FRAUDE EN LA FORMACIÓN

La exdirectora general de la Junta firmaba sobre los cursos sin saber si era legal

Teresa Florido, presunta autora de delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, admite que firmaba gastos provenientes de un consorcio de la Junta que podrían ser irregulares

Foto: María Teresa Florido mancheño era directora general de Formación Profesional para el Empleo cuando se recibieron las supuestas subvenciones fraudulentas. (Efe)
María Teresa Florido mancheño era directora general de Formación Profesional para el Empleo cuando se recibieron las supuestas subvenciones fraudulentas. (Efe)

La exdirectora general de Formación para el Empleo de la Junta estampaba su firma y no sabía si lo que rubricaba era legal o no. Teresa Florido, cuñada de Ángel Ojeda, exconsejero de Hacienda de la Junta de Andalucía con José Rodríguez de la Borbolla detenido en agosto de 2014 en la trama de los cursos de formación, admite que firmaba gastos provenientes de un consorcio de la Junta que podrían ser irregulares, según consta en su declaración ante el Grupo de Delincuencia Económica de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.

Florido, presunta autora de delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, reconoce que durante su gestión en la Junta como alto cargo en esta materia (de junio de 2011 a octubre de 2013) existió un descuadre en los presupuestos de un millón de euros. Y que las irregularidades no tenían fin. “Había más, pero no me puedo acordar”, confesó Florido, que durante cuatro años fue concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Sevilla. Natural de Chipiona (Cádiz), ahora ocupa plaza como técnico en el SAS (Servicio Andaluz de Salud).

En su declaración también confirma que la justificación de las ayudas en los consorcios carecía de control alguno. “En un principio sólo detecté que había algunas facturas no legibles. Cuando se empezó a analizar expediente por expediente encontré que había multitud de gastos que eran no subvencionables”, destacó la exdirectiva de la Junta, tras excusarse que ante la “magnitud de la documentación que se le pasaba a su firma” obligaba que se incluyera también la rúbrica del jefe de servicio, “para saber que había sido revisada por este”.

Florido reconoce que durante su gestión en la Junta existió un descuadre en los presupuestos de un millón de euros y que las irregularidades no tenían fin

Esta justificación de Florido surge tras los problemas detectados en Formades (Consorcio Centro Andaluz de Formación Medioambiental para el Desarrollo Sostenible), donde era presidenta, como ella misma confesó ante la Guardia Civil: los contratos no cumplían la normativa en cuanto a la obligatoriedad de solicitar tres presupuestos cuando no sobrepasaba la suma del contrato menor. Y en los contratos en los que no se pedían las cuentas, siempre se adjudicaban al hijo de la entonces directora gerente, Ana María Orihuela. También cree que la persona que ejercía las labores de limpieza en el consorcio era su cuñaba. Había incluso más contratos de este tipo con terceros.

El desajuste interno se extendía de modo interno. En la Dirección General de Formación para el Empleo que capitaneaba Florido no existía un servicio de gestión que controlase la efectiva realización de las acciones formativas. Ningún funcionario las ejecutaba y esa inspección se hacía desde las propias direcciones provinciales, según la declaración de la ex alto cargo de la Junta de Andalucía.

Nadie controlaba las facturas

Las cifras de la estructura dirigida por la cuñada de Ojeda dan muestra, una vez más, del descontrol en la Administración autonómica andaluza en el fraude de los cursos de formación. El presupuesto en 2011 alcanzó una cifra de entre 700 y 800 millones de euros. El volumen de los expedientes fue de 20.000. ¿Quiénes componían la unidad de justificación de estas ayudas? Apenas una funcionaria y “siete u ocho personas contratadas como personal laboral”, explicó.

Detención de 16 responsables políticos de la Junta de Andalucía, el pasado 24 de marzo. (Efe)
Detención de 16 responsables políticos de la Junta de Andalucía, el pasado 24 de marzo. (Efe)

Hasta 2010 nadie controlaba las facturas. A partir de ese año fue cuando se aceptó por parte de la Intervención General de la Junta de Andalucía y de los verificadores de los fondos europeos la presentación por parte del beneficiario del informe del auditor, que era la persona que decía “que había comprobado las facturas  y que eran correctas”, como argumentó Florido ante la Guardia Civil.

La exresponsable de Formación para el Empleo también subraya que un técnico de su departamento detectó “irregularidades” en el proceso de justificación de las subvenciones otorgadas a UGT-A del año 2012. Fue una técnico quien alertó de que el informe del auditor no coincidía con los gastos presentados. “Se solicitó toda la documentación y efectivamente se comprobó que los gastos justificados no se correspondían con los verdaderamente subvencionables y tampoco con el informe del auditor”, señaló Florido.

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