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El Supremo admite reclamaciones al Gobierno por los cierres covid de 300 M
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El Ejecutivo evitó responder

El Supremo admite reclamaciones al Gobierno por los cierres covid de 300 M

Los empresario piden indemnizaciones por valor de 300 millones para compensar los daños sufridos por sus negocios

Foto: Pedro Sánchez. (EFE/Andreu Dalmau)
Pedro Sánchez. (EFE/Andreu Dalmau)

El Tribunal Supremo ha admitido a trámite reclamaciones al Gobierno por valor de 300 millones a causa de los cierres de empresas decretados durante la pandemia, según han explicado fuentes de los demandantes, englobados en la denominada Plataforma de Empresarios Afectados por el cierre de negocios durante la pandemia (PEACovid-19). El alto tribunal ha admitido a trámite estas peticiones después de seis meses de silencio administrativo por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Estos empresarios piden indemnizaciones por valor de 300 millones para compensar los daños sufridos por sus negocios.

PEACovid-19 presentó la primera de sus demandas el 22 de diciembre del año pasado. Transcurrido el preceptivo plazo para que el Gobierno español diera algún tipo de respuesta, se ha decretado el silencio administrativo y el Tribunal Supremo ha admitido a trámite la petición de los empresarios. En la diligencia de ordenación se dan 20 días a la Abogacía del Estado para contestar la demanda. Se trata de una admisión a trámite. De modo que ahora el Supremo ha de ver cómo valora esta reclamación.

Foto: El presidente del PP, Pablo Casado. (EFE Javier Cebollada)

Estas indemnizaciones se han reclamado al Ejecutivo de Pedro Sánchez durante el último año y medio. “Una vez admitida a trámite, esperamos ya la resolución que nos permita recuperar todos los gastos sufridos y los beneficios no obtenidos”, asegura Javier Candela, portavoz de PEACovid-19. Candela culpa de esta situación de conflicto legal a la “nefasta gestión que afectó al tejido empresarial con cierres, restricciones y confinamientos ilegales”.

“Una vez admitida a trámite, esperamos ya la resolución que nos permita recuperar todos los gastos sufridos y los beneficios no obtenidos”

La base jurídica de la demanda presentada, a la que se han ido sumando negocios, entidades, representantes y organizaciones de comercios de toda España, cree que los errores de la gestión de la pandemia han sido numerosos, ya que se ha actuado con incoherencia. PEACovid-19 en todo momento ha querido proteger los derechos fundamentales del sector empresarial, denunciando las medidas contradictorias y perjudiciales que se han tomado contra tantísimos negocios. Los reclamantes consideran que, en lugar de pactar o exigir medidas de seguridad, el Gobierno les ha obligado a cerrar, con las consiguientes pérdidas provocadas por la falta de actividad.

Cines, gimnasios y discotecas

Establecimientos de ocio y hostelería de numerosas provincias se han ido sumando a la macrodemanda registrada en diciembre. Es el caso de los hoteles Rallye o Alábriga (Girona), las emblemáticas L’Ovella Negra y Pachá Barcelona de la capital catalana, La3, en Valencia, BusBarVic y Venice Club, también en la provincia de Barcelona, Lo cafè del port (Tarragona), el restaurante de sushi One y los cines Albéniz (Girona), La penya (Benidorm) o Mariano (Teruel).

A la plataforma también se sumaron desde los inicios de la pandemia entidades que representan a miles de negocios, como Spain Nightlife, Fecasarm (Cataluña), SON (Somos Ocio Nocturno), la FEHV de Valencia o la Asociación de Restaurantes y Ocio Nocturno de Salou (Arons). Otros de los negocios representados por PEACovid-19 son informáticos, gimnasios, cines, bares, peluquerías, distribuidores, taxis, escuelas de baile, talleres mecánicos y otros.

El Tribunal Supremo ha admitido a trámite reclamaciones al Gobierno por valor de 300 millones a causa de los cierres de empresas decretados durante la pandemia, según han explicado fuentes de los demandantes, englobados en la denominada Plataforma de Empresarios Afectados por el cierre de negocios durante la pandemia (PEACovid-19). El alto tribunal ha admitido a trámite estas peticiones después de seis meses de silencio administrativo por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Estos empresarios piden indemnizaciones por valor de 300 millones para compensar los daños sufridos por sus negocios.

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