caso, la actuación de Ana Rosa Quintana hace que vuelva a cuestionarse el tratamiento que están dando los medios de comunicación, especialmente las televisiones, a los temas jurídico-penales. Para Silva, la información que los medios proporcionan “es habitualmente lamentable. No en todos ellos, pero sí de manera muy señalada en algunos”. Según el novelista, hay una parte que es excusable, toda vez que, “para investigar un delito es imprescindible contar con el tiempo necesario para profundizar en todas las versiones, examinar las pruebas correctamente y valorar los hechos con cierta prudencia. Y el periodista carece de ese tiempo”. Lo que sí resulta intolerable, señala Silva, es que “muchos medios entren en estos temas como elefantes en una cacharrería por la audiencia. Detrás de esas actuaciones sólo hay dinero, y eso no lo puedo aprobar”.

Carlos Saiz, socio responsable del área Penal de Gómez-Acebo & Pombo, entiende que es difícil enjuiciar de manera unívoca la tarea que desarrollan los periodistas cuando tratan temas penales, aunque, como tendencia general, reconoce “que suelen faltar datos en sus artículos, lo que a veces deriva en conclusiones que no son acertadas. Esa información inexacta tiene que ver, con mucha frecuencia, con que las fuentes del periodista nos son directas, ya que no tienen un conocimiento de primera mano de los documentos y declaraciones del proceso. Suelen informarse a través de testigos, imputados o abogados, pero esa no es información de primera mano, y por lo tanto es menos fiable”.

En opinión de Suárez, quien no cree que exista en general falta de ética en el periodismo, uno de los problemas más preocupantes “es la inobservancia del secreto de las actuaciones sumariales, que no deberían trascender en ningún caso a la prensa” y que están más mucho presentes en los medios de lo que sería conveniente. Como consecuencia, asegura Ninfa Watt, profesora de Ética y Deontología profesional en la Facultad de Comunicación de la Universidad Pontificia de Salamanca, “se acaban creando juicios paralelos a partir de datos nada fiables”.

Recuerda Watt el caso del falsamente acusado de violación Diego Pastrana, un inocente que hubo de sufrir las iras de su entorno, mediáticamente azuzadas (“Incluso el cámara que le estaba grabando animaba a gente de la calle a que le increpara”) hasta que se comprobó que nada de verdad había en tales acusaciones. Para Watt, los medios suelen utilizar resortes emocionales para desprestigiar a personas a las que no pueden atacar directamente. “Hemos visto cómo, especialmente en la política, se filmaba a personas a las que llevaban esposadas a declarar ante el juez. Después se demostraba que eran inocentes, pero ese baldón ya no se lo podían quitar”. Estamos, pues, ante prácticas altamente perjudiciales, asegura Watt, toda vez que, “cuando se espectacularizan las noticias, se acaba traspasando la frontera entre la información y la ficción y eso destroza nuestra profesión. Hay veces que el prestigio de muchas personas queda tan tocado que te preguntas dónde queda el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen”. Por eso insiste en que deben ponerse límites a este tipo de actuaciones, “porque si no, no se hace otra cosa que manipular al espectador, ya sea por motivos económicos o ideológicos”.

Para Enrique Gil Calvo, catedrático de sociología de la Universidad Complutense, “este es el desideratum de la industria mediática: no transmitir sino transformar la realidad. Y eso es lo que intentan hacer los periodistas megalómanos (como PJ o AR): no ser fieles a la realidad, sino transformarla creando la suya propia. Y así ha ocurrido cuando en el escenario teledirigido de Ana Rosa se ha recreado un nuevo veredicto, desmintiendo al tribunal”.

En todo caso, esta parece, apunta Gil Calvo, la función característica de los nuevos medios de comunicación, “la creación de espectáculos performativos (performances), que al poner en escena un montaje mediático (una representación ficticia o teatral) crean una nueva realidad social”. El problema es que, al actuar así, “la justicia queda desautorizada, y sus veredictos ya no inspiran confianza al quedar desacreditados por las performances mediáticas. Ya nadie cree en las resoluciones judiciales, que parecen tan manipuladas y sectarias como los montajes mediáticos.

El público interpreta los procesos judiciales como si fueran performances mediáticas, creyendo que sus actores son a la vez juez y parte. De ahí que la justicia parece hoy tan tendenciosa como los montajes de PJ o AR”. Y eso explicaría “que los electores no tengan inconveniente en reelegir a los gobernantes imputados por corrupción, dado que los jueces que les imputan son a su vez sospechosos de manipulación. Pero cuando la justicia se convierte en una farsa en la que nadie puede creer, la realidad social degenera en el reino de la impunidad generalizada”.