sobrepasa las competencias autonómicas

Pulso entre la Xunta y el Gobierno por un plus de hasta 800 euros a los funcionarios

El ministerio impugna el plan gallego de carrera profesional y amenaza con llevarlo al Constitucional

Foto: El presidente de la Xunta y líder del PP gallego, Alberto Núñez Feijóo. (EFE)
El presidente de la Xunta y líder del PP gallego, Alberto Núñez Feijóo. (EFE)

El plan de la Xunta para devolver a sus funcionarios parte del poder adquisitivo perdido en los últimos años va a tener enfrente al Gobierno de Pedro Sánchez. El acuerdo para aplicar desde este año la carrera profesional, un plus de hasta 800 euros anuales del que se benefician más de 21.000 trabajadores, sobrepasa las competencias autonómicas de Galicia, en opinión del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, que no descarta llegar al Tribunal Constitucional. El Ejecutivo de Feijóo defiende la legalidad de la medida, que asegura que es idéntica a la aplicada en otras comunidades autónomas, pero el rechazo del ministerio puede derivar en una paralización cautelar del incremento salarial.

La carrera profesional gallega nació con problemas, porque varios sindicatos se descolgaron del acuerdo firmado por la Xunta con UGT y Comisiones por excluir a los trabajadores interinos y temporales, entre otras razones. Esa distinción entre fijos y temporales motivó además una investigación de la Comisión Europea, abierta a raíz de una denuncia formulada por trabajadores de atención primaria del servicio de salud y que puede derivar en una multa a España. Con todo, los sindicatos que firmaron el acuerdo celebraron unos incrementos de entre 371 y 800 euros anuales para los empleados públicos de la Xunta, y que en el caso de la sanidad, firmado aparte, asciende a entre 732 y casi 3.000. El plus reconoce el derecho de los funcionarios a progresar de manera individualizada como consecuencia de su desarrollo profesional.

El Gobierno expresó su rechazo a la medida de Feijóo por la vía del BOE. Fue a través del Boletín Oficial del Estado como el ministerio convocó a la Xunta a la comisión bilateral de cooperación entre el Estado y la comunidad autónoma, con el objetivo de “resolver las discrepancias” en relación con los dos textos legales que recogen la carrera profesional y trasladar un posible acuerdo al Tribunal Constitucional. Se trata, en concreto, de las leyes de Medidas Fiscales y Administrativas y de Presupuestos, aprobadas el pasado año. La carrera también se aplica a los agentes forestales y medioambientales de la Xunta.

La comisión bilateral es una fase previa al recurso al Tribunal Constitucional, al que acudirá Política Territorial en caso de no alcanzar un acuerdo. El Gobierno gallego admite que la paralización del plus supondría un problema, no solo para la consolidación de ese incremento salarial sino que plantearía además dificultades para mantener el complemento pactado para retirar de las tareas de extinción de incendios a los agentes mayores de 60 años. Otra consecuencia sería la posible implicación del complemento para los funcionarios que ascienden de categoría por medio de oposiciones de promoción interna, creado para evitar la disminución de la nómina durante las prácticas.

No solo Galicia está teniendo problemas con la aplicación de la carrera profesional. El Tribunal Supremo reconoció recientemente el derecho de los trabajadores interinos de Baleares a cobrar la totalidad del complemento de la carrera profesional. Se da la circunstancia de que el caso lo llevó ante la Justicia el sindicato UGT, uno de los dos que apoyaron el acuerdo en Galicia, considerado “discriminatorio” con los interinos por otras centrales como la CIG y el CSIF. El sindicato nacionalista ha presentado un recurso judicial en Galicia, aunque ha reiterado su disposición a renegociar con la Consellería de Facenda el pacto para hacerlo “universal”. La total equiparación de derechos de los trabajadores fijos y temporales es obligatoria para los Estados miembro de la UE desde 2003.

Pese a contar con el respaldo de dos de los cuatro grandes sindicatos, la carrera profesional de Galicia encontró el rechazo de las cinco juntas de personal de la Xunta: las cuatro provinciales y la de servicios centrales. Se trata de órganos de representación directa de los funcionarios de la Administración autonómica, en los que CIG y CSIF son mayoritarios. Además de “discriminatorio” con los trabajadores interinos y temporales, estos dos sindicatos consideran que también lo es con respecto al personal de otras administraciones públicas y de la propia Galicia, ya que es distinto del que se aplica al personal del Parlamento gallego o del Servicio de Saúde (Sergas). En ambos casos, el sistema permite acceder a los dos primeros grados por medio de vías extraordinarias y en un periodo menor de tiempo.

Las discrepancias entre Xunta y Gobierno por la carrera profesional no son nuevas. Los sindicatos que se oponen atribuyen esas tensiones al hecho de que el gasto relacionado con el complemento dependa de fondos adicionales, por lo que, de no cumplirse el objetivo de déficit, la Xunta carecería de fondos para respaldar el plus. Ese es precisamente otro de los motivos que alegó la CIG para oponerse al acuerdo de concertación. Tanto este sindicato como el CSIF acusaron a la Xunta y a UGT y Comisiones Obreras de sellar el pacto sin el necesario respaldo presupuestario.

El acuerdo para la carrera profesional forma parte de un pacto global de la Xunta con UGT y CCOO para la mejora del empleo público, que incluye también los procesos voluntarios de funcionarización del personal laboral fijo, las subidas salariales generales hasta el año 2020 y el mínimo de plazas de empleo público que se ofrecerán en los próximos años. El plus se sumó así en este 2019 a una subida salarial general del 2,25%, lo que supondrá de promedio unos 810 euros anuales por empleado público. De forma adicional, los salarios aumentarán un 0,25% desde el 1 de julio, condicionado a que el crecimiento del PIB en España iguale o supere el 2,5%, como así ocurrió.

El sistema de carrera profesional aprobado incluye dos regímenes de aplicación: uno común con un grado inicial y cuatro grados, al que se podrán acoger los nuevos funcionarios y los que tengan menos de cinco años de antigüedad, y otro extraordinario. Este último, habilitado de manera excepcional para los trabajadores con más de cinco años de antigüedad, incluye cuatro grados y comporta el acceso directo al grado 1.

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