Golpe a la 'jet set' de la caza furtiva: el marqués de Valdueza y un bisnieto de Franco, investigados

La Justicia y la Guardia Civil están investigando una trama de caza ilegal en la que estaban presuntamente involucrados algunos de los apellidos más ilustres de España. Los implicados abatieron decenas de corzos, machos monteses, ciervos y otras especies de alto valor natural sin disponer de las licencias públicas obligatorias y, posteriormente, manipularon los precintos de control cinegético para blanquear las capturas y poder colgar los trofeos en las paredes de sus casas sin ser descubiertos. Las diligencias se instruyen en el Juzgado número 3 de Móstoles (Madrid) y se dirigen por ahora contra 23 personas a las que se atribuye un supuesto delito contra la flora y la fauna y otro de falsedad documental.

Según ha podido confirmar El Confidencial, entre los investigados se encuentra Juan José Franco y de Suelves, bisnieto de Franco, hijo de Francisco Franco Martínez-Bordiú y consejero delegado de Huntser, una empresa dedicada a la gestión de licencias y cotos de caza en España, África, Argentina y Rumanía que opera desde 2004. “Huntser hace realidad sus ilusiones dentro y fuera de España, seleccionando las mejores fincas”, asegura en su página web. En 2014, durante una cacería, disparó un arma por error y mató a un amigo que trabajaba en el Departamento de Informática de El Corte Inglés.

También está imputado el XII marqués de Valdueza, Alonso Álvarez de Toledo y Urquijo, uno de los mayores propietarios de cotos de caza de España, con un total de 12.980 hectáreas dedicadas al aprovechamiento cinegético. Se trata de una figura en este deporte. Fue consejero de Banco Urquijo, está casado con una hermana del exsecretario de Estado de Defensa Pedro Argüelles y compartió pupitre en Las Jarillas con Juan Carlos I. En la actualidad, preside la Junta Nacional de Homologación de Trofeos de Caza, que se encarga de medir y certificar los trofeos de especies cinegéticas que se matan en territorio nacional.

Otros investigados notables son un sobrino del marqués de Valdueza, Gonzalo Ciriaco Vicente-Mazariegos Álvarez de Toledo; la empresaria Beatriz Fernández de Córdoba Ruiz de Ocejo, una aristócrata que es copropietaria de una de las armerías más conocidas de España, ubicada en el cruce de las calles Juan Bravo y Velázquez, en pleno barrio de Salamanca de Madrid; y los responsables de varias compañías especializadas en la organización de monterías y recechos de Castilla y León y Castilla-La Mancha, como Sopié y Sabana, Recechos del Norte y Caza Sigüenza.

Completan la lista un importante bróker financiero y de seguros, un trabajador de control interno de CaixaBank, un abogado de Madrid, varios empresarios, un exempleado de Naturgy, otro extrabajador del Santander, un veterinario con tres clínicas en pueblos de la Comunidad de Madrid, varios arrendatarios de cotos de caza y el actual poseedor del segundo trofeo de jabalí con mayor puntuación de la historia de España.

El Seprona (Servicio de Protección de la Naturaleza) de la Guardia Civil de Ávila ha liderado las pesquisas desde que comenzaron en 2021. Los agentes recibieron una información anónima que les alertó de la existencia de una taxidermia pirata en la zona de Móstoles y se desplazaron a inspeccionarla. Cuando llegaron al establecimiento, su responsable trató de esconderse, pero fue finalmente localizado en el interior del recinto. Los funcionarios encontraron 13 trofeos de corzo, un cráneo de lobo, cuatro trofeos de macho montés, un congelador con varias especies alóctonas (no autóctonas) y 123 precintos de caza manipulados. El hallazgo fue presentado públicamente en noviembre de 2021 con el nombre de operación Ro3buk, aunque la identidad de los investigados se había mantenido hasta ahora en secreto.

Un cuaderno hallado en la taxidermia de Móstoles destapó el funcionamiento de la trama y permitió averiguar quién se ocultaba detrás de cada uno de los animales. “Para entender cómo operaba esta red, hay que tener en cuenta que los permisos de caza son limitados. Cada temporada se hace una subasta para adjudicar las piezas de caza mayor que se pueden abatir en una reserva o se asigna un número limitado de ejemplares que es posible cazar en una finca concreta”, explica a este diario uno de los agentes del Seprona que lleva el caso.

“Cada uno de esos animales está asociado a un precinto que se coloca mediante un sencillo sistema de cierre metálico que no se puede retirar una vez utilizado. Cuando un cazador mata un macho montés o un corzo, por ejemplo, tiene que ponerle el precinto correspondiente de forma inmediata, sin mover siquiera el animal del sitio en el que ha caído”, añade el guardia civil. “La mitad del precinto se envía luego a los órganos autonómicos encargados de esta materia y la otra mitad se queda fijada a la cabeza del animal, también durante el proceso de taxidermia, para que quede constancia en todo momento de que es una pieza autorizada”.

El primer indicio de delito fue el hallazgo de los precintos alterados en el taller de Móstoles. “Teniendo en cuenta que los precintos no deben retirarse nunca, ya fue algo llamativo. Cruzamos los datos de esos precintos con el registro interno que mantenía el taxidermista para llevar un control de sus clientes y sus trabajos, y comprobamos con qué animales y clientes correspondían”. A los 23 investigados de la pieza principal hay que sumar otras dos personas que introdujeron sin autorización en España una cotorra-ñanday, un ave de la familia de los loros originaria de Paraguay, Bolivia, Brasil y Argentina.

Indagaciones posteriores permitieron concluir que los involucrados en la trama utilizaban un solo precinto para cazar múltiples animales. Alteraban los sistemas de seguridad de los cierres para colocarlos y retirarlos a su antojo. Así podían ser utilizados y revendidos de forma ilimitada. En otras ocasiones, ni siquiera utilizaban el paraguas de un precinto para aparentar que se trataba de piezas legales. Abatían el número de animales que deseaban sin importarles la época del año en que estuvieran. Después, el responsable de la taxidermia desmantelada hacía la vista gorda y disecaba los animales a pesar de que carecían de licencia.

Todos los imputados han pasado ya por el juzgado de Móstoles para prestar declaración y ya se encuentran cerca del banquillo. La instrucción de la causa está a punto de concluir. La Fiscalía de Medio Ambiente ejerce la acusación. Además de un delito contra la fauna y otro de falsedad documental, algunos investigados se enfrentan a cargos adicionales.