Borràs alega a la JEC que su sentencia no es firme y que retirarle el escaño vulneraría derechos

La presidenta del Parlament suspendida, Laura Borràs, ha alegado ante la Junta Electoral Central (JEC) que la sentencia que la condenó por prevaricación y falsedad documental no es firme y que retirarle el escaño vulneraría su derecho a la participación política y a la presunción de inocencia.

En un escrito remitido a la JEC, consultado por Europa Press, sus abogados sostienen que el órgano electoral no es competente para "dejar sin efecto credenciales o declarar vacantes" en el Parlament, como ocurrió con el expresidente de la Generalitat Quim Torra y el exdiptuado Pau Juvillà.

A su juicio, los argumentos en los que la JEC se ha amparado en el pasado para declarar vacantes escaños son "creaciones jurídicas ad hoc para intentar privar arbitraria e ilegalmente de un cargo electo" al margen de las garantías del Estado de derecho.

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Además, defienden que la JEC solo puede pronunciarse sobre la elegibilidad de un candidato que aún no ha sido elegido, lo cual no es su caso: "Es evidente que quien ha resultado elegido no puede devenir inelegible en relación con un proceso que ha concluido, ni siquiera sobrevenidamente".

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) condenó a Borràs a cuatro años y medio de cárcel y 13 de inhabilitación por fraccionar contratos al considerar probado que los adjudicó a dedo a un amigo con presupuestos falsos cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), en una sentencia recurrida ante el Tribunal Supremo (TS) y que aún no es firme.

"Un intento de fraude de ley"

La defensa de la líder de Junts subraya que no ha incurrido en ninguna de las causas de cese que prevé el Reglamento en su artículo 24 para los diputados, como son haber sido condenado por sentencia judicial "firme" que anule su elección o los inhabilite.

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"Nos encontramos, pues, ante un intento de fraude de ley según el cual, por un lado, se pretende privar al Parlament de Catalunya de sus competencias y, de la otra, se pretende privar también al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya de las suyas, en particular de su competencia para, llegado el caso de que la sentencia deviniera firme, ejecutar la misma", afirman.

Aseguran que "no existe un solo Estado miembro" de la Unión Europea donde una sentencia penal determine que una persona sea declarada inelegible, como argumentó la JEC basándose en el artículo 6.2b) de la Ley Orgánica del Régimen Electoral Central (Loreg).

Según este artículo, son inelegibles los condenados por delitos contra la administración como lo es la prevaricación -también por terrorismo, rebelión y contra las instituciones del Estado- aunque la sentencia no sea firme, cuando la condena lleve aparejada una pena de inhabilitación.

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La defensa de Borràs lamenta la interpretación que ha hecho de este artículo el TS, "instancia obcecada en apartar de los cargos para los que han resultado elegidos a los diputados de ideología independentista", y advierte de que la Corte Constitucional italiana anuló un artículo similar del ordenamiento italiano. También sostiene que Cs, PP y Vox carecen de legitimidad para instar a la JEC a retirarle el escaño, ya que no tienen "ningún derecho vinculado a la condición de diputada" de Borràs ni, por tanto, interés legítimo en el procedimiento, según los abogados de la líder de Junts.

Ven en la JEC un "objetivo punitivo"

Por todo ello, la defensa de Borràs pide a la JEC desestimar la petición de estos partidos y advierten que, de no hacerlo, la resolución del recurso de casación ante el TS quedaría sin "efectos reales".

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"El Acuerdo de esta Junta Electoral en virtud del cual se formulan las presentes alegaciones, así como los escritos presentados por los partidos políticos solicitantes, tienen un objetivo punitivo absolutamente ilegítimo", critican los letrados.

Además lamentan que la JEC no les trasladara el expediente sobre el caso y que, cuando lo pidieron, les instara a consultar la copia remitida al Parlament dada su extensión, y sin suspender el plazo de diez días para pronunciarse.