El Gobierno encarrila la operación 'Pacificar la Justicia' pese a la presión de Junts

La legislatura ha comenzado entre enormes dificultades, por el tenso ambiente político en torno a la ley de amnistía, pero solo es necesario comprobar en qué está volcado Félix Bolaños para conocer cuáles son las preocupaciones del presidente del Gobierno. Convertido en un señor Lobo de los problemas de Pedro Sánchez, su nuevo cargo de ministro de Justicia da fe de la pretensión del jefe del Ejecutivo de congraciarse con el mundo judicial. Su nombramiento fue recibido con enorme escepticismo. Han transcurrido solo unas pocas semanas y la operación Pacificar la Justicia empieza a dar sus primeros resultados.

Los jueces no están aún tranquilos, pero reconocen los gestos del Gobierno. El propósito de encarrilar la relación es firme, pese a que eso aleja al PSOE de los planteamientos de Junts y ERC, que son el sostén del Ejecutivo. Moncloa está decidida a caminar por esa delgada línea: defender a los jueces sin perder el apoyo de los independentistas. A pesar de la evidente dificultad, están convencidos de que pueden mantener ese equilibrio y que solo necesitan un "poco de tiempo".

Los primeros compases de Bolaños en el Ministerio se han desarrollado con el mundo judicial indignado por las comisiones pactadas con los grupos catalanes para investigar supuestos casos de lawfare y el señalamiento en el Congreso a algunos jueces por parte de la portavoz de Junts, Míriam Nogueras. Tras unas declaraciones iniciales más tibias, la reiteración a la hora de distanciarse de la postura del partido de Carles Puigdemont, las reuniones con el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo y la confirmación del propio Sánchez de que el PSOE no apoyará que se pida las comparecencias de magistrados en las comisiones, han acabado por calmar las aguas.

En su primera intervención en la comisión de Justicia esta misma semana, el ministro replicó a las críticas de Junts con la afirmación de que "los jueces y magistrados hacen su tarea con independencia y arreglo a la ley". "Y yo", avisó, "les voy a defender". En el Gobierno asumen que esta postura les generará tensión con sus socios pero consideran que no existe otra alternativa. "Si alguien piensa que se arregla algo señalándoles", reflexionan fuentes gubernamentales.

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Ahora, el horizonte de la renovación del CGPJ puede contribuir a sosegar la relación entre el Gobierno y los jueces. Bolaños ha llegado a decir públicamente que ocho vocales están "a las órdenes estrictas de Génova", por lo que la actualización de este órgano y la normalidad que supondría el desbloqueo y el nombramiento de todas las plazas pendientes podría ayudar a esta nueva etapa, sin perder nunca de vista que el independentismo discrepa de la propia independencia del Poder Judicial.

En el otro lado, el de los jueces, la acción desplegada en estos días ha provocado efectos positivos, pero que están aún lejos de ser definitivos. Aunque la crisis de las comisiones del lawfare se ha mitigado, la judicatura no olvida el "pecado original". El uso de un término equivalente al reconocimiento de una guerra sucia judicial contra el independentismo en el acuerdo político que el PSOE suscribió con Junts, aún duele.

También hay desconfianza por la ampliación de concesiones a los partidos soberanistas catalanes. Varias fuentes señalan que la sospecha general de los jueces es que el partido de Carles Puigdemont presionará, junto con Esquerra, para que se le otorgue una vieja reivindicación: la creación de un consejo autonómico del poder judicial. Achacan en parte las críticas de los últimos días a distintos magistrados como una estrategia inicial para engrasar esa solicitud.

La clave: las comisiones del 'lawfare'

No obstante, Bolaños ha logrado superar la crisis enorme desatada, por las alusiones de Míriam Nogueras al presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, y a los magistrados del Tribunal, Carlos Lesmes y Pablo Llarena, Carmen Lamela y Concepción Espejel, a quien llamó "indecentes". La primera señal de la magnitud del malestar la dio el Supremo.

En medio de una avalancha de comunicados de rechazo por parte de las asociaciones judiciales, el presidente en funciones del TS, Francisco Marín Castán, anuló la primera cita oficial prevista y lanzó un comunicado sin precedentes del que se intuía que la judicatura veía “complicidad” del Ejecutivo con Junts.

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Lo que indignaba a la judicatura no eran las palabras, sino la seguridad de que estas precedían a un intento de los partidos independentistas de citar a distintos magistrados a sus comisiones de investigación para someterles a una revisión política de su acción judicial. Las revoluciones del enfado no comenzaron a bajar hasta que se produjo la afirmación pública de que el PSOE no apoyaría la citación de jueces a esas comisiones. Como un paréntesis, la crisis se cerró con la celebración de la misma reunión en el TS que se había aplazado por el enfado. Bolaños salió contento, dijo a la prensa.

Pese a la recuperación de una cierta calma, queda en el aire una advertencia: "No nos defrauden". Lo expresó el presidente del CGPJ, Vicente Guilarte. Marín exigió, por su parte, que el Gobierno ponga todo su esfuerzo y medios para acabar con los ataques al poder judicial. La paz aún no se ha firmado.