Los 'sellos de ETA' entregados por Francia en 2018 permiten ocho sentencias condenatorias

La documentación conocida como los 'sellos de ETA' que Francia entregó en 2018 a las autoridades españolas ha servido hasta el momento como base probatoria para ocho sentencias condenatorias en la Audiencia Nacional, en cuatro ocasiones gracias al análisis de la Guardia Civil y otros tantos casos por la labor de los especialistas de la Policía Nacional.

Así consta en el 'Balance del terrorismo en España 2022' publicado en los Cuadernos del mes de julio del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, que repasa el trabajo de las Fuerzas de Seguridad Españolas tras el fin de los atentados, en especial sobre los asesinatos no esclarecidos. En este sentido, el balance se detiene en la base probatoria de los 'sellos de ETA' entregados por Francia en 2018 con documentación intervenida a ETA desde 1999. El destino del material era el propio Centro Memorial, aunque el traslado se efectuó en virtud a una comisión rogatoria con garantías jurídicas para preservar su valor ante los tribunales.

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El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, destaca en el prólogo del balance que las fuerzas de seguridad y la justicia siguen trabajando para "establecer las responsabilidades penales que pudieran corresponder a dirigentes de ETA", y recuerda que en 2022 fueron nueve los condenados por este motivo.

De Txapote a Iñigo Gudiri Arantza Zulueta

El Centro Memorial, que dirige Florencio Domínguez, repasa los casos en los que los 'sellos de ETA' han contribuido a conseguir sentencias condenatorias, comenzando por el asesinato del funcionario de prisiones Máximo Casado en el año 2000.

En concreto, un escrito de autocrítica o 'kantada' del miembro de ETA Iñigo Guridi Lasa intervenido en Francia "contribuyó decisivamente" a la condena de los integrantes del 'comando Totto' Asier Arzalluz Goñi, Aitor Aguirrebarrena Beldarrain e Iñigo Guridi, como autores materiales, a 33 años de cárcel, así como Javier García Gaztelu, 'Txapote', como inductor.

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La segunda sentencia afecta a la histórica dirigente etarra Soledad Iparraguirre, 'Anboto', como autora de un delito contra la Corona y depósito de armas de guerra. La clave fue un documento incautado en Salies-de-Béarn (Francia) que acreditaba su vinculación con la dirección de ETA.

Los 'sellos de ETA' permitieron la condena de nuevo de Iñigo Gudiri, a 51 años de cárcel, por el atentado contra un guardia civil en Navarra en el año 2000, mientras que en el caso de José Carlos Apeztegia fue clave un escrito suyo proponiendo realizar atentados contra funcionarios de prisiones. La quinta sentencia guarda relación con el atentado contra el Palacio de Justicia de Gijón y una farmacia en 1996. A raíz de un escrito de autocrítica intervenido en 2011 de Iratxe Sorzabal, esta integrante de ETA fue condenada a 24 años y seis meses como autora de dos delitos de estragos terroristas.

Otra 'kantada' propició la condena a más de mil años de Juan Luis Rubenach Roig por el atentado con coche bomba contra un responsable de la Policía Científica en el año 2001. Por su parte, Asier Eceiza Ayerra fue condenado a 19 años como cómplice del atentado contra el concejal socialista Juan Priede, de nuevo gracias a los escritos de autocrítica de otros terroristas.

La octava y última sentencia es la de la abogada Arantza Zulueta, en este caso gracias al análisis de inteligencia de documentos incautados en el país galo que permitieron condenarle a cuatro años por un delito de integración en organización terrorista, así como por depósito de armas y explosivos a otros tres años y seis meses.

Zulos y etarras huidos

El balance del Centro Memorial también repasa otros aspectos tras el fin de ETA como los tres zulos que fueron intervenidos en 2022, uno de ellos en Francia, o el retorno voluntario de cinco huidos de la Justicia tras permanecer muchos años fuera del alcance de los tribunales españoles.

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Se trata de Nekane Txapartegi, que regresó desde Suiza una semana después de quedar sin efecto la reclamación judicial desde hace 15 años por falsificación de documento oficial, quedando en libertad tras personarse en la Audiencia Nacional a la espera de ser juzgada. Al prescribir su acusación como miembro del 'comando Nafarroa', Lázaro Galarza Larrayoz regresó desde México, poniendo fin a la orden de búsqueda y captura que pesaba contra él desde 1992. Luego regresó al país centroamericano, donde falleció de accidente laboral.

Emilio Martínez de Marigorta y Félix Manzanos Martínez, con "denso historial de actividades terroristas en los años setenta y ochenta", también regresaron a España, en su caso desde Cabo Verde. Aquí llegaron desde Argelia en 1989 y estuvieron más de 30 años, al negarse las autoridades locales a entregarlos. Hasta Cabo Verde llegó en 1986 Iñaki Rodríguez Muñoa, quien regresó el año pasado a España. Este miembro de la rama político-militar huyó a Cuba en barco, donde había permanecido hasta su retorno voluntario.