Los funcionarios boicotearán todos los actos del PSOE andaluz

Lejos de alcanzar un acuerdo, los funcionarios continúan al ataque: boicotearán todos los actos públicos del PSOE andaluz hasta las elecciones municipales. Por el momento sus críticas se centraban en la agenda del presidente José Antonio Griñán y sus consejeros de la Junta de Andalucía.

 

Como ya publicó ayer El Confidencial, los funcionarios organizarán una macromanifestación el 22 de enero en Sevilla con salida desde el Palacio de San Telmo, la sede de la Presidencia del Gobierno, y llegada al Parlamento de Andalucía en la que prevén la asistencia de 50.000 personas.

El Gobierno socialista les considera unos “chantajistas” por anunciar un boicot si antes de los comicios del próximo 22 de mayo no suprimen el decreto contra los empleados públicos de Andalucía que prevé una administración paralela con la contratación de 20.000 personas a dedo.

El portavoz parlamentario del PSOE, Mario Jiménez, no se anda por las ramas y les acusa directamente de fascistas. “Hay elementos fascistas enmascarados en la representación de los funcionarios”, resalta el killer del PSOE andaluz. “En un sistema democrático no se puede atacar el derecho que tiene un partido político a poder desarrollar su campaña electoral con normalidad, ya que se lo contrario se está cayendo en el fascismo”.

La  plataforma de los funcionarios andaluces, liderada por los sindicatos CSIF y USTEA, exige la retirada del decretazo Griñán. “Hay que empezar desde cero. La voz de la calle se va a apagar. El Gobierno no lo puede hacer [poner en marcha la norma] porque la Constitución y las leyes se lo prohíben”.

El PP de Andalucía, que según el PSOE y la Junta e incluso según admite un sector de los funcionarios andaluces se está beneficiando de estas movilizaciones, insistió ayer en boca de su presidente regional, Javier Arenas, en la necesidad de “preservar los derechos de todos”. También se comprometió a mantener el recurso ante el Tribunal Constitucional.

La sala segunda del Tribunal Supremo ya admitió a trámite a finales de año la querella presentada por el Sindicato Andaluz de Funcionarios de la Junta de Andalucía (Safja) contra el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, y los consejeros del Consejo de Gobierno de la Junta, interpuesta por un presunto delito de prevaricación en la tramitación del decreto ley 5/2010 de reordenación del sector público.