La vicepresidenta de la Comisión de Venecia insiste en la "división" provocada por la amnistía

Marta Cartabia, vicepresidenta de la Comisión de Venecia, una comisión de expertos en derecho constitucional del Consejo de Europa, una institución no relacionada con la Unión Europea, pero que se considera una referencia a la hora de establecer estándares en materia judicial en la Unión, ha criticado la “profunda división” que la ley ha provocado en la clase política y en la sociedad española durante una comparecencia en la comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo, aunque también ha recordado que “las amnistías como tal no van en contra de la división de poderes”.

Siguiendo la opinión recogida en el informe elaborado por la Comisión de Venecia respecto a la ley de amnistía, en la que ya se señalaba que eran necesarias mayorías amplias, Cartabia ha subrayado que, “incluso si esta ley puede ser aprobada por mayoría absoluta, sería apreciable intentar alcanzar una mayoría más cualificada”. “La ley se ha discutido siguiendo el procedimiento parlamentario con limitada consulta al público y a otras instituciones, siguiendo un procedimiento urgente, y ha provocado una profunda división en la clase política, en las instituciones, en la judicatura, academia y en la sociedad”, ha señalado la vicepresidenta de la Comisión de Venecia.

“La Comisión [de Venecia] anima a todas las autoridades españolas a tomarse el tiempo necesario para un diálogo en el espíritu de cooperación leal entre instituciones del Estado, así como entre la oposición y la mayoría, para conseguir la reconciliación política y social”, ha señalado Cartabia, que ha subrayado que es la manera de conseguir el objetivo de “lograr la reconciliación y pacificación en el país”, que son los objetivos expresados por el Gobierno.

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La idea expresada por Cartabia no es nueva: ya estaba en el informe elaborado por la Comisión de Venecia, en la que se subrayaba que “el Parlamento español, al decidir si aprueba el proyecto de amnistía, con qué contenido y por qué mayoría, tendrá que abordar la cuestión de si la normalización de Cataluña puede lograrse a pesar de que la proposición de ley de amnistía ha ahondado la profunda y virulenta división en la clase política, en las instituciones, en la judicatura, en los ámbitos académicos y, sobre todo, en la sociedad española”.

Además, la italiana ha criticado la vaguedad de la ley en la identificación de los delitos cubiertos por la ley de amnistía, y recuerda que, en el informe final de la Comisión de Venecia, se “recomienda definir de una manera más precisa el alcance de la amnistía”. Pero lo que realmente ha criticado Cartabia respecto al alcance de la ley es la cuestión del alcance temporal, criticando que ya era bastante amplio y que después se ha ampliado todavía más. Por ello, la vicepresidenta ha recordado que “la amnistía debe ser una medida impersonal y el criterio para su aplicación no debe diseñarse para que cubra a particulares”.

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Cartabia, que ha sido ministra de Justicia italiana durante el Gobierno de unidad de Mario Draghi y que es presidenta emérita del Tribunal Constitucional italiano, ha señalado que los expertos en derecho constitucional español “están muy divididos sobre la constitucionalidad de una amnistía” dentro de la carta magna española, y por eso ha invitado a que sería “preferible regular el asunto claramente con una reforma constitucional”.

La vicepresidenta de la Comisión de Venecia ha recordado que el órgano del Consejo de Europa no tiene que revisar si la amnistía es compatible con el derecho de la Unión, pero sí que ha prestado especial atención a los delitos de terrorismo, malversación y corrupción. “En lo que se refiere al terrorismo, la Comisión recuerda que el principio rector es que las amnistías solamente son compatibles con los estándares internacionales si las violaciones serias de los derechos humanos se excluyen del alcance de la ley”, ha recordado Cartabia. Respecto a la malversación y la corrupción, la vicepresidenta de la Comisión de Venecia ha subrayado que “deberían interpretarse como aplicables solamente a los hechos estrechamente relacionados con las consultas de 2014 y 2017”.