Arranca la pugna por dirigir la Fiscalía clave para el futuro de los presos etarras

Las próximas semanas serán cruciales para determinar la trayectoria de las principales fiscalías de España. En solo unos días, la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, tendrá que abordar la elección de los jefes de siete de los departamentos más importantes del Ministerio Público una vez cumplido el plazo de cinco años por el que fueron seleccionados los actuales titulares de estas plazas. Destaca en esta lista la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que se ha convertido en la principal barrera que se interpone en los planes de la izquierda 'abertzale' para materializar la puesta en libertad de los presos de la banda terrorista ETA. Los aspirantes a dirigir esta patata caliente han comenzado ya a postularse.

El actual fiscal jefe, Jesús Alonso, quiere renovar su mandato y ejercer durante otros cinco años. Llegó al cargo el 20 de febrero de 2017 en la etapa como fiscal general del fallecido José Manuel Maza. Pese a ser miembro de la Asociación de Fiscales, conservadora, cuenta con la confianza de Delgado, ya que fueron compañeros durante años en la etapa de esta en la Audiencia Nacional. En su contra, la actual línea del Ministerio Público sobre los presos, que no es del agrado de Bildu.

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Dos miembros más de la Fiscalía tienen intención de solicitar la plaza: Vicente González-Mota y Joaquín González Guerrero. González-Mota acumula una dilatada experiencia en este departamento, donde ha ocupado puestos de coordinación en materia de terrorismo y delitos económicos. Por su parte, González Guerrero ha desarrollado una dilatada carrera en Europa. Trabajó en la Unidad de Coordinación de la Lucha Antifraude en Bruselas y en la Oficina de Lucha contra el Fraude (OLAF), donde ejerció distintas responsabilidades. También se ha colado en las quinielas la actual fiscal jefa de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández, miembro de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), la asociación de la fiscal general. Llegó a la jefatura provincial en 2018 y cuenta con la confianza de Delgado. Fuentes fiscales consultadas aseguran que esta vería con buenos ojos que presentara candidatura.

El nombramiento de la cabeza más visible de la Fiscalía no es el único que se llevará a cabo de forma inminente. Delgado tiene la llave para renovar el grueso de la cúpula fiscal con la elección de los responsables de Antidroga, Seguridad Vial, Extranjería, Cooperación Penal Internacional, Criminalidad Informática y Medio Ambiente. La jefatura de Anticorrupción, uno de los buques insignia de la casa, debe renovarse también a corto plazo. Será el próximo junio cuando se conozca si Alejandro Luzón amplía el mandato durante cinco años más o es sustituido.

Los etarras, "preocupados" por la Fiscalía

El Confidencial desveló conversaciones de presos de ETA con su principal interlocutor en el entorno de la izquierda 'abertzale', el exconsejero de Justicia vasco Joseba Azkarraga. En esas charlas en prisión, quedaron patentes las gestiones políticas al más alto nivel con el Gobierno vasco y el Gobierno central en materia penitenciaria. En ellas, se puso de manifiesto la preocupación de los internos terroristas por el papel de la Fiscalía. Acusan al ministerio público de "bloquear" beneficios y salidas: "Estamos preocupados".

El mundo proetarra sabe que la postura de la Fiscalía es clave para acceder a los terceros grados que dan derecho a agotar sus condenas fuera de la cárcel en semilibertad. La mayoría de los presos, más de 80, ya están en el País Vasco. Pero la ley penitenciaria es la misma que siempre y común a todo el Estado. Conceder un tercer grado es competencia de la Administración y se revisan cada seis meses.

La Consejería de Justicia vasca decide sobre los reclusos en cárceles de Euskadi y el Ministerio del Interior, para los que siguen repartidos en centros del resto del norte de España. No obstante, la última palabra para revocarlos sigue siendo de los jueces de la Audiencia Nacional y para eso es imprescindible el recurso de la Fiscalía. Sin intervención del ministerio público, los reclusos tendrán vía libre.

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Alejandro Requeijo

Durante los últimos años, ha destacado la figura del fiscal Carlos Bautista, recientemente condecorado por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT). Es el encargado de vigilancia penitenciaria y el nuevo fiscal jefe de la Audiencia Nacional tendrá que decidir si le mantiene en el puesto o lo sustituye. Los recursos de Bautista hacen especial énfasis en denunciar el falso arrepentimiento de los presos etarras mostrado en escritos de perdón, a su entender, demasiado genéricos en busca de beneficios. Este criterio fue asumido por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, como ha venido informando este periódico.

Los autos de la Sección Primera han advertido en alguna ocasión a Interior de que tendrá que subir la exigencia a los presos que quieran acceder al tercer grado. La ley exige tanto colaborar con la Justicia como pedir perdón a las víctimas para alcanzar la semilibertad. Ahora, los jueces de la Audiencia Nacional exigen a los terroristas que en sus escritos se pronuncien expresamente por sus acciones terroristas y sus víctimas propias. Es decir, el perdón debe ser individual, concreto y no genérico.

Un cambio en este apartado de la Fiscalía supondría la segunda alteración relevante en lo que tiene que ver con los presos etarras tras la salida rumbo al Tribunal Constitucional de la ya expresidenta de la Sección Primera, Concepción Espejel. Esta magistrada también se había mostrado contundente como ponente en sus autos, pero el PP decidió que fuese una de sus dos apuestas para renovar el máximo órgano constitucional. Por motivos diametralmente opuestos, tanto las víctimas del terrorismo como el mundo proetarra asisten con inquietud a este movimiento clave en la Fiscalía.