La Audiencia Nacional reabre el caso del atentado a la embajada española en Kabul

La Audiencia Nacional ha reabierto el caso del atentado en la embajada de España en Kabul (Afganistán) perpetrado por un comando terrorista en diciembre de 2015. El Juzgado Central de Instrucción número 6 ha dictado un auto al que ha tenido acceso El Confidencial en el que revoca el archivo para ordenar nuevas diligencias de investigación tras recibir datos que implican a dos actuales ministros del Gobierno talibán afgano y a un alto cargo de sus servicios de Inteligencia. Estas pesquisas se archivaron en 2017 sin que se hubiese podido dar con los responsables del ataque, en el que fueron asesinados los policías nacionales Jorge García Tudela e Isidro Gabino San Martín.

Tal y como adelantó este periódico, la Comisaría General de Información de la Policía Nacional ha recabado recientemente nuevas informaciones más de siete años después del atentado. Cuenta con datos a los que otorga credibilidad y que apuntan al actual ministro del Interior del Ejecutivo talibán, así como al responsable de la cartera de Información, que también ejerce de portavoz y cara visible del Gobierno. Sus nombres son Sirajuddin Haqqani y Zabiullah Mujahid, respectivamente. Son dos pesos pesados del régimen islamista que tomó el poder el verano de 2021 tras dos décadas luchando contra la ocupación internacional de Afganistán provocada por el atentado contra las Torres Gemelas de Nueva York.

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El ministro del Interior es además el líder de la temida red Haqqani. Se trata de una de las facciones del poder talibán más activas en la realización de acciones violentas y con influencia en el reparto de las cuotas del poder y el diseño de la estrategia. Sirajuddin Haqqani heredó el liderazgo de su padre y las autoridades españolas cuentan con datos certeros de la identidad falsa con la que realiza viajes internacionales. Estados Unidos y la comunidad internacional le tienen como uno de los personajes más buscados por su sistemática violación de los derechos humanos. España solicitó una blue notice sobre estos dos ministros a Interpol para tener acceso a todos los datos disponibles sobre ellos.

El auto de la Audiencia Nacional ya ha sido notificado a todas las partes que estuvieron personadas en el procedimiento que siguió en la Audiencia Nacional hasta el año 2017 y que contó con la acusación por parte de Fiscalía de la que fuera ministra de Justicia y fiscal general del Estado, Dolores Delgado. El ministerio público secundó la denuncia de los familiares de las víctimas contra el entonces embajador español por desatender las alertas de seguridad y las pírricas medidas de protección con las que contaba la legación española. El juzgado consideró acreditado que las condiciones en las que estaba la delegación española no eran las adecuadas, pero no consideró que el embajador fuera culpable de ello.

"Derecho a conocer la verdad"

El auto del juez Alejandro Abascal recuerda que el 3 de octubre de 2017 se acordó el sobreseimiento provisional y archivo de estas diligencias previas “al no existir motivos suficientes para acusar a determinada o determinadas personas como autores, cómplices o encubridores”. Sin embargo, afirma que el pasado 29 de marzo “se ha recibido oficio procedente de la Comisaría General de Información por el que se solicita la reapertura por haber tenido conocimiento de nuevos elementos de prueba no obrantes en la causa”. Esta reapertura de la investigación ha contado con el visto bueno de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que el pasado 13 de abril remitió un escrito en el que mostraba su aval a la petición de la Comisaría General de Información.

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En sus argumentos jurídicos, el magistrado destaca un extracto del escrito de la Fiscalía en el que defiende seguir investigando esta nueva vía abierta por la Policía “para satisfacer el derecho que tienen las víctimas a conocer la verdad de lo ocurrido en el atentado”. Las fuentes de la investigación consultadas por este periódico aseguran que el proceso podría malograrse en caso de hacerse públicos los detalles de las nuevas pruebas en poder de la Policía. El propio auto del juzgado plantea la posibilidad de la conveniencia de “adoptar alguna medida de sigilo”, como decretar el secreto de las actuaciones.

El atentado en la embajada tuvo lugar apenas cinco días antes de unas elecciones generales en España. Murieron los dos policías nacionales, cuatro agentes afganos, un empleado local de la delegación y hubo 10 heridos. Sobre los autores materiales, se sabe que instalaron un Toyota Corolla verde cargado de explosivos junto a un portón metálico que había en el perímetro del edificio. La detonación de la carga propició la muerte del primer miembro del comando, un terrorista suicida, pero permitió generar una abertura en el muro de seguridad de la embajada por la que entraron los demás integrantes del grupo. Lograron llegar hasta la azotea, donde terminaron abatidos por las fuerzas internacionales que acudieron en auxilio de España.