Policía y guardia civil están a punto de concluir

La investigación del fraude de los cursos amenaza con dinamitar la campaña de Díaz

Susana Díaz ha adelantado las andaluzas por motivos estratégicos pero no ha calculado que la campaña coincidirá con un momento decisivo para las pesquisas sobre el fraude de la formación

Foto: La presidenta de la Junta de Andalucía y secretaria general del PSOE andaluz, Susana Díaz en un acto del PSOE en Toledo (EFE)
La presidenta de la Junta de Andalucía y secretaria general del PSOE andaluz, Susana Díaz en un acto del PSOE en Toledo (EFE)

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha adelantado un año las autonómicas para tratar de llegar en una posición reforzada al debate que tendrá que abrir el PSOE en los próximos meses para afrontar la crisis interna que amenaza con reducirlo a un partido marginal. Con este movimiento, Díaz también ha pillado a contrapié a PP y Podemos, cuyos equipos directivos en la comunidad estaban en pleno proceso de consolidación. Pero el adelanto puede tener otras consecuencias que probablemente no han sido tenidas en cuenta por la máxima dirigente de los socialistas andaluces. Díaz ha colocado el calendario de la campaña electoral en un punto decisivo para las investigaciones sobre el fraude de los cursos en Andalucía que están realizando de forma simultánea, aunque por separado, la Policía Nacional y la Guardia Civil.

La investigación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía sobre el fraude masivo en los fondos para la formación en Andalucía arrancó hace casi tres años, pero las primeras actuaciones sobre el terreno no se realizaron hasta abril del pasado año. Los expertos en delitos económicos del cuerpo comenzaron analizando un solo expediente de ayudas de la provincia de Málaga de los más de 8.500 de toda Andalucía que hay bajo sospecha, pero esas primeras pesquisas fueron suficientes para extender el caso Edu a las ocho provincias de la comunidad en un tiempo récord.

Más de 3.000 millones de fraude

La UDEF sospecha que en torno a un 80% de los expedientes de concesión de subvenciones para cursos habría sido adjudicado de forma irregular. De hecho, sus estimaciones apuntan a que la malversación de caudales públicos en este presunto caso de corrupción superó hasta 2012 –año en el que se recortaron drásticamente las ayudas de formación– los 3.000 millones de euros, una cifra que convertiría este caso en el más importante de la historia reciente de España por volumen de fondos sustraídos, superando incluso a la célebre Operación Malaya.

La Policía registra la empresa Prescal del exconsejero de Hacienda de la Junta. (EFE)
La Policía registra la empresa Prescal del exconsejero de Hacienda de la Junta. (EFE)

No obstante, los funcionarios de la UDEF han centrado las averiguaciones de esta primera fase en sólo una quincena de expedientes para evitar que se eternice el caso. Lo cierto es que el fraude en los cursos constatado hasta ahora no llega a los 20 millones de euros. Pero la decisión de centrar las pesquisas en una pequeña porción de los expedientes bajo sospecha ha permitido acelerar el calendario de la operación, mejorando las previsiones más optimistas.

Según fuentes cercanas a las pesquisas consultadas por este diario, la UDEF ya tiene en su punto de mira a más de 300 políticos y empresarios de las ochos provincias andaluzas presuntamente implicados en la estafa de la formación. Las detenciones podrían producirse en cualquier momento. En condiciones normales, no habrían coincidido con las elecciones a la Junta, que estaban previstas para marzo de 2016. Pero la decisión de Díaz de adelantarlas un año por motivos puramente estratégicos amenaza con introducir el mayor fraude de la democracia en el debate político de la campaña.

Investigación de la UCO

La presidenta de la Junta tiene otros motivos para preocuparse. La estafa de la formación también está siendo investigada desde hace años por el Grupo de Delitos contra la Administración de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el marco del proceso sobre los ERE fraudulentos. Sus indagaciones se han centrado en los dirigentes de la Junta encargados de la gestión de las partidas multimillonarias para la formación. La juez que instruye el caso, Mercedes Alaya, decretó la semana pasada el secreto de sumario tras concluir a raíz de las pesquisas de la UCO que existen “varias bolsas de fraude” y que los fondos malversados superan los “950 millones de euros”.

En su resolución, la jueza conmina a la Guardia Civil a que practique nuevas diligencias sobre el fraude de la formación “en el plazo no superior a un mes”. La solicitud podría conllevar, según fuentes próximas al caso, nuevos registros en dependencias de la Junta e incluso la detención de dirigentes implicados. Además, la magistrada tendrá las conclusiones sobre estas nuevas indagaciones a sólo un mes de que los andaluces acudan a las urnas. Y una vez que las reciba podría ordenar nuevas pesquisas.

Auto razonado al TSJA

La jueza Alaya ya ha ejecutado otro movimiento que convulsionado los planes electorales de la presidenta socialista. Desde hacía semanas trabajaba en el auto que tenía que remitir al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) para justificar los motivos por los que, a su juicio, deben ser imputados por el fraude de la formación cuatro ex altos cargos de la Junta que disfrutan de aforamiento. Se trata de los exconsejeros de Economía Carmen Martínez Aguayo y Antonio Ávila y los exconsejeros de Empleo e Innovación Manuel Recio y Francisco Vallejo. La secretaria general del PSOE los mantuvo en el Parlamento autonómico para que no pudieran ser juzgados por Alaya y, cuando disolvió la cámara para convocar elecciones, blindó su aforamiento incluyéndolos en la diputación permanente.

Fotografías de archivo de los expresidentes de la Junta José Antonio Griñán y Manuel Chaves. (EFE)
Fotografías de archivo de los expresidentes de la Junta José Antonio Griñán y Manuel Chaves. (EFE)

Con todo, esa maniobra no impidió que Alaya emitiera finalmente su auto la pasada semana enumerando los indicios por los que, según su criterio, estos cuatro antiguos responsables de la Junta deben declarar ante el TSJA. El documento no sólo cargó contra los cuatro aforados. Acusó de conocer el fraude a todos los socialistas que pasaron por el Ejecutivo autonómico entre 2005 y 2007, entre ellos, los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán y los exconsejeros autonómicos José Antonio Viera, Mar Moreno y Gaspar Zarrías. Con su decisión de adelantar los comicios, Díaz ha hecho un hueco en la campaña al fraude de los cursos, uno de los episodios más turbios del socialismo andaluz. 

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