Unidas Podemos presenta una ley para otorgar la nacionalidad española a saharauis

Unidas Podemos ha presentado una proposición de ley para que se otorgue la concesión de la nacionalidad española por carta de naturaleza a los saharahuis y a los nacidos en el Sáhara Occidental bajo la soberanía de España. Según ha explicado en un comunicado el grupo de UP en el Congreso, con esta iniciativa se pretende que los saharauis nacidos antes del 26 de febrero de 1976, así como sus descendientes directos en primer grado de consanguinidad, puedan obtener la nacionalidad española, tal y como ya lo hacen otros colectivos vinculados históricamente a España, como es el caso de los judíos sefardíes.

Para complementar la regulación de la ley -estructurada en dos artículos, una disposición adicional y cinco disposiciones finales-, es necesario modificar el artículo 22 del Código Civil para incluir dentro de los colectivos beneficiados por el plazo reducido de acceso a la nacionalidad por residencia a los saharauis. De esta manera, se les aplicará el plazo reducido de residencia legal en España de dos años, como ya se contempla para el resto de las personas originarias de países o comunidades con una especial vinculación histórica o cultural con España.

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En el caso de los descendientes en primer grado de consanguinidad de los saharauis que hayan adquirido la nacionalidad española conforme a esta ley, tendrán un plazo de 5 años, "a contar desde la inscripción en el Registro Civil de la adquisición de la nacionalidad española de cualquiera de sus progenitores", para optar a ella. Para Unidas Podemos, esta proposición "acaba con un agravio comparativo" y contribuye a "saldar, aunque sea de manera muy parcial, la deuda histórica contraída con la población saharaui".

Además, considera que con la iniciativa se cumple con el acuerdo del Congreso de los Diputados de abril de 2016 que instaba a la reforma del citado artículo 22 del Código Civil. Para acreditar la condición de saharaui nacido antes del 26 de febrero de 1976, Unidas Podemos establece la validez del DNI español, aunque se encuentre caducado, con verificación de la identidad por parte de los servicios de la Dirección General de la Policía.

También propone que sea válido el certificado de inscripción en el censo para el Referéndum del Sáhara Occidental expedido por Naciones Unidas o los certificados de nacimiento expedido por las autoridades saharauis de los campamentos de refugiados en Tinduf y legalizado por la Representación del Frente Polisario en España, entre otros.