La Audiencia Nacional confirma la sanción a un fiscal jefe que abusó de su piso oficial

La Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional ha confirmado la sanción que la Fiscalía General del Estado impuso al que fuera fiscal jefe de Ourense durante 15 años, Florentino Delgado, por abusar de su cargo al negarse a abandonar la vivienda que le cedió gratuitamente la Xunta para que la ocupara cuando fue nombrado. Los magistrados lamentan en la resolución, a la que ha tenido acceso El Confidencial, el daño provocado con su actitud a la imagen del Ministerio Público. La Fiscalía General sancionó al responsable del departamento en la localidad con suspensión de empleo y sueldo por dos faltas muy graves.

Según explica la sentencia, Delgado solicitó a la Consejería de Justicia e Interior una vivienda inmediatamente después de su nombramiento en 2004 "para uso de la jefatura" y propuso el piso en cuestión, que se le otorgó en atención a su cargo durante un periodo de cinco años. No obstante, transcurridos tres, la Administración gallega determinó que entre las transferencias de medios materiales y personales no se encontraba la provisión de viviendas a ciertos cargos de la Administración de Justicia y acordó que se iniciasen los trámites correspondientes para la extinción anticipada del contrato de arrendamiento. Se reclamó al fiscal jefe la inmediata entrega de las llaves de la vivienda.

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Delgado hizo caso omiso y continuó ocupando la casa, respondiendo a la solicitud con un escrito en el que avisaba de que cualquier actuación dirigida a presionar un desalojo, como los cortes de suministros, se entendería como una "coacción" en sentido estricto y originaría "el ejercicio de todas las acciones que legalmente correspondieran frente al o los presuntos responsables". Hizo lo mismo con todos los demás avisos recibidos, prolongando la situación durante años. Abandonó la casa finalmente en 2019. Durante todo ese tiempo, la Xunta continuaba abonando las rentas mensuales y los gastos de agua, luz y gas.

No solo eso, en el marco de ese tira y afloja, el ex fiscal jefe también abrió una diligencias del Ministerio Público contra la secretaria general técnica de Patrimonio, que le instaba a abandonar el piso y la acusó de presunto de acoso inmobiliario. Dictó un decreto el 2 de abril de 2018 y asumió directamente la tramitación de esta supuesta investigación en el marco de la cual llegó a citarla como acusada de un delito y le tomó declaración. Tras esta tramitación, presentó querella en su contra ante un juzgado que acabó archivándola.

El caso partió de una situación de legítimo uso y disfrute de la casa que, sin embargo, se fue pervirtiendo para pasar a ser "abusiva"

Los magistrados de la Audiencia Nacional aseguran que el caso partió de una situación de legítimo uso y disfrute de la casa que, sin embargo, se fue pervirtiendo para pasar a ser "abusiva". Fue así "desde el mismo momento en que se le comunica, oficial y reiteradamente (los primeros requerimientos al afecto datan de noviembre de 2007), que esa situación se da por terminada con miras a cesar el arrendamiento que le servía de base dentro de una política de austeridad presupuestaria emprendida por la Administración autonómica".

Abusó de su condición

La resolución, que ha adelantado Praza 10, avisa que nada obligaba a la Xunta a establecer este beneficio y si lo estableció, lo hizo con el objetivo de conseguir una estabilidad en la cobertura de determinadas plazas y exclusivamente en atención a la condición profesional del recurrente y a su categoría. Tampoco había nada que obligara a la Xunta a seguir manteniendo el acuerdo. Se prevalió de su condición "al prolongarse en el tiempo en el disfrute gratuito de dicha vivienda, pese a los requerimientos reiterados para que la abandonase y entregara las llaves, con total desconocimiento de instancias superiores dentro de la Fiscalía, y empleando tonos admonitorios hacia las autoridades administrativas que le instaban al desalojo de la vivienda", dice la sentencia.

También se refiere a la obligación de abstención del fiscal en las diligencias y querellas abiertas contra la funcionaria pública que le reclamaba que abandonara la vivienda, que incumplió por un evidente interés personal. Desde de que se hiciera público el episodio de la vivienda oficial, la Fiscalía apartó a Delgado de la jefatura. Recientemente, obtuvo una plaza en Madrid, donde ejerce en la actualidad.