están siendo investigados por el supremo

El PP quiere hacerse con el control de la acusación contra Chaves y Griñán

El PP de Andalucía quiere llevar el control de la acusación contra los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán, que están siendo investigados por el Supremo

Foto: Los expresidentes de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán (i) y Manuel Chaves (d) (EFE)
Los expresidentes de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán (i) y Manuel Chaves (d) (EFE)

El PP de Andalucía quiere llevar el control de la acusación contra los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán, que están siendo investigados por el Tribunal Supremo después de que la juez Mercedes Alaya enviara parte de la causa de los ERE fraudulentos por ser éstos miembros aforados.

El alto tribunal había asignado al sindicato Manos Limpias la dirección letrada bajo la cual el resto de la acusación tiene que ejercitar la labor. Es decir, será el abogado de este sindicato quien lleve la batuta y maneje la causa. Esta decisión del Supremo no ha sido bien vista por el PP que, justo en pleno año de elecciones autonómicas y nacionales, quiere encargarse él mismo de la acusación de estos dirigentes socialistas.

De ahí que haya presentado un recurso de súplica, al que ha tenido acceso El Confidencial, en el que muestra su “total y absoluto desacuerdo” por la decisión del Supremo. Explica que desde un punto subjetivo, “la distinta naturaleza jurídica de las organizaciones personadas (asociación, sindicato de funcionarios y partido político) como acusación popular sería suficiente, a nuestro juicio, para que no se apreciase esa convergencia de intereses y puntos de vista”.

Mercedes Alaya, la juez del caso de los ERE (EFE)
Mercedes Alaya, la juez del caso de los ERE (EFE)

 

Para el alto tribunal, al existir entre ambas acusaciones unos intereses similares sólo se debían permitir una dirección letrada para evitar entorpecer el proceso. Sin embargo, el PP sostiene que “no tiene los mismos intereses un partido político con respaldo electoral mayoritario en España y en Andalucía y con los valores y funciones expresados en el artículo 6 de la Constitución Española (Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos), que un Sindicato como Manos Limpias, bastando para ello una mera lectura de los propios Estatutos”.

Para el PP es una oportunidad no sólo jurídica si no política encargarse precisamente en este año de la acusación con los expresidentes de la Junta por su participación en la maquinación de los ERE fraudulentos que investiga Alaya. Por eso, insiste ante el alto tribunal que no existe tal convergencia de intereses entre el partido y el sindicato.

 El instructor sigue preparando la causa

Desde que en noviembre el Supremo decidiese investigar a Chaves y Griñán, así como a los diputados José Antonio Viera, Gaspar Zarrías y Mar Moreno, al ser todos ellos miembros aforados y, por tanto, no tener Alaya legitimidad para incitar una causa contra ellos, el magistrado designado como instructor, Alberto Jorge Barreiro, se ha dedicado a estudiar la ingente documentación remitida por la juez de Andalucía.

La causa consta de 20 tomos, que deben ser analizados por el magistrados, antes de dar el primer paso: citarles a declarar en calidad de imputados. Los dos expresidente de la Junta ya solicitaron declarar voluntariamente pero el magistrado no ha resuelto esta petición porque, según fuentes jurídicas, todavía debe estudiarse la causa, que consta de gran complejidad y gran volumen de documentación.

José Antonio Viera en una imagen de archivo (EFE)
José Antonio Viera en una imagen de archivo (EFE)

 

Por ahora, Jorge Barreiro ha citado para la semana que viene a los peritos de la Intervención General del Estado y a aquellos que realizaron un contrainforme por parte de la defensa para que ratifiquen los documentos. Se trata únicamente de un acto ante el secretario judicial, en el que ni siquiera están citadas las partes, para que los técnicos confirmen que ellos son los autores de los informes y que el contenido ha sido elaborado por ellos.

Los peritos de la IGAE concluyen que el Gobierno de la Junta de Andalucía engañó durante 10 años al Parlamento autonómico para ocultar la existencia del fondo de reptiles, tras analizar “la idoneidad legal y el procedimiento contable” que empleó la Junta de Andalucía para prejubilar a trabajadores entre 2000 y 2010 con subvenciones otorgadas al margen de la ley. Su informe sostiene que el Gobierno presentó ante el Parlamento, año tras año, unos presupuestos falseados, que reflejaban “pérdidas inexistentes” en el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), primero, y la Agencia IDEA, después. Para cubrir esas pérdidas ficticias se dotaron las denominadas “transferencias de financiación” que, después, en realidad, se empleaban para conceder ayudas sin publicidad, transparencia ni libre concurrencia.

Mientras tanto, la Sala deberá resolver el recurso presentado por el PP para ver si puede actuar libremente en la causa, solicitando diligencias y teniendo acceso a la documentación, sin contar con el servicio jurídico de Manos Limpias. Y después, el instructor decidirá cuándo cita a declarar a los imputados. Fuentes del Supremo sostienen que al ser las elecciones de Andalucía en marzo, existe una regla no escrita en los tribunales que cuando se aproxima una fecha electoral se evitan movimientos jurídicos para evitar entorpecer las elecciones.

El alto tribunal señalaba en su auto de noviembre por el que iniciaba la investigación contra estos dirigentes socialistas que los hechos descritos por Alaya, sin perjuicio de lo que pudiera resultar de la investigación, podrían ser constitutivos de delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos. Los indicios que hay contra estos aforados, y que se desprende de la instrucción de Alaya, derivan “de la posición de alta y especial responsabilidad política de aquellos, dados los cargos que desempeñaban, y de su intervención en las decisión de creación o de mantenimiento del sistema que facilitaba esa forma de proceder e incluso, respecto a alguno de ellos, en la ejecución de actuaciones concretas de aplicación del referido sistema”.

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