La Audiencia asume que tendrá que absolver a numerosos etarras como pide Bildu

Jueces y fiscales de la Audiencia Nacional ya asumen que el reciente fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), con sede en Estrasburgo, marca un antes y un después en la lucha judicial contra ETA. El tribunal europeo dio la razón a un terrorista que reclamó por no haber podido elegir abogado durante su arresto en 2010. Se llama Xabier Atristain y, tras siete años de pleito, se encuentra en libertad a la espera de que la Justicia española anule su condena definitivamente. Diversas fuentes jurídicas consultadas por El Confidencial dan por hecho que esta sentencia europea condicionará los juicios que se celebren a partir de ahora y les obligará a dictar absoluciones para terroristas, entre ellos, dirigentes de la organización con delitos de sangre.

“Prácticamente todos se van a ver afectados, basta que lo planteen durante el juicio, no hace falta que lo hayan hecho antes”, “la resolución de los casos pendientes queda prácticamente desactivada”, “todos los antiguos declararon incomunicados o recién quitada la incomunicación”, “más palos en las ruedas, todavía nos quedan pendientes múltiples juicios de incomunicados”. Estos son algunos de los testimonios recabados esta semana por este periódico. De hecho, en algunos casos concretos ese temor ya se ha materializado. Las mismas fuentes señalan los casos de Gorka Palacios o el histórico Juan Carlos Iglesias Chouzas, alias ‘Gadafi’, uno de los etarras más sanguinarios.

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Palacios ha sido absuelto en una resolución en la que ya se cita el fallo de Estrasburgo. Gadafi fue juzgado en marzo y está a la espera de sentencia. Son solo dos ejemplos, pero habrá más, según auguran las fuentes consultadas. La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) lleva semanas advirtiendo contra este escenario y el riesgo de que se produzcan excarcelaciones masivas. La asociación se reunió la semana pasada con el Ministerio de Justicia. El departamento que dirige Pilar Llop, les dio garantías legales de que no habrá salidas generales. No obstante, la última palabra la tienen los tribunales. Estrasburgo dictó su resolución en enero, pero no ha sido hasta esta semana cuando el fallo se ha tornado firme, una vez los jueces europeos han rechazado el recurso del Gobierno español.

El debate jurídico tiene que ver con el régimen de incomunicación al que históricamente se ha sometido a los miembros de ETA cuando eran detenidos. También a los de otras bandas terroristas o de crimen organizado. La ley permite en casos muy tasados impedir que elijan un abogado de su confianza para asistir a los primeros interrogatorios policiales. Se tienen que conformar con un abogado de oficio. Se les puede privar también de contactar con sus allegados para avisar de su situación o reunirse con el letrado previamente para preparar su declaración. Lo contempla el artículo 527 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, avalada ya hace décadas por el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional.

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Tal y como ha acreditado la Justicia en sentencias firmes, en muchas ocasiones los abogados de ETA eran correas de transmisión entre los comandos y la dirección de la organización. Eso dificultaba la resolución de los casos o servía para avisar a sus partidarios, que corrían a ocultar o destruir pruebas antes de que llegase la policía. Sin embargo, Xabier Atristain recurrió ese régimen de incomunicación ante Europa tras agotar todas las vías de recurso en España. Un tribunal formado por siete jueces —en el que había una magistrada española— aceptó los argumentos del etarra.

Estableció que, para restringir los derechos de un detenido, es necesario un auto del juez motivando expresamente las razones y de forma individualizada. Y eso es justo lo que no existió en el caso de Atristain. Sus declaraciones ante la Guardia Civil fueron clave para intervenir a ETA numeroso material explosivo y se evitaron atentados, pero al mismo tiempo sirvieron para apuntalar la condena a 17 años de prisión para el etarra por tenencia ilícita de explosivos e integración en organización terrorista. El fallo de Estrasburgo le ha permitido recuperar la libertad antes de agotar la condena.

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Las fuentes consultadas admiten que la mayoría de autos en los que se ordenaba la incomunicación no cumplen con la exigencia que ha establecido ahora Europa, especialmente los dictados antes de 2015. Ese año, tal y como destaca la sentencia de Estrasburgo, se modificó la Ley de Enjuiciamiento Criminal: “Ahora requiere una resolución judicial individualizada para restringir el derecho del detenido a comunicarse con un abogado incluso durante la detención incomunicada”.

El caso ya ha pasado de los tribunales a la política. Sortu, el partido matriz de la coalición 'abertzale' Bildu, que lidera el exportavoz del brazo político de ETA Arnaldo Otegi, se ha apresurado a exigir al Gobierno de Pedro Sánchez que se acelere la excarcelación de etarras. El dirigente de Sortu Arkaitz Rodríguez ha comparecido en compañía del propio Atristain. Vaciar las cárceles de etarras es una prioridad para Bildu, socio parlamentario del Ejecutivo, a quien apoyó hace solo unos días para sacar adelante el último decreto de ayudas anticrisis. Otegi ya dejó dicho en octubre ante las bases de su partido que si era necesario firmar los presupuestos para sacar a la calle a 200 presos, lo haría.

Las dos vías

Al colectivo de internos terroristas les asisten dos vías para acogerse a este fallo de Estrasburgo. Una de ellas consiste en pedir al Tribunal Supremo que revise sus condenas si entienden que en su caso tampoco hubo un auto motivado e individualizado que motivase su incomunicación. Por este camino, solo podrán tener éxito aquellos que hubiesen activado en su día el recurso ante el TEDH o los que lo tengan en la actualidad. Es necesario que no haya pasado el plazo de cuatro meses que marca la ley para asistir a la Justicia europea desde que se agota la vía de los tribunales nacionales. El Supremo todavía no ha contestado a Atristain. Su sentencia se hizo firme esta semana.

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Quien también ha optado por esta vía es una de las últimas jefas de ETA, Iratxe Sorzábal. Ha pedido al Tribunal Supremo que le aplique la 'doctrina Atristain' contra la sentencia de la Audiencia Nacional que condenó a la exjefa de ETA a 24 años y medio de prisión por dos atentados en Gijón, Asturias. Europa Press informa de que la AVT ya ha mandado un escrito al Supremo pidiendo que inadmita la petición de la etarra. Argumenta que las declaraciones que hizo Sorzábal en sede policial no se tuvieron en cuenta como prueba ni por las acusaciones ni por el tribunal.

La respuesta del Supremo servirá para empezar a calibrar el rumbo que adoptará para el resto. Fuentes jurídicas admiten que la sentencia del TEDH es clara, al menos en lo que afecta a este preso concreto. No ven opción de desatender sus conclusiones. El alto tribunal tampoco lo tendrá fácil a la hora de revisar otras condenas ya impuestas en las que se esgrima este motivo en futuros recursos. La resolución de Estrasburgo cierra prácticamente la vía a interpretaciones en las que se separe lo sucedido durante ese periodo de incomunicación de otras pruebas obtenidas después y, por tanto, del resultado del juicio.

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Sin embargo, el temor de los jueces y fiscales de la Audiencia Nacional tiene que ver con la segunda vía posible para los internos de la banda criminal, que se autodisolvió en 2018 tras más de 800 asesinatos, un tercio de ellos sin resolver. Se refieren a los juicios pendientes, también amenazados. La sentencia de Estrasburgo sostiene que “la consecuencia objetiva de impedir que el abogado de oficio tuviera acceso al demandante [Atristain] en el momento pertinente y la falta de asistencia por un abogado de su elección sin aportar motivos individualizados fue tal que socavó la equidad del proceso penal posterior en la medida en que se admitió como prueba la declaración inicial incriminatoria del demandante”.

La cifra exacta de las vistas que quedan por practicar no se puede cuantificar. Hay presos que todavía tienen causas pendientes, otras se han reabierto recientemente, como las que afectan a miembros de las cúpulas de ETA. Otras fuentes matizan que no todos los casos se pueden equiparar a la situación de Atristain. Advierten de que el fallo europeo establece la necesidad de que haya una declaración en dependencias policiales o que lo que dijeron sirviese para dictar una condena en su contra, lo que no sucede en todos los casos. Desde hace años, ya no vale solo con la declaración policial, sino que es necesario refrendarla después ante los jueces para que sea tenida en cuenta a la hora de condenar.

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Pero la nueva situación se extiende también a las declaraciones de testigos, en ocasiones muy útiles a la hora de acreditar la culpabilidad de un acusado. Así ha sucedido en la sentencia de la Audiencia Nacional que absuelve al etarra Palacios. “Estimamos que del testimonio de Ana Belén Egües y Aitor García exclusivamente es aprovechable la declaración prestada en el acto del juicio, sin ser posible referirlas a ninguna otra previa sumarial obtenida con suficientes garantías”, dice la resolución redactada por el juez José Ricardo de Prada. Se refiere al testimonio prestado bajo incomunicación por estos dos compañeros de comando de Palacios.

“Estimamos que la reciente sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en el caso Atristain contra España establece un nuevo estándar sobre el derecho de defensa en situación de detención incomunicada de necesaria vigencia general para los tribunales españoles, incluido nuestro Tribunal Constitucional, al ser esta jurisprudencia conformadora del contenido esencial de nuestros derechos fundamentales”, dice la Audiencia Nacional. La Junta de Fiscales de Sala decidió recientemente no recurrir esta absolución, por lo que ya es firme.