La JEC quita el escaño de diputada del Parlament a Borràs y expedienta a Isabel Rodríguez

La Junta Electoral Central (JEC) ha confirmado este jueves que retira el acta de diputada del Parlament de Cataluña a la presidenta suspendida Laura Borràs, al haber sido condenada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por un delito contra la administración pública. A su vez, la JEC ha comunicado a la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, la apertura de un expediente sancionador tras dos avisos previos por hacer declaraciones "electoralistas" en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en Moncloa, a pocos días de las elecciones.

En cuanto al caso de Borràs, la resolución declara que la causa de inelegibilidad sobrevenida que contempla el artículo 6.2 y 6.4 de la LOREG y que conlleva incompatibilidad en el cargo se da en su caso por haber sido condenada a la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de empleos o cargos públicos electivos por considerarla responsable de un delito de prevaricación administrativa.

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La JEC deja sin efecto la credencial de la diputada electa al Parlamento de Cataluña por la circunscripción electoral de Barcelona, y declara su vacante y expide la credencial al siguiente candidato de la lista de la formación política con la que concurrió a las elecciones del 14 de febrero de 2021.

Contra este acuerdo cabe la interposición de recurso contencioso-administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo en el plazo de dos meses de su notificación.

Laura Borrás está condenada por el TSJC a 4 años y medio de cárcel y 13 de inhabilitación por adjudicar contratos a dedo a un amigo durante su mandato al frente de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) y también tiene condena por delitos de prevaricación y falsedad documental, aunque el tribunal propuso al Gobierno el indulto parcial para que pueda evitar la prisión.

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Durante las diez páginas que ocupan el acuerdo de la JEC, este órgano recuerda los precedentes de retirada de las credenciales al expresidente de la Generalitat de Cataluña Quim Torra y al diputado de la CUP Pau Juvillá, por delitos de desobediencia sin sentencia firme.

"Si es exigible una cierta ejemplaridad social a quien ejerce cualquier función pública, con más intensidad debe hacerse respecto de aquellos cargos cuya función consiste precisamente, por ser representantes de los ciudadanos, en actuar de manera directa en los asuntos públicos", incide con varias sentencias del Supremo.

Abren expediente a la portavoz por hacer "electoralismo"

En relación con el caso de la portavoz del Gobierno, la decisión llega tras una denuncia del PP en la que se quejaba de unas declaraciones hechas por la portavoz en Moncloa el pasado 25 de abril en respuesta a una pregunta de los medios sobre las críticas del PP a la exhumación de los restos del fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera.

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La JEC señala que la portavoz respondió con "valoraciones y apreciaciones críticas con la posición y las decisiones del principal partido de la oposición", todo ello "en el curso de una intervención institucional y haciendo uso de recursos públicos".

"Aunque la ausencia de premeditación mitigue la responsabilidad de la ministra portavoz, no exime a esta del deber de diligencia con el que debe comportarse en sus intervenciones institucionales, evitando la emisión de manifestaciones con connotaciones electoralistas, incluso en aquellas situaciones en las que haya periodistas que le formulen preguntas que puedan comprometer su deber constitucional de neutralidad (...) que se intensifica en periodo electoral", añade.

Respondió con "valoraciones críticas con las decisiones del PP en una intervención institucional y usando recursos públicos"

Además, la Junta Electoral Central recuerda que había reprendido en dos ocasiones a la portavoz del Gobierno tras recibir sendas denuncias del PP por declaraciones efectuadas también en Moncloa en periodo preelectoral, con las elecciones municipales y autonómicas de mayo ya convocadas.

Por todo ello, la Junta Electoral Central determina en esta tercera ocasión incoar un expediente sancionador contra la portavoz del Gobierno "para dilucidar que la eventual infracción sea merecedora de sanción", una decisión contra la que se puede interponer un recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses desde su notificación. Estima que con las declaraciones ha vulnerado con sus declaraciones el artículo 50.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), que prohíbe desde la convocatoria de las elecciones y hasta su celebración "cualquier acto organizado o financiado directa o indirectamente por los poderes públicos que contenga alusiones a las realizaciones o a los logros obtenidos".