El PP andaluz intentará tumbar en el TC la ‘Administración paralela’ de la Junta

Lo formalizará antes del 28 de octubre. El PP andaluz presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional para intentar tumbar la Administración paralela planificada por la Junta de Andalucía. ¿Los beneficiados? 20.000 personas (personal laboral) que entrarían como funcionarios, pero con una particularidad: lo harían sin oposición, ni examen. A dedo.

 

Este decreto de organización del sector público en Andalucía, la causa del abucheo que sufrió el pasado domingo el vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves, en la reinauguración de la Plaza de España de Sevilla, no respeta, según critican los funcionarios, “los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, que la Constitución exige”.

Lo más grave: se permite que funciones reservadas a los funcionarios por la Constitución y la ley, por suponer ejercicio de potestades públicas, puedan ser desempeñadas e incluso dirigidas por personal no funcionario perteneciente actualmente a empresas públicas, “auténtico comisariado político”, como especifican fuentes del sector público andaluz consultadas por El Confidencial.

La medida de la Junta tiene una consecuencia muy directa en la relación cotidiana con la Administración. “Existe un grave peligro de seguridad jurídica. Los ciudadanos verán como sus expedientes, de cualquier tipo, subvenciones, contratos públicos, sancionadores, expropiatorios, son gestionados por personas cuyo único mérito es haber sido fieles a la mano que les da de comer (muy bien, por cierto)”.

Derecho Administrativo

Los funcionarios muestran su absoluto rechazo a la ‘Administración paralela’ de la Junta culpando directamente al Gobierno andaluz de “asesinato” del Derecho Administrativo. “Se trata de disfrazar de legalidad la actuación claramente ilegal que Junta lleva desarrollando durante los últimos años por la vía de delegar funciones públicas en entes de difusa personalidad jurídica, que escapan a todos los controles y vías de fiscalización y que llevan de facto, años, realizando funciones reservadas por la constitución y la ley al personal funcionario”.

El PP cree que el Tribunal Constitucional sí admitirá a trámite este recurso. El decreto, según argumentan los populares andaluces, “atribuye potestades públicas a personal no funcionario de la Junta de Andalucía, así como lesiona el derecho a acceder en igualdad de condiciones al empleo público y otros derechos fundamentales como son la libertad sindical y la negociación colectiva”.

El presidente del PP-A, Javier Arenas, tilda de “abuso de poder a la hora de usar el decreto ley, ya que debe reservarse para situaciones extraordinarias y de urgente necesidad”. En el equipo de Arenas temen que en el caso hipotético de una victoria del PP en Andalucía los empleados públicos sean en su gran mayoría próximos al PSOE y no quieran impulsar las principales acciones del Gobierno autonómico.