Las tres excusas falsas de los ERE que tumbó la Intervención General del Estado

El sólido y contundente informe elaborado por la Intervención General del Estado ha sido, a juicio de algunas fuentes de la acusación en ‘caso de los ERE’, una de las piezas fundamentales en la que se ha sustentado el juez del Tribunal Supremo, Jorge Alberto Barreiro, para confirmar la imputación de dos expresidentes de la Junta de Andalucía y varios de sus exconsejeros, lo que se conoce en el procedimiento como ‘la trama política’ del escándalo.

El mencionado informe lo elaboró la Intervención General del Estado, a petición de la juez instructora, Mercedes Alaya, con la intención de añadir al sumario el criterio de una autoridad solvente y exógena a los ERE, más allá de la Intervención General de la Junta de Andalucía o de la Cámara de Cuentas andaluza. El informe lo encargó Mercedes Alaya en 2012 y dos años después, la Intervención General del Estado le entregó un detallado análisis, de 8.000 folios, elaborado por cuatro inspectores, que, a la postre, ha acabado siendo fundamental en la decisión del Supremo. Los tres principales argumentos de defensa de los imputados quedan desmontados en ese informe, que ahora toma cuerpo de imputación con el auto del Supremo.

No existe la excusa del Parlamento

El informe de la Intervención General desmonta la justificación que han ofrecido los imputados por el Supremo en todas sus comparecencias, tanto judiciales como parlamentarias, los principales responsables del reparto de los fondos de Empleo. Hasta este momento, todos ellos habían afirmado que el reparto de los fondos de Empleo no podía considerarse ilegal porque estos se incluían en los presupuestos de la Junta de Andalucía, que aprobaba el Parlamento andaluz y que tiene, como todos, rango de ley.

La Intervención General, sin embargo, niega la mayor: las partidas destinadas a esos fondos se incluían en la memoria anexa, no en el articulado de los presupuestos, y por lo tanto no adquieren fuerza de ley. Por consiguiente, sin el paraguas de legalidad del Presupuesto, las irregularidades cometidas no pueden ampararse en que, en su día, las aprobaron por mayoría todos los diputados. “Por todo ello es claro –dice el informe de la Intervención- que el Parlamento de Andalucía, al aprobar el crédito de Transferencia de Financiación a IFA-IDEA, aprobó adecuadamente la partida presupuestaria para cubrir sus pérdidas (las cuales estaban reflejadas en su presupuesto, aunque fuera indebidamente) mientras que, en ningún caso, aprobó un crédito para que con cargo al mismo se otorgaran subvenciones, ni sociolaborales ni de ninguna otra naturaleza”.

No existe la excusa de la norma administrativa

La otra gran excusa de los ahora imputados por el Tribunal Supremo para justificar su actuación en la trama de los ERE ha sido la de presentar las transferencias de financiación como algo habitual en todas las administraciones, un trámite más. En el citado informe de la Intervención General del Estado, se dice, sin embargo, que, no sólo no puede considerarse como una actuación habitual, sino que durante diez años no se hizo nada bien, comenzando por la propia consignación de los fondos, ya que se idea un mecanismo de financiación, con apariencia de legalidad, para eludir cualquier control, cualquier fiscalización.

¿Cuál era el procedimiento de los ERE? A través de una partida presupuestaria, la 31L, se transferían anualmente grandes cantidades de dinero a una empresa pública, el Instituto de Fomento de Andalucía o la Agencia Idea, como si fueran partidas destinadas a equilibrar la cuenta de explotación. “Sin embargo –dice la Intervención General- lejos de ser aplicadas a la cobertuira de pérdidas de explotaciñon de la entidad empresarial IFA-IDEA, las transferencias corrientes a esta empresa fueron, a partir del año 2000 y durante una década, inadecuadamente utilizadas por la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía para la concesión de subvenciones. Ello posibilitó a la Consejería de Empleo eludir los procedimientos (…) y prescindir absolutamente del procedimiento legal establecido”.

Tanto es así, que la Junta de Andalucía no sólo ideó un entramado legal ficticio, sino que también pergeñó un sistema de pago ad hoc, al que le puso hasta nombre: “Pagos Cruzados”. “A tal efecto, los fondos enviados a la aseguradora para el pago de una póliza anterior se utilizaban para la apertura o el pago de otra póliza distinta de una empresa diferente (…) Las subvenciones otorgadas con utilización del sistema de ‘Pagos Cruzados’ podrían incurrir en causa de nulidad de pleno derecho”, sostiene la Intervención General del Estado. En suma, una operación de ‘ingeniería presupuestaria’ para que el Gobierno andaluz pudiera eludir todo control y repartir ayudas y subvenciones a su antojo y de acuerdo a sus intereses políticos y electorales.

No existe la excusa de la jerarquía política

El informe de la Intervención General del Estado no tenía duda alguna de la discrecionalidad con la que se concedían las subvenciones de los ERE. “Una parte importante de las subvenciones otorgadas se realizaban a empresas con fines diversos y, en ocasiones, sin ningún objeto claramente definido. En definitiva, un sistema para conceder ayudas a discreción sin más criterio que el interés político del momento. Pero tan caótica llegó a ser la gestión del Gobierno andaluz que, en una ocasión, según detectó la Intervención General, abonó a una de las aseguradoras de 2.999.999 euros en lugar de 299.999, que era la cantidad que le correspondía. Lo que ocurrió es que la factura que emitió la Junta de Andalucía llevaba tres cifras de más sin que nadie lo apreciase, ni siquiera la Tesorería y eso que eran casi tres millones de euros de más. Y lo que es peor, dice la Intervención General que cuando en la Junta de Andalucía se dieron cuenta del error, le exigieron a la aseguradora que devolviera el dinero y esta, sencillamente, se negó.

Sobre todo este caos, lo que ha defendido siempre los responsables de la Junta de Andalucía es que ellos no eran conscientes de lo que sucedía; Chaves llegó a decir en la comisión de investigación del Parlamento que se había enterado “por la prensa”. Frente a esta excusa, la juez Mercedes Alaya ha defendido siempre la existencia de una ‘trama política’, la cúpula del fraude de los ERE. El juez instructor del Supremo se suma a la teoría de Alaya y rechaza que Chaves, Griñán y sus consejeros no tuvieran conocimiento de nada, porque todo se quedaba en los cargos inferiores del Gobierno andaluz. Dice el juez del Supremo: “De acogerse la versión del imputado, en la Junta de Andalucía habría un sector de altos funcionarios (de viceconsejerías hacia abajo) que estarían realizando una especie de complot o de conspiración del silencio dentro de las Consejería de Empleo, Economía y Hacienda para ocultar a los respectivos consejeros los informes relevantes y alarmantes que les llegaban referentes al sistema de aplicación de las transferencias de financiación".