Las plantaciones de marihuana consumen tanta energía como toda Sevilla en un año

La cantidad de energía eléctrica que consumen ilegalmente las plantaciones de marihuana en España serviría para iluminar toda la ciudad de Sevilla durante un año. Este es el dato que manejan las empresas del sector y las fuerzas de seguridad para describir la voracidad productora de las bandas del narcotráfico dedicadas al cannabis. Los enganches al fluido eléctrico son un delito derivado de esta actividad en auge, pero también una herramienta útil para actuar contra las organizaciones criminales.

"En ocasiones se presenta al juez pruebas de un bloque de viviendas en el que hay plantaciones para que autorice una entrada y registro y no te lo dan. No quieren meterse en investigar ese tipo de cosas. Lo que muchas veces nos facilita es que la mayoría, por no decir todas, las plantaciones de marihuana defraudan fluido eléctrico porque si no los beneficios no serían tantos", dice la capitana Elena Cogollo Tejero a El Confidencial. La evidencia de un enganche ilegal a la toma de luz es muchas veces la llave para explotar operaciones que se saldan con detenidos y aprensiones de decenas de miles de plantas.

La capitana pide "concienciación" para dejar de ver la marihuana como algo inofensivo y comprender que detrás de este negocio se mueven cantidades millonarias. Cada vez más grupos dedicados al crimen organizado ven en España un vergel para sus actividades. Según dice, eso tiene que ver con muchos factores, entre ellos las bajas penas que contempla la legislación española para castigar el cultivo de marihuana. A la pregunta de qué le pediría al legislador para combatir la producción de cannabis, solicita "penas más duras" y que les ayuden a investigar.

"Cuando empiezas una investigación por cocaína, te autorizan escuchas telefónicas, balizas y más herramientas", pero con la marihuana todavía cuesta. "Si hay defraudación de fluido, ya sí tienes más indicios de que hay una plantación dentro. Pero es muy difícil llegar a la organización criminal si no te permiten medidas de restricción de derechos", insiste. La capitana acude a la cita con este periódico con una carpeta llena de estadísticas, gráficas y datos de operaciones. Al otro lado del pasillo se extiende una planta diáfana llena de ordenadores en la que su departamento analiza la evolución de un fenómeno que preocupa en el Ministerio del Interior.

Su labor es detectar los puntos más conflictivos del mapa y diseñar planes de choque como el que hace años se desplegó en el Campo de Gibraltar. La Unidad Técnica de la Guardia Civil es una de las tres ramas que conforman la Jefatura de Policía Judicial junto a la UCO (la unidad de élite que hace las operaciones) y la Unidad de Criminalística (análisis de pruebas, huellas, ADN…). La Unidad Técnica a la que pertenece la capitana Elena Cogollo Tejero es un departamento de Inteligencia y análisis.

Por sus mesas pasan los datos que permiten medir un problema que ha experimentado un crecimiento exponencial y que busca pasar desapercibido en zonas rurales de la España vaciada. En apenas una década, han crecido casi un 2.000 por ciento las incautaciones de marihuana. Para combatir este tipo de delincuencia resulta clave la colaboración ciudadana y la coordinación con las empresas eléctricas. "Trabajamos de la mano con Endesa, Iberdrola, las diferentes compañías. A ellos también les interesa no perder dinero", dice.

TE PUEDE INTERESAR

La cara factura eléctrica de la maría: una plantación consume lo mismo que 70 casas

P. D. A.

María León es la portavoz de Endesa en Andalucía, donde se concentra un gran número de estas plantaciones. Afirma que "una sola plantación de marihuana consume el equivalente a 80 viviendas de unos 100 metros cuadrados" y su actividad tiene consecuencias directas sobre el abastecimiento de luz, también es un foco de inseguridad por riesgo de incendio. El consumo de electricidad es tan abusivo que provocan constantes sobrecargas en la red.

Endesa localiza tres puntos fundamentales, el primero en volumen es Granada, seguido de Sevilla y Almería. Lo habitual es que las organizaciones establezcan las plantaciones en viviendas. Alquilan las casas a familias en situación de vulnerabilidad. En otras zonas se instalan en naves industriales. "Con que haya una plantación en un bloque de casas, la red ya deja de funcionar", advierte.

Cuando saltan los plomos en una casa es porque se está consumiendo energía por encima de los niveles soportables. Pero los enganches ilegales se saltan los tres primeros filtros de protección que establecen las compañías eléctricas: el cuadro de la vivienda, el contador y la caja general de protecciones. El peso recae entonces directamente sobre el centro de transformación que abastece a zonas concretas y los perjudicados son los vecinos.

Los propios narcotraficantes saben que las compañías reaccionan ampliando la potencia del suministro para no dejar sin servicio a la población, tal y como explica la capitana Cogollo de la Guardia Civil: "Ellos (las eléctricas) cada vez amplían esos niveles de potencia que pueden soportar y cuando el malo se da cuenta, pues planta más".

Los datos de Endesa lo confirman. Fijando como referencia Granada, que concentra casi la mitad de las incautaciones a nivel nacional, la eléctrica tiene acreditado que, de 2017 a 2022, la potencia instalada en la zona norte de la provincia se incrementó un 226%. Eso significó un incremento de más del doble. Las incidencias también crecieron exponencialmente, a pesar de que la potencia contratada se ha mantenido o incluso ha descendido en los últimos años.

Granada capital cuenta con 1.125 centros de transformación y las incidencias se concentran en 18 de ellos, que representan el 97% de cortes de luz. En el área en el que se producen esas incidencias, solo el 45% tienen contrato en vigor. "Esta sobrecarga a la que está expuesta la red de distribución no tiene ninguna justificación ni explicación técnica, ya que la capacidad de las instalaciones es muy superior a la que teóricamente se necesitaría", insisten desde Endesa.