corrupción en las subvenciones

Todos los detenidos por el fraude de la formación se encuentran en libertad

Los delitos destapados por la UDEF van desde el cohecho hasta la malversación de caudales públicos pasando por el tráfico de influencias, la estafa, la falsedad documental o el fraude de subvenciones

Foto:  La juez Mercedes Alaya. (Efe)
La juez Mercedes Alaya. (Efe)

El fraude de los cursos en Andalucía ha conllevado la detención de cientos de personas desde que hace exactamente un año la Policía comenzó la denominada operación Edu, que ha destapado un agujero de 3.000 millones de euros en la concesión de ayudas a la formación que inicialmente deberían haber servido para fomentar el empleo. Sin embargo, a pesar de este elevado número de arrestados, ninguno de ellos ha ingresado en prisión.

Los delitos que la Sección de Investigación de la Seguridad Social –departamento dependiente de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía– investiga en el marco de la mencionada operación Edu van desde el cohecho hasta la malversación de fondos públicos, pasando por el tráfico de influencias, la estafa, la falsedad documental o el fraude en las subvenciones, irregularidades que en el nivel en el que cada uno ha incurrido no requieren de la prisión provisional.

La trama estaría tan repartida que se trataría más bien de una red clientelar que habría repartido el importe de lo defraudado entre cientos de beneficiados, con lo que los jueces suelen establecer la libertad condicional para todos por definición, ya que en principio tampoco existe el riesgo de fuga en ningún caso e incluso tampoco parece posible la destrucción de pruebas, ya que casi todos los indicios están reflejados en documentación pública y en el testimonio de los innumerables testigos.

La investigación trata de determinar el destino del dinero, que podría haber ido a la creación de empresas o al sector inmobiliario

La operación Edu acaba de cumplir un año desde que en abril de 2014 la Fiscalía de Málaga destapara la primera concesión fraudulenta. Ahora la investigación encamina la recta final, que coincidirá con la fase más importante, ya que consistirá en tratar de determinar el destino del dinero defraudado, que podría haber ido a parar a la creación de empresas, al sector inmobiliario, a paraísos fiscales o a cualquier otra finalidad que la Policía deberá aclarar.

Antes de eso, la UDEF tendrá que culminar la tercera etapa de la operación, que supondrá decenas de detenciones en Sevilla y Huelva, las únicas dos provincias que faltan por cerrar antes de afrontar la citada última fase. Casi un centenar de personas fueron arrestadas en Cádiz, Málaga y Almería en la primera fase desarrollada el pasado 10 de febrero y otras 110 en Granada, Jaén y Córdoba en la segunda fase, ejecutado el 2 de marzo.

La juez de Sevilla Mercedes Alaya, por su parte, está investigando en colaboración con la Guardia Civil un fraude paralelo también relacionado con los cursos de formación subvencionados por la Junta de Andalucía que ha provocado el recelo de la Policía, que rastrea la operación Edu desde hace un año de la mano de la Fiscalía. Las detenciones del pasado 24 de marzo de 16 altos cargos del Gobierno regional ordenadas por Alaya y ejecutadas por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, de hecho, fueron vistas desde la Policía como una intromisión.

España

El redactor recomienda

Escribe un comentario... Respondiendo al comentario #1
12 comentarios
Por FechaMejor Valorados
Mostrar más comentarios