Anticorrupción reclama a Alaya llevar al Supremo la causa contra Chaves y Griñán

La Fiscalía Anticorrupción ha reclamado a la juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares que eleve ya al Tribunal Supremo la parte de la investigación que alude a los expresidentes de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y a cinco exconsejeros, como son José Antonio Viera, Carmen Martínez Aguayo, Manuel Recio, Francisco Vallejo y Antonio Ávila, todos ellos aforados.

En un escrito elevado este mismo lunes al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, al que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio Público pide a la juez Mercedes Alaya que divida la causa en piezas separadas y que eleve la pieza relativa a "procedimiento específico" al órgano superior competente "atendiendo a la calidad del fuero de las personas reseñadas", pues considera "agotada" la investigación por parte de la magistrada "en todo lo que es posible sin dirigir el procedimiento contra las personas que gozan de fuero".

Anticorrupción propone abrir una pieza para cada una de las ayudas, que serían enjuiciadas por separado, y además otras diligencias sobre el "pago y destino" de las sobrecomisiones que cobraban las aseguradoras, que permitió su "enriquecimiento ilícito", y una última causa sobre el "procedimiento específico" utilizado por la Junta para pagar las ayudas.

Sobre este procedimiento, el escrito recoge que desde 2000 ha tenido "básicamente tres variantes": la suscripción de convenios individuales entre la Consejería de Empleo y el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), el convenio marco de 17 de Julio de 2001 entre la Consejería de Empleo y el IFA -que requería de convenios particulares para cada ayuda- y finalmente la encomienda de gestión de 2010.

El avance de la instrucción ha puesto de manifiesto -señala el escrito- que el menoscabo de fondos públicos no se ha restringido a los "intrusos" de los ERE, sino que "realmente las actuaciones llevadas a cabo por la Dirección General de Trabajo se han venido realizando sin sujeción al procedimiento legalmente establecido para la concesión y pago de subvenciones y ayudas públicas".

Ello ha desembocado en varios hechos de apariencia delictiva: los denominados "intrusos" incluidos en el ERE de una empresa donde nunca trabajaron, la "propia ayuda socio laboral" que vulneró "los más elementales principios" de la actividad pública y supuso un "importante menoscabo de fondos públicos", y las denominadas "ayudas a empresas".

A ello añade el enriquecimiento presuntamente ilícito de las empresas, despachos y mediadores que cobraron sobrecomisiones debido a la falta de control en las pólizas "que sistemáticamente eran abonadas por la Junta de Andalucía sin sujeción a procedimiento alguno".

"Para tener una idea aproximada de la extensión de la causa", el escrito recoge que el Informe de Fiscalización de la Cámara de Cuentas informó de 126 ayudas sociolaborales de prejubilación, con 582.189.272 euros pagados, y 275 ayudas a empresas y otros, por las que se pagaron 127.761.211 euros.