La jueza archiva la investigación contra tres altos cargos del Gobierno por las compras del covid

La jueza madrileña Concepción Jerez ha archivado la investigación en la que mantenía imputados a tres altos cargos de los ministerios de Sanidad y Hacienda por presuntas irregularidades en la compra de material sanitario durante los primeros meses de la pandemia. "La actuación de los investigados fue ajustada a Derecho y acorde con la situación de emergencia sanitaria mundial que se vivía en ese momento", sostiene en un auto del 6 de febrero, al que ha tenido acceso El Confidencial.

La jueza abrió esta investigación en diciembre de 2020 ante la sospecha de que habían incurrido en delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos durante el proceso de adjudicación de los contratos de emergencia tramitados por la Administración central en el primer estado de alarma. Las pesquisas partían de una querella presentada por Vox en mayo de 2020 y ponían el foco en más de medio centenar de licitaciones, con 310 millones de euros solo en mascarillas, batas y guantes.

Los investigados eran el director general del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), Alfonso María Jiménez; su homóloga en la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación (DRGCC), Paloma Rosado, y la directora general de Cartera Común del Servicio del Sistema Nacional de Salud y Farmacia (DGSNSF), Patricia Lacruz. La Abogacía del Estado y la Fiscalía Provincial de Madrid solicitaron archivar la querella al considerar que no había concretado de forma "suficiente" los indicios "mínimos" contra ellos, pero la jueza rechazó esta petición y los citó a declarar.

Según recoge el auto de archivo del pasado 6 de febrero, la investigación terminó reduciéndose a 13 contratos sospechosos, pero ninguno de ellos resulta perseguible por la vía penal. La jueza basa esta decisión en un informe en el que el Tribunal de Cuentas ya analizaba 10 de ellos. "Se ha verificado que el objeto de los contratos fiscalizados estuvo directamente vinculado a la adopción de medidas para hacer frente a la situación sanitaria causada por el covid-19 y las prestaciones adquiridas persiguieron la consecución de dicha finalidad", destaca. "Por consiguiente, la tramitación de emergencia resultó ajustada a Derecho".

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Esta conclusión se ve reforzada por la declaración como imputado del director general de Ingesa, quien explicó que "las circunstancias extraordinarias que concurrían hacían necesaria la negociación urgente sin que pudieran examinar con mucho detalle las empresas con las que contrataban". También remarcó que los contratos finales no solo los decidían él y las otras investigadas, "sino que se hacía por un grupo de personas designadas por la administración".

“Se desplazaron a las dependencias de Ingesa un equipo de altos funcionarios de Hacienda, Comercio e Industria que apoyó y compartió todos los trabajos que se desarrollaron durante esos primeros meses, especialmente se ocuparon de localizar proveedores y cerrar acuerdos en el mercado internacional, sobre todo el chino, interviniendo también las oficinas comerciales de nuestras embajadas”, aseguró Jiménez durante su comparecencia. "La gran cantidad de ingresos hospitalarios, el desbordamiento de las unidades de cuidados intensivos y, sobre todo, la elevada mortalidad de las primeras semanas pusieron a prueba todas nuestras posibilidades".

Vox trató de desmontar esta defensa apuntando a que "tenían conocimiento de que se contrató con empresas que no tenían experiencia y que había otras empresas nacionales que podían haber sido contratadas". Sin embargo, la jueza destaca que el partido "no ha precisado durante la tramitación del procedimiento a qué empresas se refería".