La juez Alaya imputa seis delitos al exdirector de Trabajo de la Junta

La juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que investiga una presunta trama de prejubilaciones ilegales descubierta en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE) financiados con cargo a la partida presupuestaria 31L, ha imputado hasta seis delitos al que fuera director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero, quien se ha ratificado en su declaración policial y ha pedido ampliarla, según fuentes del caso. A su entrada a los juzgados Guerrero afirmó que llegaba con ganas de contar toda su verdad porque no se siente culpable, y a preguntas de los periodistas ha afirmado que tenía ganas "de que llegara este día".

Durante más de una hora -entre las 11.25 y las 12.40 horas-, la magistrada ha realizado un "extensísimo" y "didáctico" relato de los hechos que imputa a Francisco Javier Guerrero, a quien atribuye, según las fuentes consultadas, sendos delitos continuados de prevaricación, malversación de caudales públicos y cohecho, así como dos delitos de falsedad en documento oficial y un último delito de falsedad en documento mercantil.

En su relato de hechos, la magistrada Mercedes Alaya ha hecho referencia a la declaración prestada por el que fuera chófer del imputado, Juan Francisco Trujillo, según la cual, y en palabras de la juez, ambos, "al término de su jornada laboral, se iban a bares de copas a consumir cocaína y alcohol con parte del dinero de las ayudas públicas", ante lo cual Guerrero ha negado con la cabeza. Según la instructora, estas ayudas iban dirigidas fundamentalmente "a ayuntamientos del PSOE" y a personas vinculadas con Guerrero y de la esfera socialista.

La juez ha citado, "una a una", todas las ayudas que Guerrero concedió a las distintas empresas investigadas, fundamentalmente las dirigidas a las empresas vinculadas a la Sierra Norte y, dentro de ellas, las concedidas a José Enrique Rosendo Ríos, hijo del exalcalde de El Pedroso (Sevilla) Rafael Rosendo, y a su entonces persona de confianza, José María Sayago Lozano, que habrían recibido 29 millones de euros en ayudas, así como las ayudas al sector de "El Pedroso" y "Guadalcanal". Además, la magistrada ha asegurado que el imputado tenía conocimiento de la inclusión de 'intrusos' en las empresas investigadas, citando el caso de María del Carmen Fontela, incluida en el ERE del restaurante Río Grande, momento en el que Guerrero "también ha negado con la cabeza", según las fuentes del caso consultadas.

"Nadie del Gobierno andaluz puede decir que se haya hecho algo a sus espaldas"

Guerrero ha declarado a la juez que "nadie del Gobierno de la Junta puede decir que se haya hecho algo a sus espaldas". Según han informado a los periodistas varios de los abogados presentes en presentes en la declaración, Guerrero ha trasladado a la magistrada que "cada consejero se interesaba por las ayudas a su provincia", llegando a citar a los exconsejeros de la Presidencia, Gaspar Zarrías, y de Empleo, José Antonio Viera. "Zarrías se interesaba por Santana, Viera por Sevilla y Sierra Norte y así cada uno por su provincia", ha detallado.

Guerrero presta declaración ante la juez Alaya después de que le haya realizado un extenso relato de los hechos por los que le imputa hasta seis delitos continuados de prevaricación, malversación de caudales públicos y cohecho, así como dos delitos de falsedad en documento oficial y un último delito de falsedad en documento mercantil.