Vía libre a los topillos: la reforma de maltrato animal amenaza la lucha contra plagas

La reforma del Código Penal en materia de maltrato animal amenaza la lucha contra plagas como la del topillo campesino. En su informe sobre el anteproyecto de ley, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) advierte sobre las fallas que presenta esta nueva normativa y, entre ellas, destaca la dificultad que conlleva la protección de "todos los animales vertebrados". Según advierten, este objetivo puede entrar en colisión con otros bienes jurídicos como "la salud pública o el medioambiente".

Esta reforma se tramita en paralelo al proyecto de Ley de Bienestar Animal y en noviembre ya saltó a los titulares por castigar con mayor dureza determinadas agresiones a mascotas que las cometidas contra la pareja. Pese a ello, además de avisar sobre "una hiperagravación (...) que puede afectar al principio de proporcionalidad", el CGPJ también aborda sus posibles efectos en cuestiones como las plagas por el "radical cambio" de extender la protección a todo animal vertebrado y no solo los domésticos.

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En su exposición de motivos, el propio anteproyecto deja caer que no serán "objeto de reproche penal" aquellas conductas en las que "concurra la finalidad de preservar la salud pública o la biodiversidad", pero al no concretarse de forma clara en la propia reforma, en el CGPJ consideran que la amenaza se mantiene. Sobre todo, en lo que se refiere a la inmediatez necesaria a la hora de dar respuesta a determinadas plagas, para lo que las fuentes consultadas ponen como ejemplo la del topillo campesino.

Esta especie no ha dejado de acaparar titulares desde 2007, cuando arrasó los campos de Castilla y León a la vez que se diagnosticaban cientos de enfermos de tularemia, una patología desconocida en España hasta hace pocos años. La enfermedad afecta en especial a roedores, liebres y conejos, que ahora se verían beneficiados por esa especial protección, pero también a humanos, exigiendo tratamientos farmacológicos a base de antibióticos y, en los casos más graves de nuestro país, la hospitalización.

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En agosto de 2019, cuando se producía una nueva expansión del topillo campesino y la Red de Vigilancia Epidemiología de la Junta de Castilla y León confirmaba 28 casos de esta enfermedad, El Confidencial ya publicó un reportaje en el que se planteaban distintas formas para combatirla: desde venenos hasta instalar cajas nido e incrementar la presión de cernícalos y lechuzas, pasando a su vez por cambios drásticos en la actividad agrícola. Si la reforma en materia de maltrato animal protege ahora la vida de cualquier vertebrado, el CGPJ considera que cualquiera de estos métodos que implique la muerte del topillo campesino podría verse comprometido.

"La protección a todo animal vertebrado, sin ninguna limitación en los términos propuestos, provocará importantes problemas al resultar difícilmente conciliable con la protección debida a otros bienes jurídicos como la salud pública o el medioambiente", advierte el informe del CGPJ. "En más de una ocasión, la defensa de estos bienes jurídicos entrará en conflicto con la protección de la integridad física, o incluso de la vida del animal vertebrado, precisando una respuesta inmediata que no siempre contará con el respaldo de leyes u otras disposiciones de carácter general dictadas con carácter previo que, a la luz de la modificación proyectada, justifiquen la conducta".

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El informe, elaborado por la vocal progresista Roser Bach y aprobado por unanimidad en el CGPJ, incide además en que "la actual legislación no distingue entre el animal vertebrado del invertebrado, sino que distingue entre animales domésticos o amansados, y animales salvajes, dejando fuera del tipo básico el maltrato de animales a estos últimos". Esto no significa que la normativa proteja de modo alguno a estos últimos, pues los artículos 334 y 335 del Código Penal "sancionan, respectivamente, la caza o pesca de especies protegidas o de especies no protegidas, cuando esté expresamente prohibido por las normas específicas sobre su caza o pesca".

Al extenderse la protección a todo animal vertebrado, el informe destaca también que se "crea un conflicto relacionado con los delitos relativos a la protección de la flora y la fauna", que en ningún caso se ven afectados por la futura reforma. "Supone un radical cambio respecto del bien jurídico que se protege en la regulación", concluye el CGPJ.