Florentino Delgado, controvertido personaje

Abuso de autoridad y otras faltas graves en el avispero de la Fiscalía de Ourense

La Fiscalía sanciona al exfiscal de Ourense, salpicado por distintas polémicas, y amonesta al de Galicia por entorpecer una causa contra el exalcalde de la ciudad

Foto: Juzgados de Ourense. (Google Maps)
Juzgados de Ourense. (Google Maps)

Florentino Delgado dejó la Fiscalía de Ourense el pasado mayo, días después de que se le comunicara la suspensión cautelar de funciones por negarse a pagar la vivienda que la Xunta le sufragó durante 12 años. Hubo quien vio una represalia en su querella contra dos cargos del Gobierno gallego por acoso inmobiliario a una nonagenaria, pero él lo niega. Solicitó el traslado a Madrid, pero las polémicas que dejó atrás en Galicia le persiguen. La última acaba de significar una nueva sanción de la Fiscalía General, que lo acusa de entorpecer una denuncia contra el exalcalde del PP Manuel Cabezas. El caso salpica al fiscal superior de Galicia, Fernando Suanzes, al que se le atribuye una falta leve de desatención en el caso de Cabezas.

Los 15 años que Delgado permaneció al frente de la jefatura de la fiscalía provincial no fueron precisamente un período de estabilidad. Muy al contrario, el representante del ministerio público se convirtió en un controvertido personaje en el centro de un avispero. Un avispero político, porque sus conflictos lo han sido con la Xunta, cuando le dejó de pagar el alquiler del piso, y sobre todo con el PSOE, que fue el que impulsó la causa contra el que fuera regidor de Ourense entre 1995 y 2007. En concreto con su concejala Áurea Soto, a la que Delgado atribuye una persecución personal.

Es una opinión que no comparte la Fiscalía General del Estado, que impone a su ex representante en Ourense dos faltas muy graves —inobservancia del deber de abstención e ignorancia inexcusable en el cumplimiento de sus deberes— y otras dos graves de abuso de autoridad en su actuación en la denuncia de Soto contra Cabezas. Cada una de las faltas muy graves conlleva cinco meses de suspensión en el cargo, mientras que las graves le acarrean sendas multas de 1.500 y 1.000 euros. A Fernando Suanzes, mientras, se le sanciona con una advertencia por la comisión de una falta leve de desatención en este mismo caso.

Cada una de las faltas muy graves conlleva cinco meses de suspensión en el cargo, mientras que las graves le acarrean multas de 1.500 y 1.000 euros

La Fiscalía General abrió expediente a Delgado como consecuencia de la queja registrada por la edil socialista, que le atribuía continuos aplazamientos de la causa con el objetivo de entorpecer la apertura de juicio contra el exalcalde. Pese a la supuesta obstrucción, Cabezas será finalmente juzgado por los supuestos delitos de malversación de fondos y de prevaricación, por no exigir a los constructores el 10% del porcentaje de aprovechamiento urbanístico que le corresponde a los ayuntamientos en hasta 15 intervenciones. El fiscal superior de Galicia ordenó la apertura de un expediente a Delgado, pero puso a este al frente de la instrucción de su propio caso, una decisión de la que se deriva la desatención que se le imputa. Además, en la tramitación de ese expediente, Delgado abrió diligencias penales contra una de los abogadas de Áurea Soto, a la que amenazó con proceder a su detención.

En vista del cariz que tomaba la investigación ordenada por Fernando Suanzes, los letrados de la edil socialista recurrieron a la Fiscalía del Estado, que cerró su expediente el pasado 2 de octubre. A Suanzes le aplica una atenuante “por su actuación inmediata” para evitar la detención de la abogada de Soto, pero advierte que no prestó “la debida atención” frente a “lo inadecuado de la conducta” de Florentino Delgado. Así, le reprocha que adoptara una medida “insuficiente” para “dejar sin efecto las citaciones coercitivas” contra la letrada. “La actuación del señor Delgado ha de ser reputada como reiterada, si no contumaz”, sostiene la resolución del expediente.

La actuación de Soto contra Cabezas —senador entre 2004 y 2008— fue entorpecida por Florentino Delgado, según concluye el expediente

Áurea Soto promovió sus denuncias contra Cabezas cuando estaba al frente de Urbanismo en el Ayuntamiento de Ourense. Fue en ese período cuando descubrió que el exalcalde había presuntamente favorecido a distintos promotores al renunciar al 10% municipal, con un perjuicio para las arcas municipales que el Consello de Contas calculó en 1,65 millones de euros. Su denuncia fue admitida a trámite por la Audiencia Provincial después de que la rechazara el juez instructor Leonardo Álvarez, el mismo que inició una causa contra Soto por una supuesta prevaricación urbanística que forzó su dimisión en 2015, pero de la que saldría absuelta, mientras Álvarez era imputado por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia por supuesta prevaricación al imputar a la concejala.

La actuación de Soto contra Cabezas —senador entre 2004 y 2008, y actualmente alejado de la política— fue entorpecida por Florentino Delgado, según concluye el expediente. El departamento que entonces encabezaba el fiscal sancionado se sumó a los abogados de Cabezas y a los de dos de sus concejales de Urbanismo, también denunciados, para solicitar el archivo de la causa, mientras el juez instructor, que descartaba el delito de malversación, declaraba la prescripción de la prevaricación. Días atrás, otra juez de instrucción, Eva Armesto, dictó un auto para la apertura de juicio oral contra Cabezas y un exconcejal, a los que acusa de no exigir el 10% de aprovechamiento “sin una argumentación técnico jurídica mínimamente razonable, desbordando la legalidad”, lo que constituye “una desviación o torcimiento del derecho de manera grosera, clara y evidente”.

El expediente de la Fiscalía General atribuye a Delgado una actitud “despreciativa hacia la labor del abogado que ejerce el derecho de defensa”

El expediente de la Fiscalía General atribuye a Delgado una actitud “despreciativa hacia la labor del abogado que ejerce el derecho de defensa” y “una animadversión evidente y creciente hacia la letrada”. “El desprestigio de la Fiscalía, de la que los ciudadanos esperan sea garante de sus derechos y del interés, dispone que la sanción sea proporcionada a la gravedad y daño causados”, añade.

Delgado sostiene que no tiene nada personal contra la exedil socialista. “Ni conozco a Áurea Soto, ni tengo enemistad manifiesta con Áurea Soto, que es la esencia de lo que se me achaca, ni yo quiero perjudicar a Áurea Soto. Pero a ella no le gusta lo que yo hago, lo que resuelve la Fiscalía, lo que resolvió el juez decano, contra el que se querelló, ni el presidente de la Audiencia, al que ha recusado por segunda vez. Ese es el problema, a partir de ahí es donde sale todo”, afirmó en una radio local cuando se le abrió el expediente.

Los 10 meses de suspensión con los que se sanciona a Delgado no lo alejarán de la carrera en el ministerio público ni implican un cambio de destino, ya que se hizo recientemente con una nueva plaza en Madrid. La resolución de la Fiscalía General del Estado puede ser en todo caso recurrida en alzada ante el Ministerio de Justicia, y posteriormente impugnada en los juzgados de lo contencioso.

Florentino Delgado emprendió una querella por presunto acoso inmobiliario a una nonagenaria contra dos cargos de una 'consellería' de la Xunta

En abril de este mismo año, Delgado fue suspendido cautelarmente de sus funciones por otro caso: la investigación interna de la Fiscalía General relacionada con la situación de su vivienda. La Xunta asumió el pago del alquiler entre 2004 hasta 2016, cuando el PP perdió el Gobierno gallego. A partir de ese año, nadie se hizo cargo de abonar el alquiler, lo que desembocó en una denuncia por impago de su propietario contra el Gobierno gallego. Para evitar el juicio, Xunta, propietario e inquilino negociaron un acuerdo en el que Delgado se compromete a asumir los gastos de los últimos tres años.

Florentino Delgado emprendió después de ser conminado a pagar su vivienda una querella por presunto acoso inmobiliario a una nonagenaria contra dos cargos de una 'consellería' de la Xunta, uno de ellos, el encargado de comunicarle que debía abandonar la residencia cuando el Gobierno gallego dejó de pagarla. Delgado les atribuía “medidas de presión no legítimas” e “irregulares” para expulsar de un edificio propiedad de la Xunta a una inquilina de 93 años que paga renta antigua. El caso fue archivado por el juez, que consideró que la dejadez de la Xunta en el mantenimiento del inmueble no podía considerarse un delito de coacciones contra la inquilina.

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