El Congreso amplía los supuestos de voto telemático ante las votaciones agónicas

Las votaciones de infarto en el Congreso de los Diputados se han convertido en una constante. El Gobierno llega apurado para sacar adelante sus iniciativas y, en algunos casos, hasta las eterniza en el trámite por el riesgo de perderlas. Ante esta situación de transitar continuamente por el alambre, el portavoz del Grupo Socialista, Héctor Gómez, ha promovido una reforma del reglamento para que se amplíe el uso del voto telemático. Tras negociarlo con el resto de los partidos, se ha presentado a la Mesa una proposición para que se modifique el artículo 82.2 por procedimiento de urgencia y en lectura única. Está previsto que tenga luz verde en el pleno de este jueves tras modificarse el orden del día para incluir la propuesta, según han confirmado fuentes parlamentarias a este medio.

En la exposición de motivos se pide que se permita ampliar los supuestos para el voto telemático que se establecieron en la reforma del artículo 82, aprobada en el año 2020 a causa de la pandemia, a aquellos casos en los que los parlamentarios deban ausentarse de la votación en una sesión plenaria para cumplir con compromisos de representación institucional en foros internacionales en el extranjero. Con esta medida se pretenden evitar situaciones como la que se vivió con motivo de la convalidación del decreto anticrisis. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tuvo que suspender su viaje a Moldavia y Polonia para no perder un solo voto, dado que hasta la misma mañana de la votación no cerró los apoyos, que finalmente vinieron de Bildu.

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El nuevo redactado del 82.2 establece que, además del voto telemático en los casos de embarazo, maternidad, paternidad, enfermedad o en situaciones de especial gravedad, se pueda aplicar este régimen "a los miembros de la las delegaciones permanentes de las Cortes Generales en asambleas parlamentarias, o a los diputados y diputadas que tuvieran compromisos de representación institucional en el extranjero en cumbres europeas, iberoamericanas, de la OTAN, del G-20, así como reuniones oficiales de la Asamblea General de Naciones Unidas, de sus convenciones o asimilados, cuando la participación en sus actividades oficiales les impida la asistencia a la votación en la sesión plenaria".

Este artículo del reglamento de la Cámara saltó a la palestra precisamente por dos votos que salvaron al Gobierno de una derrota histórica en la convalidación de la reforma laboral. Los dos exdiputados de UPN, Sergio Sayas y Carlos García Aranero, rompieron la disciplina de partido y votaron no a la reforma del Gobierno, pese a que la dirección de su partido había pactado un "sí". Este cambio hubiera hecho naufragar la medida estrella de Sánchez, pero un error de un diputado del PP, Alberto Casero, que votó telemáticamente, salvó la mayoría que necesitaba el Gobierno. Pulsó un "sí" en lugar de "no". Consciente de la trascendencia de su fallo, avisó a la dirección del partido y se abrió una guerra con la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, al reclamar que no se había verificado de forma personal, como recogía el reglamento, el sentido del voto emitido. Casero insistía en que había llamado al darse cuenta de su error y no se le atendía. La Presidencia de la Cámara Alta le recordó que desde la pandemia se había prescindido de la "comprobación personal", dado que era inviable llamar a los 300 diputados que votaban a distancia. Además, la nueva aplicación de las tabletas que se adjudicaron a sus señorías permitía una verificación telemática segura.

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En la proposición que se llevó a la Mesa el pasado 11 de mayo se elimina la "verificación personal" y se establece simplemente que "el voto emitido por este procedimiento deberá ser verificado mediante el sistema que, a tal efecto, establezca la Mesa y obrará en poder de la Presidencia de la Cámara con carácter previo al inicio de la votación correspondiente". Fin de la polémica que supuso un duro golpe para el PP tras revisar los servicios informáticos del Congreso que no había fallo en el sistema, como argumentó en un primer momento Casero. Los populares presentaron un recurso en el Constitucional. Es precisamente este tribunal el que dirimirá si se vulneraron los derechos del diputado de Unidas Podemos, Alberto Rodríguez, al retirársele el escaño tras ser condenado por el Supremo por la agresión a un agente durante una manifestación. Desde la condena, el partido morado cuenta con un voto menos y este, dado lo ajustado de la mayoría de gobierno, complica la aritmética. Desde el PSOE se ha solicitado que se sustituya a Rodríguez, pero desde Unidas Podemos lo rechazan a la espera de que el Constitucional resuelva el recurso, que se basa en que la inhabilitación no es válida tras conmutarse la pena de prisión. Cada voto vale oro.