Tres ex altos cargos afrontan la mayor reclamación de los ERE: 64 millones

Tienen nueve días desde el pasado jueves para personarse ante la reclamación por un presunto alcance contable de 64,3 millones de euros abonados de forma supuestamente ilegal en ‘sobrecomisiones’ pagadas a las aseguradoras que se hacían cargo de los Expedientes de Regulación de Empleo sufragados con fondos públicos. Una nota en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y el Boletín de la Junta de Andalucía (BOJA) daba cuenta el día 12 de noviembre del proceso, suscrito por el Gobierno andaluz y abierto por el Tribunal de Cuentas a iniciativa del PP, contra tres de sus ex altos cargos imputados en la trama de los ERE. “En este Tribunal se sigue un procedimiento por un presunto alcance en los fondos públicos de la Junta de Andalucía por importe de sesenta y cuatro millones trescientos sesenta y dos mil ochocientos dieciocho euros con cuarenta y dos céntimos (64.362.818,42 €)”, informa el edicto.

El procedimiento abierto por el Tribunal de Cuentas, que llevó a dictar el pasado 24 de septiembre una providencia de reintegro de 64,3 millones de euros en una reclamación a los tres exdirectores generales de Trabajo de la Junta, sigue su cauce administrativo y enfila su recta final. El siguiente paso, según fuentes de la administración autonómica, será la celebración de una vista oral contra los ex altos cargos señalados. La Consejería de Empleo suscribe y forma parte de esta reclamación, según aclararon desde el Gobierno andaluz. La Junta se sentará frente a sus exresponsables de la Consejería de Empleo para reclamarles 64,3 millones de euros en comisiones a las aseguradoras. Una cantidad que se deberá sumar a las otras dos reclamaciones abiertas sobre ayudas directas a empresas, por la que se reclama 47 millones de euros, y una tercera sobre las ayudas sociolaborales de los ERE, aún sin resolver y que podría disparar estas cantidades.

La Junta exigirá a sus exresponsables de la Consejería de Empleo 64,3 millones de euros, que se deberá sumar a las otras dos reclamaciones en marcha

El Tribunal de Cuentas ya ordenó el pasado mayo el embargo de bienes de estos tres exdirectores generales imputados en los ERE. Se bloquearon sueldos y se embargaron viviendas y vehículos. En contra del criterio del PP y de las alegaciones presentadas por algunos abogados, como en el caso de Guerrero, el órgano fiscalizador del Estado no subió un peldaño para señalar a los responsables de este supuesto alcance contable. Los exconsejeros de Empleo y Hacienda, que sí están imputados por la juez Mercedes Alaya, o los expresidentes de la Junta, imputados por el Tribunal Supremo, no son considerados responsables en el menoscabo de fondos públicos. Una teoría a la que se abona el Gobierno andaluz, que se suma a cargar toda la responsabilidad en el escalafón de la Dirección General de Trabajo.

No todos deberán asumir la misma cantidad. La mayor reclamación recae sobre Francisco Javier Guerrero, que deberá responder sobre el pago de 46,2 millones de euros a las mediadoras de los ERE. Guerrero fue director general de Trabajo desde 1999 a 2008, con el beneplácito de tres consejeros, Guillermo Gutiérrez, José Antonio Viera y Antonio Fernández. Es considerado uno de los imputados clave en la trama y ha pasado por prisión en dos ocasiones. El exdirector de Trabajo volvió a declarar de forma voluntaria a finales de octubre ante la nueva juez instructora del caso, María Núñez Bolaños. Volvió a defender al legalidad del sistema de los ERE utilizando como argumento la normativa estatal y las ayudas de la misma naturaleza repartidas por el Ministerio de Trabajo. Además volvió a apuntar más arriba y confirmó en sede judicial que en 2005 había acudido a una reunión con la exconsejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, y otros altos cargos, donde aseguró que se trataron los desfases presupuestarios ocasionados por los ERE para concluir que “no había ilegalidades”.

La situación económica de Guerrero es supuestamente de bancarrota. Afronta una fianza de responsabilidad civil de 686,19 millones de euros y tiene todos sus bienes embargados. La juez Núñez Bolaños resolvió el pasado julio devolverle 18.000 euros de su salario que habían sido embargados por su antecesora. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía le dio la razón en su reclamación contra la Junta y ordenó su reingreso como funcionario autonómico. Debe cobrar parte de su salario, está suspendido en funciones, trienios, pagas extras y ayuda familiar. Al margen de esto, no se le conocen más ingresos. Hace meses su letrado Fernando de Pablos anunció, una vez más, que renunciaba a su defensa por no percibir un euro y que ésta quedaría en manos de un abogado de oficio. Sin embargo, De Pablos acompañó al exdirector general de Trabajo en su última comparecencia ante la juez semanas atrás.

El segundo ex alto cargo que deberá afrontar responsabilidades por el pago de comisiones “desorbitadas y por encima de precio de mercado”, según dijo en su día la propia Junta, a las aseguradoras que asumieron el pago de las pólizas de los ERE es Juan Márquez. Con una fianza civil de 173,94 millones de euros y todos su bienes embargados, Márquez, que ocupó la dirección general de Trabajo durante dos años después de Guerrero y nombrado por el exconsejero Fernández, firmó 154 millones de euros en ayudas. No ha ido a prisión aunque la juez Alaya determinó desde el primer momento que había continuado el sistema de ayudas que inició Guerrero pese a ser consciente de su ilegalidad. Su imputación en los ERE cercenó su carrera política, ligada al PSOE de Huelva, y arruinó su candidatura en la localidad onubense de Lucena del Puerto. El Tribunal de Cuentas le reclama 14,7 millones de euros.

El tercer ex alto cargo que debe afrontar 3,2 millones por el alcance contable de las comisiones de los ERE es Daniel Rivera, que se convirtió en el primer alto cargo en activo imputado por la juez Alaya. El caso de Rivera es el más llamativo. Fue nombrado por el consejero Manuel Recio, también imputado, y dentro ya de la etapa de Griñán como presidente de la Junta. Rivera supuestamente se encargó de poner orden en las ayudas una vez que saltó el escándalo y un informe de la Guardia Civil señaló que sacó de los expedientes documentación que comprometía a la Junta. Fue cesado por el Gobierno de PSOE e IU tras su imputación.