El Supremo da el primer paso en la causa por terrorismo contra Puigdemont

La Sala de lo Penal ha dado el primer paso para pronunciarse sobre la causa que salpica a Carles Puigdemont y Marta Rovira por un delito de terrorismo. El alto tribunal ha dictado una providencia en la que da traslado a la Fiscalía para que informe sobre competencia y contenido de la exposición razonada remitida por el juez Manuel García Castellón respecto al procedimiento de Tsunami Democràtic. En la providencia se designa ponente de este asunto al magistrado Juan Ramón Berdugo. Será quien deba proponer a la Sala si procede o no su admisión.

El movimiento del TS se produce después de que García-Castellón, instructor de la causa en la Audiencia Nacional, asegurara en un reciente auto que las últimas diligencias practicadas le han permitido "afianzar" la tesis de que los hechos encajan en la comisión de este tipo de ilícitos. El magistrado desestimó el recurso presentado por la Fiscalía contra su decisión de enviar el caso Supremo. El contenido del auto levantó críticas a su actuación por parte de miembros del Gobierno.

El titular del Juzgado Central de Instrucción 6 desarrollaba la documentación aportada por los Mossos d'Esquadra en relación con los hechos acontecidos en el Aeropuerto de El Prat del 14 de octubre de 2019. También mencionaba el exhorto enviado al juzgado de L'Hospitalet de Llobregat que incoó diligencias a raíz del fallecimiento de una persona por los hechos de El Prat, así como los escritos de varios policías nacionales personados como acusación particular y que resultaron lesionados en los incidentes que tuvieron lugar en Barcelona el 18 de octubre de ese año.

Insistía en que la gravedad de los delitos que "en este momento se vislumbran" y la clara afectación que estos tuvieron a los intereses generales, y a estructuras económicas esenciales del Estado, los daños concretos que se causaron a los perjudicados y las graves lesiones sufridas por las víctimas del delito, "no solo exigen su esclarecimiento promoviendo la acción de la Justicia, sino que además exige, en defensa de la legalidad, que la instrucción y enjuiciamiento se efectúe por el órgano judicial que ostenta la competencia objetiva y funcional para ello, que en este caso sería de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, como se señala en la exposición razonada que se pretende desactivar".

El magistrado se centra en dos claves. La idea principal que sostiene la acusación es que Tsunami funcionaba como un movimiento dirigido por personas tanto de Junts como de ERC y que existió de forma evidente una voluntad de causar una grave alteración del orden público traducida en distintas acciones que se van desgranando. Hay tres escenarios en los que esa acción se desarrolló con especial afectación de infraestructuras estratégicas, dice el auto. El aeropuerto de El Prat, tomado por una multitud de manifestantes, la autovía AP-7, principal vía de conexión terrestre con Francia, y las acciones desplegadas durante la jornada de reflexión previa al 10 de noviembre de 2019, graves por afectar a una convocatoria electoral de alcance general. Los detalles se obtienen de la condensación de nuevos informes de los Mossos, Enaire y otros oficios.

El bloqueo de la torre de El Prat

En el caso de El Prat, el auto destaca el bloqueo del acceso a la torre de control del aeropuerto y del Centro de Control de Tránsito Aéreo de Barcelona-Gavà, "impidiendo que los controladores llegaran a la hora establecida para iniciar su trabajo". "Esta acción fue fruto de una planificación deliberada, instada y publicitada a través de sus redes sociales con afectación directa al tráfico aéreo". Se buscaba, dice el juez, "afectar a la seguridad del tráfico aéreo, en una torre de control que cubre una extensión que alcanza desde Murcia hasta la frontera con Francia". El acceso se despejó gracias a la intervención de la policía autonómica.

En las instalaciones del aeropuerto, algunas de las acciones revistieron especial gravedad, indica el escrito. Por ejemplo, los manifestantes vaciaron extintores o los cambiaron de sitio en algunas zonas de la pasarela del parking de la T1, en el interior del mismo parking y en el vestíbulo de la estación intermodal. Hubo pasajeros alterados, y algunos de ellos accedieron a la plataforma de aeronaves. Se utilizaron "armas, artefactos y sustancias de similar potencia destructiva". Como muestra el auto, indica que se lanzaron contra los agentes y desde una altura de hasta dos plantas carros portamaletas, extintores, piedras, botellas, garrafas, cristales, metales y maderas. La voluntad —concluye— era imprimir un carácter violento a la misma. Otros se utilizaron a partir del material existente en el aeropuerto.